Proyecto de OAS en San Carlos causó tres huelgas y quema de oficinas

A la empresa OAS se le adjudicó un contrato por $ 81 millones −en un proceso en el que fue oferente único−, para construir

A la empresa OAS se le adjudicó un contrato por $ 81 millones −en un proceso en el que fue oferente único−, para construir un tercio de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior. (Foto: Javier Córdoba)

Un proyecto hidroeléctrico que el consorcio brasileño OAS-Engevix construye en San Carlos, para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), provocó múltiples reclamos por el cobro de horas de maquinaria impagas y por incumplimientos laborales, que culminaron en tres huelgas y la quema de las oficinas de la empresa.

En marzo del 2011, la CNFL adjudicó al consorcio OAS-Engevix un contrato por $81.1 millones para construir las estructuras de presa y toma, y la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, en La Rita de La Florencia en San Carlos.

Propietarios de maquinaria que trabajaron en esas obras, durante el año pasado, señalan que se les adeudan más de ¢140 millones por trabajos que realizaron para la remoción y movimiento de tierras.

La empresa OAS es la misma que fue adjudicada con la concesión de la carretera San José-San Ramón, pero cuyo contrato fue cancelado por la presidenta Laura Chinchilla, luego de múltiples reclamos de la comunidad y de sectores políticos, por el elevado costo de los peajes y el excesivo aumento en los costos originales de la obra (ver nota aparte).

Operarios y dueños de maquinaria dijeron que el consorcio OAS-Engevix les pagó una fracción de las deudas que acumulaban, a cambio de que ellos accedieran a firmar un finiquito total del monto que reclamaban.

El ingeniero en jefe de la CNFL  en el proyecto Balsa Inferior, Sergio Garro, confirmó que unos 100  trabajadores de OAS-Engevix reclamaron porque consideraban que la empresa no les estaba pagando todas las horas que laboraban y que, al no ponerse de acuerdo con la empresa, renunciaron a sus empleos.

El extrabajador del consorcio, José Antonio González, señaló que fue despedido con responsabilidad patronal, pero que luego se le condicionó una parte del pago a que firmase un documento, en donde aceptaba que el despido era sin responsabilidad patronal;  por esa razón interpuso una demanda ante el Juzgado de Menor Cuantía de Ciudad Quesada.

Los conflictos laborales y los reclamos por trabajos no pagados culminaron en tres huelgas y la quema de tres contenedores que funcionaban como oficinas de la empresa en el proyecto hidroeléctrico.

El abogado y administrador contractual de OAS-Engevix, Mario Salas, alegó que  los reclamos se produjeron cuando un contratista del consorcio brasileño subcontrató a propietarios de vagonetas y maquinaria de la zona y luego les incumplió los pagos.

“Tenemos documentos que prueban que la obligación de OAS era con el contratista, pero, por política social de la empresa y a petición de la CNFL, tratamos de llegar a término con la gente. La CNFL no quería problemas con los vecinos”, puntualizó Salas.

El abogado no quiso referirse a las huelgas que protagonizaron los empleados de la empresa y mantuvo silencio sobre el incendio que consumió las oficinas de la firma durante una de esas protestas, el 24 de noviembre de 2012, porque “ese tema está bajo investigación judicial”.

“NOS QUEDARON DEBIENDO”

Un grupo de 18 empresarios y propietarios de maquinaria vial, vecinos de la zona de La Florencia de San Carlos, reclaman el pago de más de ¢140 millones por trabajos realizados en la obra que no les fueron cancelados.

El empresario Óscar Campos aseguró que su maquinaria y sus vagonetas trabajaron en la excavación de la casa de máquinas y que aún le adeudan cerca de ¢80 millones.

“Comenzamos a trabajar en abril del 2012; nos contrató la empresa Fairuza, que era contratista de OAS-Engevix; cuando Fairuza comenzó a no pagar, le pedimos ayuda a OAS y a la CNFL, porque ellos estaban conscientes del trabajo que habíamos realizado. Pero, en OAS nos dieron ¢10 millones de los ¢80 millones que nos debían y nos hicieron firmar que con eso quedábamos saldados; ellos saben que el pueblo está endeudado por el proyecto”, expresó Campos.

Mientras tanto, el empresario Gerald Mata detalló que en su caso la deuda es de ¢60 millones; “nosotros reclamamos ante OAS, ellos nos dieron un 20%  de la deuda y nos hicieron firmar un papel que decía que ya no nos debían nada; fue un momento de mucha necesidad y tuvimos que firmar”.

Por su parte, Milton Arias, propietario de una vagoneta en la zona, se quejó porque le deben cerca de ¢2 millones por su trabajo; “en lugar de facturas nos daban boletas; le reclamamos al abogado de OAS, Mario Salas, pero nos decían una cosa y luego otra, y al final no nos pagaron”.

Rauden Bogarín, quien fungió como representante de 18 vagoneteros, comentó que parte de la deuda se originó en que en lugar de facturas les entregaron boletas de trabajo, y luego se cambiaron las condiciones de pago originalmente pactadas.

“Nosotros habíamos arreglado que nos pagarían por hora laborada y ellos luego cambiaron y nos pagaron menos y por metro cúbico removido,  a mí me quedaron debiendo como ¢2 millones, pero en total le quedaron debiendo a 18 personas. Nosotros ya dimos la plata por perdida”, aseguró Bogarín.

DEMANDA Y QUEMA DE OFICINAS

Los reclamos por diferencias salariales terminaron en tres huelgas y un incendio que consumió tres contenedores que el consorcio OAS-Engevix tenía acondicionados como oficinas.

Así lo confirmó el subjefe de la estación de bomberos de Ciudad Quesada, Gilberth Vargas. El bombero recordó que el fuego se produjo durante la madrugada del 24 de noviembre pasado, pero que la empresa reportó el incendio a las 2 p.m. del día siguiente.

“Cuando llegamos ya toda la escena estaba intervenida, habían limpiado y por eso la  investigación no prosperó”, precisó el bombero.

El abogado de OAS-Engevix no quiso comentar sobre el incendio, pero el jefe del proyecto por la CNFL, Sergio Garro, confirmó que la protesta laboral se salió de control y un grupo encendió el fuego en las oficinas, en represalia por sus reclamos.

“Lo que le puedo decir sobre esa quema es que hubo mucha gente inconforme, mucha falta de  comunicación entre la empresa y los contratados”, expuso Garro.

José Antonio González es un especialista en soldadura que laboró durante ocho meses para el consorcio OAS-Engevix como jefe de 150 operarios eléctricos, de bombas y soldadores;  narró que durante todo ese periodo recibió quejas, porque los empleados recibían un pago menor al esperado.

“La gente se quejaba que le faltaba dinero en la quincena; yo me hacía copia de la bitácora de control de horas y ese control no coincidía con lo que luego les pagaban a los operarios”, aseveró González.

A él lo despidieron el año pasado y tiene una demanda judicial en contra del consorcio brasileño; “inicialmente me despidieron y me dieron una carta en la que reconocían que se trataba de un despido con responsabilidad patronal, pero cuando fui a cobrar me dijeron que me pagaban solo una parte y eso si les firmaba otra carta en la que el despido era sin responsabilidad patronal”.

 


 

OAS construye 34 % de Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior

Javier Córdoba y Ernesto Rivera

El Consorcio brasileño OAS-Engevix construye poco más de un tercio del total de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior, para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que tiene un valor total de $ 247 millones.

Según consta en el Registro Público, la sociedad Consorcio OAS-Engevix Ltda tiene nombrado en el cargo de “Gerente 01” a Humberto Pereira Diniz, brasileño que también firmó por las empresas Concesionaria Vial Valle Central S.A, y OAS Central American Investing Ltd, en el adéndum de la concesión de la ruta San José-San Ramón.

Según el ingeniero jefe de la CNFL en el proyecto hidroeléctrico, Sergio Garro, a OAS-Engevix se le adjudicó la construcción de las obras de estructura de presa y toma, y casa de máquinas, mientras que las otras dos terceras partes las desarrolla el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Al ICE le corresponde el desarrollo  como caminos de acceso, obras de transmisión y  obras de conducción (túneles, desarenadores, pozos, obras de embalse, tanque de oscilación, tubería de presión y  líneas de transmisión, etc.).

Por las obras mencionadas, a OAS se le adjudicó un contrato por $ 81 millones, en un proceso en el que participaron tres oferentes. De ese monto, poco más de la mitad está financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES).

La adjudicación de este proyecto se realizó el 16 de marzo del 2011, mientras que el inicio de obras se produjo el 5 de octubre de ese año.  Actualmente la CNFL reporta un avance general en la construcción del 54.8 %.

Balsa Inferior tendrá una capacidad instalada de 37.5 megavatios de generación. Las oficinas de OAS se ubican en Santa Rita de Florencia de San Carlos, justo al lado de las instalaciones de la CNFL en ese proyecto.

Aclaración:

En nuestra edición original se informó que el Consorcio OAS-Engevix había sido oferente único en el concurso organizado por la CNFL, lo correcto es que fue oferente único para la obra de casa de máquinas, pero participaron tres oferentes en el concurso para la estrucrtura de presa y obras de captación, que finalmente ganó la empresa brasileña. En nuestra proxima edición impresa publicaremos la aclaración.


 

Gobierno contratará auditoría para calcular gastos de OAS en vía San José-San Ramón

Ernesto Rivera y Javier Córdoba

Luego de que el martes la presidenta Laura Chinchilla anunciara el fin de la concesión para la ruta San José-San Ramón, el gobierno decidió acudir a una auditoría para calcular los gastos efectuados por el consorcio brasileño OAS durante el proceso, y que ese sea el monto que la empresa reciba como finiquito del contrato.

Así lo confirmó el martes 23 de abril la presidenta Laura Chinchilla, al finalizar la sesión del Consejo de Gobierno durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los ministros de comunicación, Francisco Chacón, y de Planificación, Roberto Gallardo.

Chinchilla señaló que “se debe ser celoso en garantizar que los costos que se vayan a pagar se puedan justificar como en los que verdaderamente incurrió la empresa y buscar una instancia que pueda auditar estos costos”.

El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, señaló a UNIVERSIDAD que durante la semana pasada la presidenta Laura Chinchilla, junto con otros funcionarios del Gobierno,  sostuvieron reuniones con los representantes de la empresa OAS, con el fin de analizar diferentes alternativas para finalizar el contrato de la concesión a San Ramón.

“Los representantes de OAS nos indicaron que no tienen interés en solicitar una indemnización por lucro cesante, sino que pedirán que el Estado les reconozca los gastos de la inversión que han realizado hasta ahora; no se trata de un acto unilateral, no nos pasan una factura y ya. Lo que vamos a plantear es la contratación de una firma de auditoría para que certifique y calcule los gastos de OAS hasta ahora”, explicó Gallardo.

Ayer por la tarde la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) inició formalmente el proceso de finiquito al contrato de concesión otorgado a la empresa OAS.

El Secretario Técnico del CNC, Edwin Rodríguez,  señaló que existe una cláusula en el contrato que permite a ambas partes llegar a un acuerdo sin necesidad de que haya una indemnización.

“Por el momento no quiero especular sobre el monto que ese acuerdo podría tener”, declaró ayer Rodríguez tras comparecer en la comisión de ingreso y gasto de la Asamblea Legislativa.

PEDIRÁN AYUDA A UNIVERSIDADES

Chinchilla anunció además su decisión de pedir ayuda y asesoría a las universidades públicas para mejorar el diseño de la carretera a San José-San Ramón, analizar estrategias para solucionar los hundimientos y  verificar los costos y las opciones de financiamiento para esa ruta.

“Vamos a conversar con los rectores de la UCR y el ITCR, así como con los directores de la escuela de Ingeniería Civil y la escuela de Ingeniería de Construcción, para que nos faciliten un proceso de filtración de las iniciativas que se van a estar presentando al país para solucionar el problema de esta ruta”, adelantó la presidenta.

La mandataria anunció también que iniciarán obras para atacar las debilidades de puntos vitales como el puente sobre el río Virilla y los hundimientos y depresiones sobre la capa asfáltica.

“Hemos decidido lo siguiente: frente a la ruta, en la medida de las posibilidades, agilizar la intervención del puente sobre el Virilla que es una de las pesadillas. Vamos a agilizar la exploración de los recursos existentes, los contratos de conservación para atender los hundimientos y la capa asfáltica”, aseguró Chinchilla.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL CONTINÚA

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó ayer  que, pese al anuncio del Poder Ejecutivo de rescindir el  contrato de concesión de la carretera a San Ramón, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción seguirá con el proceso penal abierto a inicios de este mes.

Los fiscales investigan si, mientras el proceso de concesión estuvo vigente, se cometieron los posibles delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El pasado 15 de abril, la Fiscalía dirigió un allanamiento en las oficinas del CNC con el objetivo de secuestrar expedientes y otros documentos relacionados con la investigación.

Los documentos secuestrados por el Ministerio Público están en manos del OIJ, donde son  analizados.

La Fiscalía recibió este lunes el testimonio, en calidad de testigo, del denunciante Alberto Rodríguez Baldí.

FORO DE OCCIDENTE

Dirigentes del Foro de Occidente, agrupación vecinal que lideró la oposición a la concesión de la carretera San José-San Ramón,  calificaron como positiva la decisión de contratar una auditoría para certificar los gastos en que incurrió la empresa OAS mientras tuvo la adjudicación de la obra.

Alexánder Rodríguez, regidor de San Ramón y dirigente del Foro de Occidente, señaló que en ese proceso de auditoría de gastos será vital que exista transparencia.

“Es correcto que una auditoría calcule esos gastos, pero es importante que ese cálculo esté documentado y que sea público y transparente. Los gastos que se paguen deben ser los realizados y justificados”, señaló Rodríguez.

El líder del foro, Paúl Brenes, mantiene la tesis de que el contrato estaba viciado de nulidad, por lo que no corresponde que se pague a la empresa OAS ningún tipo de indemnización o compensación.

“Creemos que no se debe pagar compensación alguna; no me parece que hayan incurrido en ningún gasto más allá de la compra del contrato. Si hubo gastos deben demostrarlo y documentarlo muy bien. Además, la investigación debe llegar hasta el final y establecer quiénes fueron los responsables de este descalabro. Se deben señalar culpables y estos deben ser sancionados”, expresó Brenes.


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