Patentes ilegalmente concedidas en áreas aún sin construir en la zona marítimo terrestre (ZMT), permisos para parqueos sin patente, subarriendo de concesiones, descontrol en el cobro de patentes y cánones, uso de recursos con destino específico en pagos que no pasan por el presupuesto autorizado.
La lista sigue en cuanto a delitos e irregularidades administrativas denunciados por vecinos del cantón contra la Municipalidad de Quepos y que la Contraloría General de la República (CGR) ha reseñado en varios informes, sin que hasta ahora haya castigo para los responsables.
Esta situación no es exclusiva del municipio quepeño –que alberga las famosas playas de Manuel Antonio, uno de los principales atractivos turísticos del país–, pues se replica en otros gobiernos locales, y se convierte en la “carta de impunidad y corrupción” municipal cuya existencia ha reconocido la contralora general, Marta Acosta.
Pasan los años y las irregularidades siguen, lamentó Enrique Soto, uno de los dirigentes locales que han puesto denuncias reiteradas ante la CGR, la Procuraduría y la Fiscalía.
Soto mostró un grueso legajo de denuncias puestas por él y otros dirigentes comunales de la zona, ante las instituciones.
La Contraloría emite disposiciones, los funcionarios municipales contestan, y notas van y notas vienen; el órgano contralor da por cumplido el proceso, pero no se verifica el cumplimiento y todo sigue igual, insistió Soto.
Él acaba de presentar un recurso de amparo contra la CGR por negarse a tramitar una denuncia contra el municipio quepeño con el argumento de que hay una investigación penal en curso en el Ministerio Público. El denunciante considera que la entidad se convierte en cómplice de la corrupción en perjuicio de todos los ciudadanos al negarse a ejercer sus potestades constitucionales de máxima autoridad en la fiscalización de la Hacienda Pública.
Casualmente la semana pasada, la contralora Acosta reconoció que prácticamente está en papel mojado la capacidad de CGR para sancionar. En estos momentos, la potestad sancionatoria es “casi inviable”, y en lo que tiene que ver con los alcaldes hay “carta abierta a la impunidad y la corrupción”, dijo la Contralora durante una comparecencia reciente en la Asamblea Legislativa (ver recuadro).
Ante consulta de este Semanario, acerca de si la CGR tiene en curso alguna investigación sobre algún funcionario municipal de Quepos, la respuesta de la entidad fue que investigaron varios aspectos de orden administrativo (préstamos y destino de recursos), pero por resolución judicial del 31 de enero de 2014 −emitida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José−, se solicitó el secuestro del expediente administrativo original n.° DJ-22-2013 y por consiguiente el procedimiento se encuentra suspendido, por lo que no podían responder la consulta.
Dicho expediente judicial tiene que ver con una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Quepos, tras una denuncia presentada en el 2012 por dirigentes de una organización comunal contra los regidores, la entonces alcaldesa en ejercicio Isabel León y otros funcionarios municipales, que coincidió con dos informes de la CGR que consignaron una serie de irregularidades halladas en la Municipalidad.
Dichos informes se refieren al manejo administrativo financiero de la Municipalidad, y detalla violaciones al Código Municipal, a la Ley de Control Interno, Ley General de la Administración Pública y Ley de Administración Financiera.
El ente contralor encontró debilidades en la formulación del presupuesto, déficit presupuestario creciente, estimación de ingresos excesivos sin ajustes posteriores, resultados deficitarios cubiertos con recursos de superávit específico, lo que es ilegal.
Además, liquidaciones presupuestarias carentes de exactitud y confiabilidad, desorden en el manejo de la tesorería, pago de obligaciones con sobregiros bancarios no autorizados por el Concejo Municipal como establece la ley, condiciones inaceptables en el almacenamiento y distribución de bienes, entre otros hallazgos.
Respecto a la investigación de la Fiscalía, ocurrió que el fiscal a cargo del caso fue trasladado a San José cuando llevaba avanzada la indagación, y el que lo sustituyó debió empezar de nuevo. Los denunciantes ahora están preocupados de que en diciembre se cumplen tres años de la denuncia y algunos delitos podrían prescribir si no hay diligencias para interrumpir el término de la prescripción.
El actual Fiscal, Carlos Aguilar, informó que el caso está en etapa de investigación, y no se puede informar sobre las diligencias realizadas; una vez que la investigación se complete, se procederá según corresponda.
RESPONSABILIDADES
Preguntado el alcalde, Lutgardo Bolaños, si se sancionó a algún funcionario municipal por las irregularidades que se mencionan en los informes de la CGR, su respuesta fue negativa. Habría que preguntarle a la vicealcaldesa, Isabel León −quien estuvo como alcaldesa interina− por qué no hubo un procedimiento contra nadie, dijo.
Bolaños estuvo suspendido en el cargo a raíz de una denuncia en su contra por supuesto peculado y otros cargos, y logró hace tres meses su reinstalación, luego de tres años sin que se le concretara acusación en los tribunales.
A la pregunta de cómo es que la Municipalidad ha concedido patentes comerciales en Manuel Antonio en áreas donde no ha construido nada −lo que es ilegal−, aseguró que esas fueron patentes otorgadas por el Concejo Municipal en el periodo en que estuvo León como alcaldesa, sumado a que otorgar patentes en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) es competencia del Concejo Municipal.
Según el alcalde, al regresar al cargo presentó alrededor de 12 expedientes para que el Concejo abra debido proceso para cancelar concesiones por falta de pago, por arriendos a terceros, construcción sin retiros y otros.
También sostuvo que mandó a cerrar un parqueo que estaba explotando en zona prohibida la Asociación de Desarrollo local, aunque este Semanario constató que el martes 27 pasado el parqueo seguía funcionando. Tras enterarse de esto, Bolaños mandó de inmediato a clausurarlo de nuevo.
“Hay cosas que son responsabilidad del alcalde y otras del Concejo. En todo lo que es ZMT lo único que puedo hacer es alertar al Concejo: señores está pasando esto. Pero, al final de cuentas son ellos los que toman decisiones”, adujo Bolaños al deslindar responsabilidades.
Acerca de una valla que el Partido Liberación Nacional colocó en un terreno municipal para publicitar a su candidato a alcalde Danny González −en cuya papeleta va como candidata a la reelección la vicealcaldesa León y un regidor−, argumento que él ordenó que se quitara porque estaba en propiedad municipal, y que se le había dicho tanto a la Municipalidad como a los partidos políticos, no utilizar lugares municipales para hacer campaña.
Añadió que ahora es competencia del Tribunal Supremo de Elecciones sancionar, porque lo hicieron contraviniendo la ley, y es a la vicealcaldesa a la que habría que preguntar por qué no se lo dijo a su partido, si sabía que eso era propiedad municipal.
En este sentido, la vicealcaldesa León dijo que ese un tema de la campaña que ella desconoce y hay que preguntarle “a la gente del partido.”
También se le preguntó si durante los años que ejerció como interina, la Municipalidad cumplió con las disposiciones contenidas en los informes de la CGR para corregir las irregularidades halladas, y si hubo sanciones para algún responsable.
Se limitó a decir que una vez que la Contraloría emite un informe, le da seguimiento a las disposiciones; la Municipalidad le informa cómo va el avance del cumplimiento hasta que ellos emiten un informe final, donde dicen que reciben a satisfacción, y esos documentos están en el Concejo.
En torno a la legalidad de una autorización que dio la Municipalidad para el funcionamiento sin patente de tres parqueos en zona prohibida de Manuel Antonio, con base en un acuerdo del Comisión Cantonal de Emergencias, defendió que esa es una declaratoria que la Comisión ha hecho desde el 2002. En cuanto a por qué seguían operando esos parqueos si ya venció el permiso temporal que se les dio, indicó que la respuesta la debe dar el Concejo.
Otras preguntas que UNIVERSIDAD le formuló vía correo electrónico, le prometió responderlas en los próximos días, porque el abogado que se encarga del tema estaba con un permiso especial.
Mientras tanto, un dirigente comunal hizo ver que le solicitarán a la Dinadeco –organismo que regula las asociaciones de desarrollo comunal– una investigación, ya que dudan que los ingresos del parqueo hayan ingresado a las cuentas de la Asociación como es debido.
Esto, por cuanto cobraban entre ¢3.000 y ¢4.000 por vehículo y no daban recibo, y se calcula que el ingreso pudo ser de unos ¢200 millones o más en los siete meses que la Asociación tuvo el parqueo.
Según José Vargas, presidente de la Asociación de desarrollo, se pedía una colaboración de ¢3.000 por vehículo, pero algunos pagaban menos o nada, sí se entregaba recibo y los dineros ingresaron a la Asociación. Atribuyó a habladurías de gente interesada en el negocio, las dudas sobre el destino del dinero.
Cuando se le pidió precisar la suma recaudada, dijo no recordar, pero que el informe se entregó a la Municipalidad y a los miembros de la Asociación; prometió enviar una copia por correo, la cual al cierre de esta edición no había llegado.
INTERESES
Flander Sánchez, dirigente de la Asociación de Pequeños Artesanos de Manuel Antonio, reprochó la falta de ayuda por parte de la Municipalidad, “para las personas que quieren trabajar” en la zona.
Relató que en octubre del año pasado a los artesanos los sacaron del sitio donde tenían sus puestos de venta mediante un convenio firmado con el dueño de la concesión. El argumento fue que esa área era turística y hotelera, no comercial; no obstante, en diciembre ahí fue autorizado un parqueo.
Los vendedores de artesanías se reubicaron de momento en un terreno donde pagan alquiler a los concesionarios, quienes incluso obtuvieron patente sin haber construido nada. Uno de los inquilinos afirmó que paga ¢100.000 mensuales.
Sánchez comentó que la Municipalidad podría promover proyectos de desarrollo que beneficien a las personas de la localidad que buscan trabajar, pero nunca ha habido interés y la excusa es que no hay dinero, mientras que a los extranjeros sí se les favorece y son los que obtienen todas las concesiones.
Para el presidente municipal, Osvaldo Zárate, el problema de Manuel Antonio es que cuando se hizo el plan regulador −hace más de 20 años− no se previó que el lugar iba a ser muy visitado. No dejaron espacios para servicios básicos, como parqueos y áreas de recreación, lo que llevó a que la playa colapsara en temporada alta.
Entonces, en los últimos años la comisión cantonal de emergencias solicita en sus informes que en esas fechas se den permisos temporales para acomodar los carros y ordenar un poco el área. Basado en eso, el Concejo Municipal ha dado permisos temporales.
En referencia a los artesanos, alegó que el desalojo es responsabilidad de los concesionarios y respecto a brindarles ayuda, anunció que “estamos modificando el plan regulador de Espadilla (primera playa de Manuel Antonio). El Instituto Costarricense de Turismo ya lo aprobó y esperamos que Instituto de Vivienda y Urbanismo apruebe la modificación de uso de suelo, para poder construir un mercado de artesanía”.
En materia de concesiones, aclaró que en los últimos 15 años no han otorgado ni una. “Para nosotros no hay distinciones de que sea extranjero o nacional. Lo que pasa es que en la ZMT los cánones son muy caros, y un pobre no puede obtener una concesión. Es un asunto de leyes y de lo que cobran en el Ministerio de Hacienda”, agregó Zárate.
“Carta abierta a la impunidad”
La Contralora Marta Acosta se sacudió de cuestionamientos por la ineficacia del órgano contralor para sancionar a funcionarios ineficientes y responsables de malos manejos y pérdida de recursos públicos.
Ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Acosta alegó que la CGR tiene en curso una cantidad de procedimientos, pero no es simplemente que la Contraloría puede imponer una sanción, sino que las personas tienen a mano una cantidad de recursos, y si el caso no se puede documentar, es imposible sancionar.
Con el transcurso del tiempo se ha vuelto muy difícil sancionar, por los procedimientos y los recursos que tienen las personas, y la facilidad con que se diluyen las responsabilidades cuando no es solo una persona sino varias las que participan, alegó Acosta.
En el caso de los alcaldes, por ejemplo, cuando la CGR ha emitido sanciones con cancelación de credenciales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) las aplica, pero cuando se trata de una suspensión en el cargo, entonces el Tribunal dice que no le corresponde y la sanción no se aplica.
“Hace tres años interpusimos tres contenciosos al Tribunal, para ver si logramos que sancione, y ya nos dieron la razón en uno, pero el TSE lo apeló”, recordó.
“Lo último que nos pasó fue con la cancelación de credenciales del alcalde de Puntarenas. El Tribunal nos dijo: voy a suspender esa sanción, porque como el alcalde interpuso un contencioso contra la Contraloría, yo suspendo, sin medida cautelar”, puntualizó la Contralora.
Mencionó que otro problema es que el juez contencioso le dice a la CGR que no puede sancionar si primero no se anula el acto cuestionado.
Esto lo que significa es que para que la CGR logre sancionar pasarán 10 o 12 años, y cuando finalmente pueda sancionar habrá que ver si la persona aún es funcionario público o no, porque si no lo es no se puede.
De manera que “es una potestad sancionatoria compleja y difícil, y con eso que está pasando actualmente es casi inviable”, lamentó Acosta.
En el caso de las sanciones a los alcaldes, “es una carta abierta a la impunidad y a la corrupción, porque esas sanciones en este momento están en el limbo”, criticó.
Dijo que el diputado Mario Redondo (de Alianza Demócrata Cristiana) propuso un proyecto de ley sobre sanciones a los alcaldes, el cual se está elaborando.
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