El enriquecimiento ilícito, la corrupción y el tráfico de influencias, serán castigados penalmente si se aprueba el proyecto «Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública».
La idea de establecer obstáculos al enriquecimiento ilícito entre los funcionarios públicos, parece que le pone a algunos diputados la piel de «gallina» y por eso un proyecto de ley promovido por la Contraloría General de la República está en «cuidados intensivos» y bajo la amenaza de ser pasado al polvoriento archivo.
La iniciativa, planteada por el órgano contralor en 1999, recibió la semana anterior en la Asamblea Legislativa un poco de «respiración artificial», con el fin de decidir el 16 de setiembre si lo envían a archivo o lo mantienen por cuatro años más hasta discutirlo en el plenario.
El 8 de setiembre, el expediente 13715 -denominado «Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública»- no logró contar con los 38 votos necesarios para que se le mantuviera por cuatro años más en trámite legislativo. Pasar al archivo implica prácticamente su muerte como proyecto.
En teoría este plan cuenta con el apoyo de legisladores de las distintas fracciones e incluso del gobierno. Sin embargo, en la práctica lo que recibe son zancadillas.
Las diputadas Margarita Penón -del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Chinchilla -Liberación Nacional (PLN)-, y Juan José Vargas -Bloque Patriótico-, criticaron las trabas que ponen algunos legisladores a dicho proyecto y la tardanza para alcanzar su aprobación.
Mientras tanto, mediante una carta con fecha del pasado 11 de setiembre, el jerarca de la Contraloría General de la República -Luis Fernando Vargas- instó al presidente de la Asamblea Legislativa -Mario Redondo- a no permitir que la iniciativa fuera enviada al archivo.
Al respecto, el defensor de los habitantes -José Manuel Echandi- enfatizó en la necesidad de aprobar un proyecto que contribuirá a fortalecer los controles sobre el aparato público y a generar una mayor transparencia.
RESISTENCIA A APROBARLO
Para la diputada Penón, este proyecto afecta directamente a los congresistas y, por lo tanto, resulta más difícil que sea aprobado. «Me ha dolido mucho que esté a punto de ser archivado», dijo.
Tras detallar que su partido ha luchado por legislar contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción, expresó confianza en que se logre aprobar la moción para reconsiderar la decisión de archivarlo y convertirlo en ley más adelante.
Penón siente frustración por la forma en que se debaten los proyectos en el recinto legislativo y por el bloqueo que ejercen algunas fracciones.
En este sentido, coincidió con Vargas -del Bloque Patriótico- en la falta de conciencia y la complacencia de algunos diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y del PLN, quienes en alianza con el Movimiento Libertario, boicotean propuestas como la referida.
Ella estima que los controles que se establecerían sobre el enriquecimiento en el ejercicio del poder, hace que a algunas personas no les interese una legislación así.
Aseguró no tener ninguna objeción contra esta normativa, y más bien se inclina por una total transparencia de los funcionarios que ocupen cargos públicos.
Por su parte, al ahondar acerca de las tácticas dilatorias que algunos utilizan, la diputada liberacionista Chinchilla explicó que estos presentan más mociones de lo razonable, lo cual ha obligado a devolverlo a comisión. La solicitud de revisión que ella presentó el 11 de setiembre le ofrece nuevas esperanzas para no ser archivado, aunque de no lograr el apoyo necesario, el martes 16 pasaría en definitiva al archivo, «lo cual sería una barbaridad».
En su opinión, esta iniciativa no perjudica a los diputados en absoluto, «porque si de lo que estamos hablando es que es necesaria una mayor transparencia, fortalecimiento del control político y de la rendición de cuentas -para que entre otras cosas la gente pueda creer más en la clase política-, el hecho de que lo aprobemos es una señal de consecuencia con el discurso de los partidos políticos».
LEY NECESARIA
De acuerdo con el defensor de los habitantes -José Manuel Echandi-, «toda legislación que venga a fortalecer los órganos de control con la finalidad de evitar que se den abusos en la administración de los fondos públicos es conveniente, así como las sanciones a funcionarios que hagan mal uso de los recursos en beneficio propio».
Echandi cree que la lentitud para aprobar la ley contra la corrupción podría obedecer a que no hay un verdadero interés por fortalecer los controles y de penalizar severamente los delitos de enriquecimiento ilícito.
Desestima que lo anterior pueda originarse en un temor de los parlamentarios por verse afectado en lo personal y más bien lo atribuye al exceso de trabajo y al establecimiento de otro orden de prioridades. Por eso exhortó al Poder Ejecutivo a presentarlo en primer lugar de la agenda en las próximas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Una similar excitativa hizo en la mencionada carta el contralor Vargas al presidente del Congreso -Mario Redondo-, a quien le recordó que «se requiere de una legislación que promueva y facilite la transparencia, más allá de la retórica. La actual legislación, por ejemplo, es limitada e insuficiente para transparentar efectivamente el patrimonio de los funcionarios públicos. Permite ocultar la discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso deteriora de manera sensible nuestras instituciones democráticas».
Por otro lado, Penón comentó que «el país está en un momento de enormes dudas, y desde hace mucho se acumulan quejas contra los servicios públicos y la clase política. Creo que estos cuestionamientos que quedan impunes y no se aclaran, son dañinos y atentan contra nuestro sistema democrático». Ojalá que los diputados entiendan que no basta con hacer denuncias y escándalos, sino que es preciso propiciar leyes que impidan repetir esas situaciones, reclamó.
Los tres legisladores concordaron en que la no aprobación del expediente contra la corrupción es un elemento negativo más contra la deteriorada imagen de la Asamblea Legislativa.
Algunas exigencias de la ley
– Un gran número de funcionarios públicos no podrán ejercer al mismo tiempo profesiones liberales.
– Los funcionarios públicos no podrán recibir retribuciones salariales o bienes, excepto las estipuladas para su cargo.
– Los diputados y otros funcionarios públicos deberán declarar su situación patrimonial cada año.
– Las diversas acciones ilícitas que puedan cometer los empleados públicos serán castigadas con penas que van de tres a doce años.
– También serán castigadas las personas particulares que inciten a los funcionarios públicos a cometer acciones ilícitas.
