Aun cuando la misión de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) es: “realizar la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad”, la situación actual es está muy lejos de esa aspiración.
El Proyecto para el fortalecimiento de Setena que lleva adelante la actual administración, revela problemas en un cuerpo normativo fragmentado y desactualizado, una función de auditoría y seguimiento colapsada y un control inexistente sobre los regentes ambientales, según lo dicho por los mismos funcionarios de la institución.
Este proyecto inició el 18 de setiembre las mesas de diálogo con los diversos sectores que utilizan los servicios que brinda la Setena: ambientalistas, desarrolladores de proyectos, uniones de cámaras, colegios profesionales, sector académico, consultores ambientales, entidades estatales, entre otros.
Actualmente, Setena tramita al año 3.500 resoluciones (en lo que va del 2015 lleva 2100), pero con un equipo de trabajo en el Departamento de Evaluación Ambiental de solo 25 personas, mientras que el Departamento de Auditoría y Seguimiento tiene 13 personas para seguirle la pista a cerca de 18 mil proyectos vigentes.
Setena Saturada
La Setena es dibujada y contextualizada por sus funcionarios como una oficina saturada ante la excesiva cantidad de proyectos que debe valorar, procesos de resolución demasiado extensos y una abundante duplicidad de funciones.
Además, identifican una clara debilidad y aislamiento en el seguimiento ambiental, escasez de recursos humanos y financieros, así como una plataforma tecnológica obsoleta son otros de los problemas que rodean la Secretaría.
Según información brindada por la propia Setena, cada funcionario del departamento de Auditoría y Seguimiento se debe encargar de dar seguimiento a 1.384 proyectos cada uno.
Para Mario Peña, abogado ambientalista y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Setena es una institución que “está trabajando reactivamente, cuando debería trabajar preventivamente”.
Peña destacó que todos los funcionarios de Setena, así como los cerca de 30 sectores encuestados, concuerdan en que las herramientas de evaluación de impacto requieren ser actualizadas.
Específicamente, los instrumentos D1 (para proyectos de bajo, mediano y muy alto impacto) y D2 (para proyectos de muy bajo impacto).
“Esas herramientas que son las que utilizando Setena en este momento y que ya tienen más de 15 años de estar trabajando, no están cumpliendo su misión”, explicó Peña.
“Ya tenemos más de 5 años, desde que la Contraloría le dijo a Setena: tiene que modificar las herramientas; estamos hablando de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y las herramientas de control y seguimiento que es donde más mal está la entidad”, aclaró Peña.
Clasificación de proyectos
Una de las posibles soluciones planteadas para la situación de Setena, tiene que ver con definir con precisión, bajo criterio técnico y científico, cuáles son los proyectos que deberían ser evaluados por esta entidad y cuáles no.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot considera que siempre se habla de agilizar procedimientos, pero se podría caer en situaciones de una “violación clara y manifiesta” a principios del derecho ambiental.
“Se podría estar haciendo regresiva la situación en que nos manejamos hoy. Por ejemplo, que se habilite la posibilidad de eliminar valoraciones ambientales en contra de lo que ya ha señalado la misma Ley Orgánica del Ambiente, que dice que todo proyecto que genere impacto, deberá tener una valoración ante la Setena”, comentó Sagot.
Además, Sagot recuerda que la Sala Constitucional ha manifestado reiteradamente que esa “preclasificación” podría ser inconstitucional, porque podría desregular lo que ya está regularizado.
Para Mario Peña, el fin de este proyecto es que Setena logre cumplir con los objetivos. “Precisamente lograr ese equilibrio entre ambiente y desarrollo”, aclaró.
Según Peña, se debe tener claro que cualquier modificación que se quiera hacer en Setena requiere de un cambio normativo, e incluso legislativo. No obstante, reformar una ley es una solución a muy largo plazo y los cambios se deben hacer bajo la tutela del criterio científico y técnico.
“La Sala Constitucional prohíbe relajar, flexibilizar, debilitar, los niveles actuales ambientales de rigurosidad ambiental”, apuntó.
Peña considera que el tema más difícil es establecer umbrales que permitan desarrollar una preclasificación de los proyectos y lo ideal sería que Setena se concentrara únicamente en aquellos proyectos que tenga impacto ambiental negativo.
“Los otros proyectos -por economía y celeridad- no deberían siquiera pasar por ahí y más bien deberían estar sujetos, no del control de Setena sino del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, de las municipalidades, etc.”, aclaró.
Freddy Bolaños, secretario general de Setena, es del criterio que proyectos como condominios, casas de habitación, bazares, restaurantes, pulperías, entre otros, no deberían ser sometidos a evaluación en dicha oficina.
Lo que urge
Para el actual secretario general de Setena, hay dos aspectos primordiales de modificación casi inmediata: definir lo que entra y lo que no entra a la entidad y modificar los instrumentos de evaluación de impacto ambiental.
Pese a que algunos sectores sugieren la asignación de más recursos para Setena, para Bolaños “hay muy pocas probabilidades” por la situación fiscal del país, por lo que se ha tratado de redistribuir el personal para hacer una revisión pequeña, corta, rápida, que se dedique a controlar en campo”.
“Si pudiéramos poner a funcionar herramientas digitales de tramitación y seguimiento, sería una vía para mejorar, pero ¿eso qué implica? Dinero y no tenemos asignado presupuesto para montar herramientas digitales de tramitación”, aclaró Bolaños.
Freddy Bolaños: “Hoy cualquier persona puede ser consultor ambiental”
Uno de los problemas identificados en la Setena es el de la muy mala fiscalización que se tiene sobre los consultores ambientales.
El secretario general de Setena, Freddy Bolaños, aclaró que la normativa vigente prácticamente no pone requisitos, por lo que cualquier persona puede ser consultor ambiental.
El consultor ambiental es la persona encargada de hacer el estudio de impacto ambiental que se somete a Setena, mientras que el regente es el que le da seguimiento en la obra, pero no pocas veces son la misma persona.
Para Bolaños, esa doble condición de consultor-regente genera un conflicto de interés, pues no es probable que un regente detenga el avance de una obra cuando se produzca un problema no previsto por el estudio que él mismo elaboró.
Bolaños añadió que, para atacar ese problema, se debe promover el proyecto para certificar en colegios profesionales a los consultores.
“Si tuviéramos profesionales certificados por parte del ECA (Ente Costarricense de Acreditación) y que no sea el desarrollador el que le paga, sino Setena, se corta el vínculo de relación económica y ya que el regente no le responde al desarrollador, le responde a Setena”, explicó.
“Entre un D1 con declaración jurada y un plan de gestión pueden haber alrededor de unos 4 mil dólares de diferencia, y hay consultores que a pesar de que es un proyecto cuyas características lo hacen encajar para ingresar en un instrumento de declaración de compromisos ambientales, lo modifica para llevar ese proyecto a un nivel más amplio para obtener más dinero del desarrollador”.
Bolaños indicó que algunos consultores podrían tratar de justificar gastos en estudios que Setena no pide, mientras que otros tratan de calificar en los instrumentos más simples, para ahorrar costos a los desarrolladores.
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