Luis Fernando Solado Carrera: El balance de la Sala Constitucional en estos 15 años es muy positivo.
La Sala IV no recibió presiones de reconocidos personajes políticos cuando analizaron el tema de la reelección presidencial, aseguró de manera tajante el presidente y magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Solano Carrera, quien durante hora y media atendió en la sede de este órgano judicial a periodistas de este Semanario.
El jurista respondió además preguntas sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la pérdida de credibilidad hacia los tribunales en la encuestas de opinión pública, la eficiencia de dicha Sala para emitir resoluciones, y la forma de elegir magistrados.
Solano Carrera -presidente de la Sala Constitucional desde el 2001-, también hizo un balance acerca de la existencia de esta instancia judicial, la cual cumple 15 de vida el próximo 27 de setiembre.
En la entrevista participaron Laura Martínez, Ana Incer, Fabiola Pomareda, Eduardo Bolaños, y Eduardo Ramírez, quien procesó esta información. El magistrado Solano Carrera estuvo acompañado por Sandra Castro Mora, periodista del Poder Judicial.
A continuación se ofrece un resumen de lo expresado por el Presidente la Sala Constitucional:
Al cumplirse 15 años de existencia de la Sala Constitucional, ¿cuál es el balance que usted hace de la labor desarrollada?
-Definitivamente es positivo. En general, salvo criterios muy personales de quienes no han tenido éxito en algún tipo de acción que hayan promovido, lo que uno escucha es que el balance institucional es altísimamente positivo. Desde el punto de vista cualitativo, la democracia costarricense ganó enormemente con la creación de la Sala IV. El ser tan exitosa la colocado en una situación de riesgo y es lo que ahora nos preocupa: ¿cómo reestructurarla, como reorganizar la jurisdicción constitucional?, para que no sea solo un tribunal que asuma esa enorme responsabilidad, sino poderla compartir con otros órganos que hagan tareas que en este momento son de la Sala exclusivamente. Por eso se ha pensado en tribunales de garantías, de amparo, de hábeas corpus.
¿Cree usted que en ese balance la Sala IV logró cumplir el cometido de que los y las ciudadanas puedan tener una respuesta más rápida por parte de la justicia?
-Sin duda. Una de las omisiones que existe, a pesar de que la Sala Constitucional significa muchísimo como avance para el acceso a la justicia, es que no exista amparo contra resoluciones jurisdiccionales. En muchos países esto es perfectamente legítimo y pan de todos los días. Un tribunal constitucional puede revisar por violación al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, lo resuelto por tribunales ordinarios. Aun así, la Sala ha estado muy atenta al tema de la lentitud de los procesos; cuando hay quejas en este sentido, se pide un informe a las instancias respectivas y se le insta a resolver cuanto antes. Inclusive esta Sala tiene varias condenatorias por no resolver a tiempo.
En estos 15 años ¿cree que la Sala IV terminó resolviendo casos que corresponden a tribunales ordinarios?
-Sí, aunque sobre todo al principio. Por eso algunos dicen que la Sala ya no tiene el vigor inicial. Esto es lógico, porque la Sala -con 116.000 sentencias que ha dictado al cabo de 15 años- se han pronunciado desde todos los ámbitos del derecho y no hay materia que no haya sido analizada por ella. Al principio, la Sala se constituyó en un desahogo para la gente que sentía que los tribunales ordinarios no eran una respuesta para ellos. Con el tiempo nos hemos ido encargado de delimitar el campo de acción y por eso ahora se rechaza en puertas un 40% de los casos que llegan. En otros países, como España, esta cifra ronda el 95%.
Ese ejercicio democrático de dar acceso a los ciudadanos a la Sala Constitucional ¿podría ser la causa principal por la que se produce una saturación de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad?
-Sí y por eso tenemos que votar tres veces por semana para resolver tanta demanda por justicia y aun así nos falta tiempo. Una solución a este problema sería compartir la tarea con otros tribunales inferiores que se dediquen a hábeas corpus y amparos.
¿Hace falta una Sala Quinta, para ponerle orden a la Sala Constitucional?
-Siempre un tribunal constitucional es un órgano de cúspide, el máximo, y por lo tanto, lo que diga -para bien o para mal- es la última palabra desde el punto de vista de su competencia. Incluso está previsto en la ley de jurisdicción constitucional que los pronunciamientos de la Sala no admiten revisión. Pero, la Sala -de oficio- en muchas ocasiones puede revisar sus decisiones.
Algunos abogados y juristas afirman que durante su gestión ha habido una tendencia a rechazar ad portas acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, mientras que anteriormente se percibía más abierta a recibirlos. ¿Cuál es su valoración sobre estas opiniones?
-Pienso que esta tendencia se mantiene estable. Por ahí leí que un jurista aseguró que aquí se rechazaba más del 90%. Nosotros somos muy flexibles, aunque el sistema es un poco perverso, pues esa amplitud con que fue diseñada la Sala Constitucional atenta contra esta y contra muchas cosas.
También hay críticas sobre el hecho de que algunos votos de la Sala IV son contradictorios, al fallar en un momento en determinado sentido y después cambiar la decisión. ¿Qué explicación tiene esto?
-Eso lo he admitido públicamente. Es tal el volumen de trabajo, que sí hemos detectado en algunos casos contradicciones en lo que la Sala resuelve. Es más, en muchas ocasiones lo hacemos de oficio y hemos anulado lo resuelto. Esto lo hemos hecho -proteste quien proteste- cuando declaramos sin lugar algún asunto y después encontramos un caso similar que fue declarado con lugar. Al revés no.
Una encuesta reciente de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica mostró que del 2003 al 2004 se redujo del 53.4% al 48.6% la confianza en la justicia. ¿Considera peligrosa esta pérdida de credibilidad en la población hacia el sistema de justicia?
-Estas fluctuaciones se dan dentro de un rango que históricamente se puede comprobar que es el espacio natural en que se ha movido la justicia. En el caso nuestro, estamos bien atentos que opere en condiciones de calidad, oportunidad eficiencia, y se pueden mencionar acciones que pueden acreditar la preocupación del Poder Judicial por mejorar el funcionamiento interno, y no para mejorar la imagen, sino el quehacer, porque sabemos que esto repercute en un mejor aprecio y calificación pública. Estamos tratando de convertir en ley un estatuto de la justicia, en el que se contemplan no solo los derechos de los jueces, sino también los de los usuarios.
Diversos sectores han afirmado que la Sala IV ha cogobernado en el país. ¿Comparte usted este criterio?
-Lo que sí hay que tener claro es que las competencias que por Constitución y por ley de jurisdicción constitucional se le otorgaron a la Sala son muy amplias; son competencias que he llamado reforzadas y que en muchos casos exceden los parámetros internacionales. Si uno revisa otros tribunales constitucionales en el mundo, estos no tienen tantas competencias como la Sala IV. La Sala ha ejercido las competencias que le otorga la ley. Algunos consideran que invade otras áreas cuando, por ejemplo, le dice a la Asamblea Legislativa cómo debe votar un proyecto. Pero, cuando se le consulta es su deber hacerlo, si detecta que se violó alguna normativa o procedimiento. Muchas de las críticas al respecto creo que son producto de una mala apreciación de las competencias de la Sala, aunque sí pienso que algunas de las competencias podrían ser atenuadas. Por ejemplo, para que la Sala no quede involucrada en discusiones de tipo político, a las consultas legislativas sobre constitucionalidad podrían exigírseles un mínimo más alto de diputados consultantes, y así no sea una simple minoría: 10 de 57.
También hay grupos que critican que los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Óscar Arias tienen una alta influencia sobre las decisiones que toma la Sala IV. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
-La rechazo totalmente. Esta es alguna de las cosas que uno quisiera salir a desmentir. Desde mi punto de vista, ni él, ni el otro, ni el de más allá -afortunadamente-, ni han ejercido presión, ni tienen por qué hacerlo. Aquí, por supuesto, en ocasiones recibimos presiones hasta por cartas. Pero, presiones específicas de estos dos personajes de la política, yo lo rechazo.
La última resolución de la Sala IV sobre reelección presidencial es para algunos una muestra del grado de influencia de ambas figuras políticas sobre este tribunal. ¿Qué dice al respecto?
-La gente lo menciona. Habría que leer la sentencia. En conversaciones con abogados me han comentado que después de leer la sentencia han cambiado de opinión respecto a la Sala. Pareciera que hay un cambio de percepción hacia la Sala, ya sea positiva si la gente estaba a favor de la reelección, o negativa si se oponían. Las decisiones de la Sala parten de criterios jurídicas. Lo que pasa es que la gente los analiza desde una óptica subjetiva.
¿Comparte usted la forma en que se eligen los magistrados, sobre todo en el contexto político actual?
-No tengo reparos contra este diseño constitucional. Quienes se han dedicado a analizar los sistemas de elección de magistrados dicen que cada uno tiene su particularidad. Muy recientemente se estandarizó para todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el criterio que estaba previsto para elegir a los magistrados de la Sala Constitucional, que es la votación calificada y que en principio parece bien, pues se requiere de consenso sobre las cualidades e idoneidad de los aspirantes. ¿Y por qué elige la Asamblea Legislativa? Bueno, porque es un órgano legislativo, donde confluyen diferentes sectores y visiones ideológicas, está representado todo el país. Los diputados están obligados a elegir siempre a los mejores y esto debe mantenerse.
En estas designaciones históricamente se ha dado una alternabilidad, aunque siempre dándole una mayor preponderancia a la trayectoria y calidad del aspirante. Ahora más bien existe un mayor interés por escoger personas comprometidas con los intereses políticos de los dos partidos mayoritarios. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
-Hay coyunturas especiales, como esta en la que está de por medio el TLC, la reforma fiscal y una serie de cosas que -sumadas todas- han vuelto más sensible esta tema, y entonces se oye en la Asamblea Legislativa que es muy importante que el próximo magistrado sea de tal o cual orientación ideológica -y ya no hablemos de político-, porque es necesario introducir un proyecto.
¿Cómo se preparan los magistrados ante la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio vaya a consulta de la Sala Constitucional?
-Lo que hemos conversado es que como tenemos un mes para resolver, y si es que lo discute y aprueba en primer debate la Asamblea Legislativa en lo que resta del año, deberíamos prepararnos especialmente ante el volumen del proyecto, con una oficina dedicada a manejar esa información y con un equipo de trabajo. Pero, todavía no hemos tomado una decisión al respecto, pues esta consulta todavía no es inminente.
El diputado Federico Malavassi dijo que existe la posibilidad de que los diputados envíen a la Sala Constitucional un documento sin ser bien debatido, dejándole la responsabilidad a ustedes de analizarlo a profundidad. ¿Qué piensa de esto?
-No escuché eso, pero si él lo dijo es porque sabe que como se trataría de una consulta preceptiva, la Sala tendría que analizarlo en forma global. Los diputados podrían hacer planteamientos específicos.
¿Han recibido los magistrados de la Sala Constitucional capacitación por parte de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior sobre el TLC?
-No y si nos la ofrecieran la rechazaríamos. Aún no hemos definido cómo afrontaríamos la responsabilidad de analizar el TLC. Habrá que esperar el momento para saber cuál será la estrategia. Lo que sí no creo que se haga es recibir aquí ocho o diez expertos en diferentes campos, para que hablen una o dos horas.
¿Ha adelantado alguna discusión la Sala IV en torno a cuántos votos se requieren para aprobar el TLC?
-La Sala no puede pronunciarse preventivamente o anticipadamente, porque la única forma en que puede intervenir en el procedimiento legislativo de cualquier proyecto de ley, es a través de la consulta una vez aprobado en primer debate o por una acción de inconstitucionalidad una vez que se haya aprobado algún proyecto.
Las resoluciones más sonadas
FABIOLA POMAREDA G.
Desde que fue creada en 1989, la Sala Constitucional se ha echado sobre sus espaldas casos muy polémicos que luego ha resuelto con la mayor objetividad posible. Muchas veces el órgano ha emitido sentencias que han conmovido a la opinión pública y
hasta la han dividido.
Después de una consulta hecha al jurista y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ), Jorge Enrique Romero, sobre los casos más famosos que ha resuelto la Sala IV, seguida de una revisión propia, se exponen aquí algunas de estas resoluciones.
* Millicom
26 octubre, 1993. La Sala Constitucional declaró ilegal la explotación privada de esa actividad y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desconectó la medianoche del 9 de mayo de 1995 los equipos de la compañía de telefonía celular Millicom de Costa Rica. En ese entonces Teófilo de la Torre era presidente ejecutivo del ICE.
*Colegiatura obligatoria
1995. Se anuló la colegiatura obligatoria al Colegio de Periodistas, como un requisito indispensable para ejercer la profesión, pues se señaló que en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
*Tratamiento enfermos de SIDA
26 setiembre 1997. La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado mediante el abogado Marco Castillo Rojas, para que las personas portadoras del sida, soliciten en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un costoso medicamento.
*Fecundación in vitro
15 marzo 2000. La Sala IV declaró que la práctica de la fecundación in vitro es inconstitucional porque viola la vida humana. La resolución se produjo ante una acción de inconstitucionalidad del abogado Hermes Navarro del Valle -miembro de una comisión asesora de la Conferencia Episcopal- contra un decreto ejecutivo de marzo de 1995 que autorizó esta técnica de reproducción asistida, aunque solo entre cónyuges con problemas para concebir.
*Reelección presidencial
4 abril 2003. La Sala IV anuló una reforma a la Constitución hecha en 1969 que prohibía la reelección. Los defensores de la reelección aseguraban que la prohibición era discriminatoria y violaba la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el 5 de septiembre del 2000, la Sala había declarado sin lugar dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la misma norma.
Otros casos relevantes que debió resolver la Sala Constitucional fueron : Principios del debido proceso constitucional (Nº 1739-92); Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Nº 3003-92), Pensiones alimentarias y bono escolar (Nº 2000-01166); Recurso de amparo contra la propia Sala, por denegatoria de justicia pronta y cumplida (Nº 2000-09998); y Obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad por los automovilistas (N° 2004-01603).
