Aunque el decreto presidencial para regular la fertilización in vitro (FIV) ya se encuentra terminado con solamente algunas valoraciones de contenido, el Ejecutivo sigue haciendo valoraciones de oportunidad sobre su publicación.
De firmarse este documento, Costa Rica podría finalmente cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó contra el país en diciembre de 2012, ordenándole que habilitara la técnica de reproducción asistida.
“Es un documento que me reservo, pero que le puedo asegurar que existe y, para los efectos de un documento de esta naturaleza, terminado. Ahora la discusión tiene que ver con unos temas de contenido y con unas valoraciones sobre oportunidad”, explicó el presidente Luis Guillermo Solís en conferencia de prensa el pasado 18 de agosto.
El equipo presidencial ha trabajado el borrador del decreto en un círculo cerrado de colaboradores de Casa Presidencial, dejando por fuera autoridades del sector como el propio ministro de Salud, Fernando Llorca.
“El documento (del borrador) sí está, es de uso absolutamente restrictivo, no lo conoce nadie más que la asesoría legal. En el momento que esté listo para tomar una decisión haré las consultas del caso”, explicó el mandatario.
La Corte IDH convocó al país a una audiencia de cumplimiento el 3 de setiembre a las 3 p.m. Esta audiencia es un mecanismo legal del Sistema Interamericano de Justicia para medir el avance de un país tras una sentencia. A diferencia de la mayoría de los casos, la corte optó por hacer esta audiencia pública.
En diciembre del 2012, la Corte condenó a Costa Rica por violar los derechos a la vida privada, los derechos reproductivos y los derechos a la integridad personal de 18 ciudadanos que presentaron una demanda en el 2001, luego de que la Sala Constitucional prohibiera la técnica un año antes.
“El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo”, dictó en su momento la Corte.
¿Qué opciones le quedaron al país tras la sentencia? La salida que tomó más fuerza fue aprobar una Ley en la Asamblea Legislativa que regulara la práctica, para lo cual se plantearon varios proyectos de Ley con ese propósito. Actualmente, hay varios expedientes activos en el Plenario, aunque todos están con centenares de mociones.
Ante el estancamiento legislativo y con apenas unos meses antes de la audiencia, el Ejecutivo empezó a moverse para regular la actividad mediante un decreto presidencial, puesto que la sentencia de la Corte no obliga a que sea un proceso legislativo.
“Estamos asesorando al señor presidente para que tome una decisión apegada completamente a derecho y que nos permita cumplir con la sentencia de la Corte IDH como corresponde a un país de derecho y respetuoso del tema como es Costa Rica”, explicó el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
El funcionario explicó que están analizando todos los escenarios para lograr una solución que sea eficaz, acorde con la Constitución y que les permita cumplir con la sentencia.
Congreso
El tema llegó a manos del Ejecutivo en una coyuntura complicada. La derogatoria del decreto seguramente levantará chispas entre los diputados conservadores del bloque cristiano; la agenda legislativa antes del 3 de setiembre es clave: agosto es mes de sesiones extraordinarias –donde el Ejecutivo plantea la agenda– y el 1 de setiembre debe presentarse el Presupuesto Nacional.
Entretanto, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea sigue tramitando uno de los proyectos. Según explicó el presidente de este foro, el liberacionista Ronny Monge, están lidiando con cerca de 500 mociones presentadas en su mayoría por diputados cristianos.
La semana anterior avanzamos casi 100, estamos viendo cómo logramos avanzar a pesar de la oposición de los grupos cristianos”, explicó Monge.
Según el liberacionista, si la Comisión mantiene el ritmo actual podrán agotar todas las mociones entre mediados y finales de setiembre y podrán así avanzar hacia el Plenario. Tener lista la ley antes del 3 de setiembre, fecha de la audiencia ante la Corte IDH, le parece “casi imposible, a menos que los grupos cristianos cambien de opinión”.
Además, al presidente de la comisión le parece que regular la práctica por derecho sería un error.
“Me parece improcedente, parece que hay una resolución de principios 2003 que indica que es reserva legal. Estamos todavía buscando para tener certeza”, apuntó el diputado.
Prestigio Nacional
El cumplimiento de la sentencia es un tema particularmente sensible para Costa Rica, porque siempre ha sido un país promotor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, tal vez más crucialmente, porque al no tener ejército es un país que se apoya en el sistema internacional de justicia para defender sus intereses.
“Una acción interna que implica desacatar una sentencia de la Corte es muy mal visto a nivel internacional y es una incoherencia absoluta”, explicó Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que lleva otros casos ante la Corte regional.
La especialista se mostró preocupada de que este caso erosionara la credibilidad internacional del país como garante de los derechos humanos y sobre la misma idea de que los conflictos pueden dirimirse en instancias judiciales internacionales.
“Si Costa Rica en otros foros dice que vela por los Derechos Humanos o que quiere que sea el derecho internacional el que lo respalde pero internamente se niega a cumplir con el derecho internacional, es una posición de incoherencia que implica una debilidad a la hora de sostener el discurso”, apuntó Aguiluz.
Desde afuera, la comunidad internacional y la propia Corte ve el incumplimiento del país como una posición nacional, no como un asunto partidario o de un grupo de legisladores. Sin embargo, la propia dinámica interna del país hace complicado tener un panorama claro.
“Hay mensajes contradictorios. Por una parte un mensaje del Poder Ejecutivo muy fuerte y muy contundente de que va a cumplir, y el Presidente ha anunciado que lo regulará por decreto; pero, por otra parte, el mensaje en el Congreso es absolutamente contrario”, explicó Aguiluz.
En su reciente visita al país, la relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson, señaló que la integridad y la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humano depende del cumplimiento de los países.
“Esto no sólo es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, sino que es un principio básico del derecho internacional: que todos los tratados celebrados por un Estado son vinculantes para el Estado y deben ser realizados por el Estado, de buena fe”, expresó Robinson.
En el pasado, el país ha ratificado casi todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos y tomó medidas internas para garantizar el cumplimiento de la sentencia anterior que tuvo el país en su contra, como el caso del periodista Mauricio Herrera.
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