Incinerador de desechos sólidos funcionando en Argentina. (Foto: de Greenpeace).
Quince años atrás, buscando la manera de llevar el sustento a sus tres hijos, Marlene Chacón, vecina de Escazú, iniciaba el camino del reciclaje junto a una docena de madres de familia en su misma condición. Corría el año 2005 cuando se fundó la Asociación de Formación a la Mujer y Familia de San Antonio de Escazú, ligadas a la Municipalidad por un convenio hablado.
Ahora, Marlene es la presidenta de la Red Nacional de Recicladores, una red de recuperadores de base que trabajan en pequeños grupos informales que incluye también a los de los vertederos, los conocidos buzos.
La introducción de tecnologías de incineración y gasificación de desechos para la producción de electricidad, por las que abogan las municipalidades podrían cambiar esta realidad y desplazar a los humildes recuperadores costarricenses.En Costa Rica unas 300 familias viven del reciclaje, una actividad hasta hace poco realizada en la informalidad por trabajadores en estado de pobreza, muchos de ellos inscritos en la red solos o en pequeños grupos, sin salario fijo, ganando entre dos y cinco mil colones diarios, es decir entre 48 y 120 mil colones al mes. En los centros de acopio ganan en promedio un jornal de 120 mil colones mensuales.
A nivel mundial hay 20 millones de familias que viven de esta actividad y se han organizado en redes regionales y mundiales, como la Red Latinoamericana y Mundial de Recicladores (Red Lacre).
“En estos momentos el factor económico es más fuerte que el social, las municipalidades se inclinan por las propuestas de empresas para la venta de todos los residuos y ya están poniéndose en sintonía con la organización de la cadena de desechos que van a alimentar las plantas incineradoras. Por eso ahora nos desplazan y como solo existieron convenios hablados nunca se formalizó un contrato con los grupos de recuperadores”, puntualizó Chacón.
¿De dónde surge esta improvisación, las voces que se alzan en defensa de la innovación para el tratamiento de los desechos y el uso de tecnologías alternativas para la producción de energía eléctrica, en un tema tan mal tratado en nuestro país?
En 2010, después de décadas de patear la pelota, de incontables consultorías y propuestas que costaron mucha plata, el Congreso aprobó la Ley 8839 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (Ley GIR 2010) de acatamiento obligatorio a nivel nacional.
La ley dio un plazo de cuatro años a las municipalidades para organizarse con la comunidad, realizar la infraestructura requerida y los cambios en la administración municipal. El haber dejado pasar el tiempo está por pasar la factura.
El Ministerio de Salud empezó a emitir órdenes de cierre de los vertederos a cielo abierto, diseminados por todo el territorio nacional y usados por gobiernos locales y comunidades para deshacerse del problema de la “basura”.
UNIVERSIDAD preguntó al Alcalde del cantón de Valverde Vega, Luis Barrantes, directivo de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) sobre la vigencia de la Ley GIR 2010 y la Moratoria a la Incineración decretada por el gobierno, en junio pasado.
“Costa Rica está a las puertas del cierre técnico y la respuesta a la pregunta de qué vamos a hacer con los desechos no es fácil porque generar un proceso de reciclaje, reducción y reutilización requiere arraigar una cultura en la población y la administración municipal, los recursos e infraestructura que no tenemos; esto no se construye de la noche a la mañana”, dijo.
“En este país existe una cultura de postergar los temas importantes; desde los noventa se habla de esto pero se posterga, desde los noventa se posterga la carretera a San Ramón, el plan nacional de vivienda, es un país que posterga no una sino un montón de decisiones importantes y la materia ambiental es una de las tantas”, se justificó Barrantes.
Sobre la moratoria que impuso el gobierno a la generación de electricidad a partir de desechos, dijo enfático: “la posibilidad de la gasificación de los desechos sólidos es una alternativa viable que nos puede servir y ya se usa en Noruega, Suecia, Holanda y Alemania, es una técnica llevadera y la pregunta que hago ante la moratoria es ¿por qué cerrarle las puertas a una técnica que nos puede ayudar? Digo más, no hay que verla con ojos ideológicos sino pragmáticos, qué es lo que puede ayudarnos a solucionar esta técnica como país”.
La ANAI presentó un recurso contra el Decreto Ejecutivo de la moratoria ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que está en trámite y en el que argumentan obstrucción a la gestión municipal.
“La moratoria está cercenando los esfuerzos de las municipalidades por ajustarse a la Ley General de Residuos, la Municipalidad de León Cortés tiene casi cuatro años de estar haciendo todas las gestiones y cuando ya estaba por poner en marcha la planta de gasificación, para 45 toneladas métricas diarias, el Poder Ejecutivo la paró con la moratoria” porque tiene dudas ambientales, aseguró el alcalde Barrantes.
LA MORATORIA
En junio de este año, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria que impide a cualquier entidad pública o privada generar energía a base de desechos. El Decreto Ejecutivo N° 38500-S-MINAE «Moratoria nacional de las actividades de transformación térmica de residuos sólidos ordinarios” (http://bit.ly/1mJjibl).
Eugenio Androvetto, Director de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, explicó a UNIVERSIDAD que “el gobierno actuó así porque el país no cuenta con ninguna regulación para este tipo de proyectos” y las nuevas autoridades al conocer la pretensión de las municipalidades de poner en marcha plantas que involucran también la aplicación de la Ley 7600 sobre generación privada de electricidad, tuvo que aplicar una medida preventiva”.
“Con un solo proyecto que se pusiera en marcha, el gobierno quedaría al margen de poder exigir ciertos parámetros en las emisiones atmosféricas, cómo se podría revisar un proyecto, qué tipo de controles para el material que alimenta los hornos; estas empresas tienen que esperar que el país haga lo que tiene que hacer”, dijo Androvetto.
“Este temor nos movió a decretar la moratoria, también la necesidad de que las municipalidades se den tiempo para hacer el estudio de costos de la incineración, las cantidades que ocupan para funcionar, amortizar la inversión y costos de operación en relación con el modelo tarifario vigente, no tomarlos en cuenta podría conducirlas al fracaso”, explicó el funcionario de Salud.
HACIA BASURA CERO
El movimiento ciudadano “Hacia Basura Cero” entregó al Ministro de Ambiente, Energía y Mares una carta de apoyo con más de cien firmas de organizaciones internacionales, nacionales y de ciudadanos en defensa de la moratoria a la transformación térmica de los residuos sólidos, el pasado 23 de setiembre.
Este movimiento está conformado por representantes de comunidades, profesionales, ambientalistas, profesores universitarios y especialistas en el manejo de residuos, que abogan para que se promuevan los principios y espíritu de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley Nº. 8839) a través de la conformación de la iniciativa “Hacia Basura Cero” que tiene como objetivo la puesta en práctica de la ley 8839 para un manejo integral y participativo de los residuos.
