Diversas organizaciones del sector salud consideran que el proyecto que establece el pago a centros privados, para reducir las listas de espera, lesionaría la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluso rozaría la Constitución Política, por lo que expresan una rotunda oposición a la iniciativa.
El proyecto, denominado “Ley sobre garantías de tiempo de la persona usuaria de los servicios públicos de salud de la CCSS (lista de espera), fue presentado por el Colegio de Enfermeras y avalado por diputados de varias fracciones legislativas, y aunque se presentó como una vía para contrarrestar las largas listas de espera en los centros hospitalarios y clínicas, muchos consideran que es una forma más de privatizar la salud pública.
Las autoridades de la Caja fueron enfáticas en que un proyecto de este tipo podría afectar la calidad de los programas de atención oportuna, que tiene en ejecución en las diferentes unidades médicas.
“Los impulsores de este proyecto aseguran que buscan crear un debate nacional sobre el tema de listas de espera, supuestamente bajo el lema de un servicio oportuno de salud a los costarricenses, pero en realidad es un mecanismo de pasar la salud pública a manos privadas, lo que implicará el traslado de grandes cantidades de recursos a entes corporativos, poniendo en desventaja el modelo público”, aseguró Rodrigo López, de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)
Para el representante sindical, esta situación podría provocar incluso una quiebra técnica del sistema hospitalario público; además, fue enfático que la iniciativa es solamente de la junta directiva del Colegio de Enfermeras, pues en ningún momento se realizó una asamblea de colegiados, para hacer un análisis o discusión de la temática.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), señaló que el proyecto es una aberración, que podría obedecer a muchos intereses comerciales o empresariales, pues se conoce que existen enfermeras profesionales que dan clases en universidades privadas o laboran en centros privados.
“Desde nuestro punto de vista, se podría tratar de una maniobra para beneficiar a sectores que tienen clínicas y hospitales privados y será a costa del pago que hacemos todos los usuarios; es una nueva forma de privatizar, haciendo compras a terceros con fines meramente de lucro. Como Undeca condenamos esta situación, pues desde las organizaciones sociales estamos haciendo los mejores esfuerzos para resolver el problema de las listas de espera”, dijo Chavarría.
El dirigente recordó la más reciente lucha emprendida por diversas organizaciones en el Hospital México, para reducir las listas de espera y solventar el faltante de quirófanos, recursos, equipo y personal.
“Es un ejemplo de cómo podemos obligar a las autoridades a abastecer los centros públicos de salud, de manera que se mejoren las condiciones de las listas de espera”, comentó.
Por su parte, Edwin Solano, presidente de la Unión Médica, informó que por el momento están haciendo un estudio de la propuesta que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que en los próximos días la entidad emitirá un criterio oficial.
Roce constitucional
La CCSS llevó a cabo dos análisis jurídicos sobre el proyecto: uno a cargo de la Dirección Jurídica y otro de la Gerencia Médica. Ambos concluyeron que este roza con el artículo 73 de la Constitución Política, el cual establece que “la administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social”.
Según la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz Madrigal, ambos análisis sostienen que el proyecto sobrepasa los límites impuestos al poder Legislativo, en relación con la competencia exclusiva y excluyente que tiene la Caja y que lesiona la autonomía de la entidad.
Por su parte, Rodrigo López, de ANPE, coincidió con que el proyecto es contrario a la Constitución y a su vez transfiere responsabilidades de la administración pública a órganos privados, como es la administración del sistema de salud del Seguro Social.
“Es un tema que estamos discutiendo junto con diversas organizaciones de salud y nos oponemos en todos sus extremos, pues el proyecto allana el camino para que los privados hagan su agosto con los recursos de la Caja”, reprochó López.
Odette Chaves, presidenta del Colegio de Enfermeras:“Queremos sacar las listas de espera a debate nacional”
En entrevista con UNIVERSIDAD, la presidenta del Colegio de Enfermeras fue enfática en que la iniciativa presentada a los diputados tiene el objetivo de plantear un debate nacional sobre la grave crisis de las listas de espera y sacarlo del ámbito institucional, donde no se ha resuelto.
¿En términos generales, qué es lo que están proponiendo en el proyecto de ley para reducir las listas de espera en los centros de salud?
−Debemos abrir el debate de las listas de espera, hacer una discusión nacional y no institucional, como se ha venido haciendo. Lo que estamos impulsando es que exista una competencia regulada y se optimicen los recursos de las redes de los servicios; por ejemplo, hay hospitales centrales y hospitales periféricos que podrían ayudar a resolver las listas de espera con cirugías menores.
Hay un enorme retraso en la contratación de recurso humano e infraestructura y el modelo de gestión no está funcionando.
¿Qué los motivó a plantear este proyecto?
−Por más que se invierte en la Caja no se resuelve la situación; la Unidad Técnica de listas de espera ya tiene 15 años de existir y en vez de bajar los números van incrementando. Según datos públicos hay unas 571.000 personas en listas de espera, pero hay conductas que se siguen en los centros médicos que podrían aumentar esta cifra. Por ejemplo, cuando las personas van al consultorio entregan los documentos en la ventanilla y les dicen que vuelvan luego para reprogramarles citas, o les dicen que los llaman luego cuando tengan campo; ahí hay una población de gente que no está siendo atendida y no se contabiliza como lista de espera.
Hay sectores que plantean que esto es un proyecto para privatizar los servicios de salud. ¿Es esa la intención?
−No estamos proponiendo nada que no se esté haciendo ya. Los servicios de salud los prestan la Caja, las cooperativas y entes privados, por ejemplo la Unibe en el área de Montes de Oca y la Clínica Bíblica en la zona de la Carpio.
Es un problema nacional; no decimos que privaticen los servicios, sino que se discuta desde otra perspectiva; no podemos seguir esperando que se construyan nuevas torres, o se contrate a más personal; debemos remozar la gestión y dar incentivos a los centros que están haciendo bien las cosas y poner a trabajar los servicios.
Autoridades de la Caja y sindicatos sostienen que este proyecto contraviene el artículo 73 de la Constitución Política. ¿Es así?
−Estamos en el punto en que debemos decidir si ponemos un derecho constitucional −el derecho a la salud− por encima de un derecho de gestión de una institución. Le corresponde a la Sala IV y a los diputados dirimir cuál de los derechos prevalece más o si los dos se equiparan. Se trata de aprovechar lo que ya existe para favorecer a la población; nadie puede desconocer que tenemos cinco cooperativas, los servicios de la Unibe y de la Bíblica atendiendo a los usuarios de la salud pública. Solo hay que regular la prestación de los servicios para dar una respuesta ágil.
Principales planteamientos del proyecto
El proyecto para reducir las listas de espera presentado por el Colegio de Enfermeras establece los siguientes parámetros:
-Plazos máximos de espera: cirugías (6 meses), prueba diagnóstica o terapéutica (1 mes) y consulta con especialista (2 meses).
-Exige a la Caja buscar dentro de esos plazos una solución interna, utilizando sus redes de servicio.
Si vencido el plazo no se ha resuelto el problema del usuario, este tiene derecho a un certificado de garantía para acudir a otro establecimiento de salud.
-Solo el personal que ha cumplido con su jornada diaria puede trabajar horas extras para reducir la lista de espera.
-Tipifica el biombo de forma precisa y despenaliza a quien lo paga, pues actúa obligado por una necesidad.
-Sugiere criterios para definir prioridades de atención según necesidades clínicas y sociales, y no por orden de ingreso a la lista.
Fuente: Colegio de Enfermeras de Costa Rica.
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