El proyecto de la Ley General de Electricidad enviado por el Poder Ejecutivo establecería un mercado mayorista a favor de empresas privadas.
El último proyecto de la Ley General de Electricidad, que implica la apertura del mercado eléctrico y la llegada de competencia para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es objeto de críticas por parte de expertos en el área, ya que a pesar de ser menos extremo que las dos propuestas antes impulsadas, implica desbancar al organismo y colocarlo en el mismo nivel que las demás compañías.
La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 10 de agosto, al ser periodo de sesiones extraordinarias.
El ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre, afirmó ese día que este proyecto de ley busca resolver los problemas energéticos del país a largo plazo, debido a la amenaza del fin del petróleo como fuente de producción de energía.
Aseguró que se mantienen las capacidades al sector público que produce, transmite y distribuye electricidad actualmente, a través del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, empresas municipales y cooperativas rurales.
Asimismo, surge el concepto de “mercado eléctrico mayorista”, que establece que la participación privada en la generación de electricidad se llevaría a cabo por diferentes empresas de capital local e internacional, en competencia entre sí, para contar con un modelo mixto con participación pública y privada.
Todas las compañías tendrán capacidad de importar y exportar energía. También mencionó la posibilidad de entablar alianzas estratégicas con empresas estatales de Noruega y Brasil.
De la Torre subrayó que los proyectos anteriores colocaban al ICE como un actor más dentro del mercado, pero con la iniciativa convocada por el Gobierno, estaría separado. “Sigue brindando su servicio de generación igual que como lo viene haciendo hasta ahora, con tarifas reguladas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), pero en forma paralela hay un mercado en competencia donde entran los demás actores que producen y venden energía a las empresas distribuidoras, incluida la del ICE”, explicó.
Sin embargo, pese a las declaraciones del ministro, expertos en el campo de la electricidad aseveran que el proyecto de ley implica concederles gran parte del mercado y poder a las empresas privadas. Esta situación combinada con la inminente apertura en telecomunicaciones, provocaría que el ICE se viera afectado, perdiera su capital e incluso generaría una eventual desaparición.
El proyecto se encuentra en la corriente legislativa y es analizado por una comisión especial.
PROYECTO DISTINTO, MISMOS RESULTADOS
Elías Lizano, economista y contador público, manifestó que el nuevo proyecto convocado por el Gobierno se dirige en la misma dirección de los anteriores, pero con “ciertos disimulos”.
Lizano, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Programas de Planificación Eléctrica del ICE, comentó que desde la llegada de Roberto Dobles como jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) se ha presentado una política de orientar la explotación hacia el sector privado.
En 1996, cuando Dobles fungía como presidente ejecutivo del ICE, impulsó la primera iniciativa para abrir el mercado eléctrico.
“En 60 años, el ICE tiene un modelo de operación que le permite asumir la producción de toda la demanda del país. Entre más personas se sumen a los clientes de la empresa, el costo se hace más bajo y las personas tienen más acceso al servicio, por eso hay un 99% de cobertura”, indicó el también experto en administración de proyectos.
Criticó que se colocaría a la institución pública como un operador más, mientras que los generadores privados aprovecharían los recursos renovables como el agua para poder vender y tratar de satisfacer la demanda centroamericana.
“El ICE va a quedar como un cascarón, al quitarle el espectro de telecomunicaciones y la parte gruesa de clientes de energía, no va a tener estructura de ventas, personal, ni ingresos. Esa es la verdadera intención de parte de una tesis liberal clásica que ha venido afincándose en Costa Rica desde hace cerca de 20 años. La orientación ideológica, política y económica es exactamente la misma, y emana del Partido Liberación Nacional”, expresó.
Reconoció que en la institución ha habido una gestión interna muy mala que mina su patrimonio, a falta de una persona que comprenda el manejo de la industria eléctrica y sus métodos de control y administración. “Que sea un profesional y no un político”, destacó.
Agregó que en telecomunicaciones perderá entre 52% y 66% de la venta en telefonía, y en eléctrica las cifras serían similares. De acuerdo con proyecciones propias, Lizano explicó que para el 2021, la empresa privada tendría una generación de 73%, quedándole al ICE poco más de la cuarta parte.
En cuanto al campo social, consideró que habría una exclusión “exageradamente grande”. Citó el ejemplo de Nicaragua y Guatemala, que suman más de 8 millones de habitantes sin acceso a energía eléctrica, con tres grandes empresas que tienen el monopolio de generación y distribución.
Por su parte, el exregulador general de la República Leonel Fonseca resaltó que el Gobierno convoca una iniciativa un poco menos privatizadora, luego de otros proyectos que iban en detrimento del sector estatal.
No obstante, opinó que es ilógico “descomponer” lo que funciona bien, al contar con cobertura casi total, energía de alta calidad y precios bajos.
“El ICE ha sido históricamente exitoso, ¿por qué cambiar eso? No hay apagones desde el 2003, producto de falla de dos motores. Fuera de eso, en más de 25 años no ha habido apagones”.
En el istmo, enfatizó que los casos más críticos son Nicaragua, Guatemala y Panamá, y se le unen Chile, Perú, Ecuador y Argentina, todos con un sistema eléctrico de libre mercado. En contraste, los ejemplos más positivos son Colombia y Costa Rica.
Añadió que hay otras alternativas en lugar de abrir el mercado, como el financiamiento, fideicomiso y solicitud de préstamos a bancos internacionales, e incluso la participación del sector privado nacional, pero no de la forma que se pretende.
Clemente Centeno, representante de cooperativas:
“Quieren abrir mercado pero a la vez lo restringen”
El director del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L. (Coneléctricas R.L) y presidente de Coopelesca R.L. Clemente Centeno, explicó que la propuesta del Gobierno transformaría el modelo energético del país, que ha permitido dar cobertura eléctrica a las zonas rurales más distantes.
“El Gobierno quiere cambiarlo, posiblemente por presión de sectores económicamente más poderosos, que han visto en el recurso electricidad una fuente importante para acrecentar su riqueza”.
Comentó que el sector cooperativo se ha abocado por cubrir esas regiones que carecían de este recurso, pero que de aprobarse este proyecto, tarde o temprano las personas más necesitadas tendrían un incremento en los precios.
“La extensión de líneas a quienes no tienen energía se ha hecho a base de solidarismo y rentabilidad. Es necesaria porque hay comunidades, casas y centros educativos que apenas están teniendo el servicio eléctrico y comunidades transfronterizas que aún no lo tienen”.
Centeno criticó que el proyecto beneficia a los grandes consumidores, pero deja vulnerables a sectores populares y marginales que apenas tienen acceso a energía, lo que propiciaría un bajo desarrollo económico para los sectores que subsisten a base de actividades que necesitan energía eléctrica. Esto generaría una mayor polarización entre zonas rurales y urbanas y ricos y pobres.
Las cooperativas presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley alternativo en el que el modelo se mantiene, así como la capacidad rectora del ICE.
“Es importante que la inversión privada también entre, pero regulada y planificada, no a la libre como se procura. No nos oponemos a su participación, pero que sea ordenada, que exista un mercado paralelo”.
Objetó que se habla de libertad de mercado, pero según lo planteado, se impide a las cooperativas entrar en el mercado mayorista, a pesar de que ya tienen suficiente experiencia para producir electricidad, ya que la mitad de la energía que se consume en sus áreas es autogenerada. Esto, según palabras del representante, los retira como agentes completos, en una propuesta que “quiere abrir mercado pero lo restringe”.
