La Unión de Empleados de la Caja del Seguro Social (UNDECA) insiste en su pedido a la Contraloría General de la República (CGR) y la Junta Directiva de la Caja para que se investigue a los posibles funcionarios responsables de una amnistía de pagos que se habría aplicado el año pasado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a patronos, con pérdidas “incalculables” para la institución y una afectación directa a los trabajadores, que habrían perdido un año de cotización para sus pensiones.

La directora de inspecciones, Odilie Arias, negó que hubiera aplicado el perdón, y afirmó que lo que hubo fue un mal uso de la palabra amnistía en un oficio administrativo.

Pero UNDECA sostiene que se perdonó a patronos que tenían planillas adicionales generadas por el Programa Estratégico de Cobertura de Inspecciones (PRECIN) en visitas efectuadas en diferentes partes del país.

La organización basó su denuncia en la circular DI-1713-12-210, en la cual se dice que “se acuerda establecer una amnistía de diciembre del 2010 hasta junio del 2011, período en el cual el área de Control Contributivo no trasladaría a la gestión ordinaria casos de planillas adicionales, salvo aquellos casos que se consideren estratégicos para la generación”.

Según Carlos Báez, secretario de conflictos de UNDECA, Arias, sin consultar a la Junta Directiva ni a la Gerencia Financiera de la CCSS, aplicó la amnistía e incluso el pasado 11 de enero, en una reunión con el gerente administrativo Iván Guardia, reconoció que fue un error adoptar la medida en momentos en que la Caja está en crisis. Por eso UNDECA pidió una investigación y la separación de la funcionaria.

En declaraciones a la prensa, Arias afirmó que en reiteradas ocasiones se le informó a la dirigencia de UNDECA que la utilización de la palabra amnistía fue un error. Insistió que la CCSS no perdió dinero alguno, pues no perdonó deudas a ningún patrono, y lo que se pidió a PRECIN fue dar prioridad a los casos más significativos.

Lo que se dio fue una utilización inadecuada de un término para describir un proceso administrativo que consiste en dar prioridad de trámite, durante un año, a casos seleccionados por inspectores del PRECIN, argumentó la funcionaria.

Sin embargo para Báez, no es lo que Arias diga, sino lo que está escrito, y la circular es clara en cuanto a que se declara la amnistía y que no se tramite planillas adicionales. Y a la fecha no se conoce nota alguna que diga lo contrario dejando sin efecto o aclarando el término en las disposiciones que salieron, dijo el representante sindical, el jueves pasado.

UNDECA pidió a la CGR que proceda según su campo de acción y a la junta directiva de la CCSS que inicie una investigación preliminar, y eventualmente un debido proceso para llegar a la verdad real de los hechos y sentar las responsabilidades, porque se está hablando de una pérdida patrimonial incalculable para institución, sostuvo Báez.

Para afirmar que hubo amnistía estamos aportando prueba testimonial de inspectores que tenían que hacer esa función, la cual no se hizo por la directriz que se dio, añadió.

Mientras tanto, Roberto Mora, ciudadano que ha ganado un reconocimiento público por su labor de denuncia de patronos con millonarias deudas con la Caja, señaló como inadmisible que Datascension INC S.A., empresa de call centers que funciona en el Mall San Pedro, le esté debiendo a la CCSS ¢1.263.645.765.00 (mil doscientos sesenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco colones). En su criterio esa es una muestra más de la inoperancia de la Dirección de Inspecciones, la Dirección de Cobros y la Gerencia Financiera de la CCSS.

Mora dijo que en este caso hay algo extraño, porque según documentos en su poder la empresa llegó a un arreglo de pago pero lo incumplió, por lo que la junta directiva de la CCSS tenía que actuar inmediatamente pero no lo hizo. Ante lo cual está preparando la documentación para enviarla al Ministerio Público.

En una nota dirigida a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, indicó que antes de acudir al Ministerio Público para denunciar a los culpables de este desastre, exige que se actúe a la mayor brevedad posible y, por lo menos, en primera instancia, se aplique el artículo 48 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Ya es hora de que la presidenta ejecutiva como la junta directiva apliquen mano dura contra los malos trabajadores de la institución que tienen la obligación de cobrar, incluido el cuerpo de inspectores que tiene investidura de autoridad para ello, anotó Mora; tras recordar que la deuda del sector privado con la Caja llega a ¢160.000.000 millones.

INTERESES

En otro requerimiento, Mora le pidió a la presidenta ejecutiva de la Caja informar si se hizo una investigación y cuáles fueron los resultados de esta, así como los montos que la Caja dejó de recaudar entre enero y mayo del 2010, cuando no se incluyeron los intereses en los cobros hechos a los patronos, debido supuestamente a un error en un programa informático del sistema de inspección y de cobros.

En particular, preguntó por el cobro de ¢13.369.908 que la Caja le hizo a Ópticas Visión, sin haber incluido un centavo de intereses, caso que denunció desde el mes de marzo pasado.

La falta de cobro de intereses se debió, supuestamente, al fallo de un programa informático, según las autoridades de la Caja; “pero dejémonos de cosas, un programa lo tiene que configurar alguna persona y puede haber mano peluda”, dijo Mora.  

También le pidió al director de cobros, Luis Diego Calderón, informar sobre el control del trabajo que realizan los abogados externos que contrata la CCSS, pues hay informes de que la mayoría de los procesos de cobro que dichos profesionales llevan ante los tribunales son abandonados y no terminan en nada.

Según estudio que se llevó a cabo de 50 juicios ejecutivos, el 80% de ellos se encuentra en total abandono por parte de dichos abogados, sin embargos, sin notificar a las partes y prescritos.

Plantones ante los morosos

Desde fines del año pasado un grupo de personas realizan “plantones” (piquetes) frente a empresas que más deudas acumulan con la Caja y se niegan a pagar. Ya lo hicieron frente al Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles en Desamparados; Café Dorado en Calle Blancos; Funeraria Montesacro en San Pedro, y Cosca Rican Cocoa en Zapote.

De acuerdo con los estudios registrales de Mora, el Colegio Sagrada Reina de los Ángeles adeuda unos ¢100 millones, Montesacro más de ¢500 millones, Costa Rican Cocoa ¢600 y Café Dorado ¢287 millones. Serían sumas que se establecen por responsabilidad solidaria, al sumar los adeudos de empresas vinculadas cuyos dueños las declaran inactivas y no pagan, pero continúan funcionando con otro nombre.

Mora dijo que antes del plantón en Montesacro (de Parques de Costa Rica) el dueño, Ramón Aguilar, lo llamó para decirle que había pagado ¢50 millones, y durante la protesta la administradora salió a decir que no deben nada.

En el caso de Café Dorado la gerencia le afirmó que en un estudio que se hizo se demostró que la empresa no tiene responsabilidad solidaria y que está al día; por lo que él pidió a la presidenta de la Caja que le envíe los documentos donde se diga que no hay tal responsabilidad solidaria de Tostadora El Dorado S.A. con Corporación Cafetalera La Meseta, Cafetalera Industrial La Meseta, Tostadora La Meseta, sociedades declaradas inactivas, en cuyas directivas estuvieron “vacas sagradas” de la política nacional y dejaron cuentas pendientes con la Caja.

En el caso de Costa Rican Cocoa dijo que él lleva años denunciando deudas de la empresa que perteneció a la familia del exministro de Comercio Exterior y actual embajador en China, Marco Vinicio Ruiz, y que no cancelaron cuando la vendieron, y se suma a lo adeudado por bananeras y otras empresas inactivas de los mismos propietarios.

Entre los principales deudores de la Caja continúa figurando la embajada de EE.UU, con un total de ¢187.624.298.00, señaló Mora, por lo que en carta abierta instó a la Presidenta Laura Chinchilla que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione el cobro ante dicha sede diplomática. 

En octubre del 2010 la embajada norteamericana había cancelado una deuda con la Caja que arrastraba por ¢730.205.761, luego de una acción conjunta con exdiputados de diversos partidos.