El Ministro de Obras Públicas sostiene que a la empresa no le conviene la rescisión del contrato, porque ello podría influir en futuras contrataciones debido a que se trata de una firma internacional.
Aunque no puede asegurarse nada hasta que Alterra Partners entregue un nuevo modelo de costos de obras en el aeropuerto Juan Santamaría y la Contraloría General de la República refrende el addendum al contrato, el ministro de Obras Públicas y transportes, Randall Quirós, confía en que el conflicto que ya lleva más de dos años se solucionará en las próximas semanas.
Para el ministro de Obras Públicas y Transportes, los problemas surgidos con el contrato de gestión interesada de la firma Alterra Partners, se deben a la inexperiencia del país en estos temas, a la falta de jurisdicción y de preparación en el Poder Ejecutivo.
A pesar de que el panorama en las últimas semanas se veía sombrío y hasta se habló de rescindir el contrato de gestión interesada, Quirós afirma que la solución para que se reactiven las obras en el Juan Santamaría podría llegar en las próximas semanas si ambas partes tienen verdadera voluntad de conciliar.
El titular del MOPT habló con UNIVERSIDAD sobre el futuro del aeropuerto y las condiciones en que se encuentra la negociación. A continuación un extracto de la entrevista:
Las obras en el aeropuerto tienen dos años de estar paralizadas y anteriores ministros no lograron una solución al problema. Hasta se ha hablado de rescindir el contrato de gestión pero hay abierto un canal de negociación, ¿cómo avanza este proceso?
Antes de hablar de rescindir el contrato hay que pensar en las consecuencias legales y analizar la situación, no decirlo tan a la ligera. Hay que ver si se podría rescindir de forma unilateral o por alguna causal de incumplimiento.
Además Alterra también podría entablar una demanda, lo que no quiere decir que la vaya a ganar o que tengamos que pagar, pero todo eso tiene repercusiones a futuro pues los inversionistas empezarán a dudar de la seguridad jurídica del país.
Por eso estamos empeñados en llegar a un arreglo que nos permita contar con un aeropuerto de primera, cuya inversión, de 150 millones de dólares es imposible de realizar para el Estado.
Ahora estamos a la espera de que Alterra nos entregue un nuevo modelo de costos de las obras que faltan, pues hay que actualizar los precios. Está claro que no pueden ser los mismos de hace dos años.
Una vez entregada la propuesta debe ser avalada por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), el órgano fiscalizador del contrato y refrendada por la Contraloría como un addendum al contrato original.
Si todo sale bien la esperanza es que obras como la Terminal de pasajeros, las cuatro puertas de abordaje, la pista de aparcamiento y la de rodamiento sur se reanuden en el mes de junio.
¿Cuáles son los detalles del posible acuerdo con Alterra, que aportaría cada parte para sacar adelante el contrato de gestión interesada?
Recordemos que las diferencias se dieron porque en el contrato original se habla de una cifra de $3,5 millones para gastos de desarrollo, es decir, comisiones y cobros de los bancos que prestan el dinero ($120 millones) a la empresa para las obras.
La Contraloría interpretó que esa cifra era el techo para esos gastos, mientras que Alterra pagó $18,5 millones, lo que creó un desequilibrio financiero para la empresa de 15 millones de dólares.
Además los bancos internacionales se han negado a girarle a la empresa los $30 millones que requiere para seguir modernizando el Juan Santamaría hasta no tener certeza de que se podrán cancelar esos gastos.
Alterra ha aceptado prácticamente perder esos $15 millones y estamos negociando que aporte otros $12 millones para reiniciar las obras.
A cambio se les extendería el contrato de gestión por cinco años más (en total 25) para que tengan un plazo mayor de recuperación de su inversión.
Algo que si tiene que quedar completamente claro es que el Estado no pagará ninguna compensación económica a la empresa. Simplemente estamos ampliando un contrato
¿Por qué aceptaría Alterra perder $15 millones y además poner otros $12 millones. Son suficientes cinco años para que recuperen la inversión?
Nadie puede asegurar lo que sucederá en el futuro, pero lo que es un hecho real es que el turismo ha crecido a un ritmo mucho más acelerado de lo planificado cuando se firmó el contrato.
Si esta industria mantiene su auge, representa muchas más entradas y salidas por el Juan Santamaría, lo que se traduce en más ingresos para Alterra.
Por otra parte, a la empresa no le conviene rescindir el contrato, pues se trata de una firma internacional y cuando vayan a concursar en otros países y se vea la mala experiencia en Costa Rica esto podría pesar en sus futuras contrataciones.
¿Y los bancos están también dispuestos a girar los recursos que faltan para reactivar la construcción de las obras atrasadas?
En los últimos meses nos hemos avocado a resolver este problema y en ese proceso conversamos con los 20 bancos, que accedieron a ampliar el plazo para conocer el nuevo modelo de costos hasta finales de abril, lo que nos da más tranquilidad para seguir con las negociaciones a buen paso.
Una reciente encuesta señaló que más del 60% de los costarricenses quiere que el aeropuerto «vuelva a manos del Estado», ¿qué opina al respecto?
Creo que es un malentendido de la población, porque el aeropuerto Juan Santamaría nunca ha dejado de pertenecer al Estado.
Hay un gran desconocimiento sobre lo que es un contrato de gestión interesada, y mucha gente tiene el concepto erróneo de que es una privatización.
Este concepto equivocado ha sido impulsado por un grupo de legisladores que se ha dado a la tarea de dar mala fama a este modelo de inversión que ha sido tremendamente exitoso en países como España y Chile, por puras razones políticas.
Debemos recordar que el Estado es socio de Alterra, y que la única función de la empresa es administrar el aeropuerto por una determinada cantidad de años, pero que el personal de aduanas, de policía, de migración y todos los servicios fundamentales, siguen siendo públicos.
Contrato navega en mar de dudas
Transparencia Internacional afirma que hay poca claridad en la manera como se ejecuta el contrato de gestión interesada entre el Estado y Alterra Partners.
Nancy De Lemos A.
La organización Transparencia Internacional advirtió que la ejecución del contrato para la modernización del aeropuerto Juan Santamaría entre el Estado y la firma Alterra Partners, así como la negociación para reanudar las obras paralizadas desde el 2003, tiene poca claridad y a su alrededor surgen muchas dudas.
Roxana Salazar, presidenta de Transparencia Internacional Costa Rica (TICR), dijo a UNIVERSIDAD que «este ha sido un contrato muy complicado y cuestionado, y que a pesar de esto, ninguna de las partes muestra interés por aclarar la situación a la opinión pública».
Por eso, Transparencia envió el pasado mes de febrero una carta tanto a Alterra como al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la que solicitó información acerca de los estados financieros del proyecto, y sobre todo, los pagos que hace Alterra a otras empresas contratadas para construir y fiscalizar obras en la terminal.
Ya había solicitado esa misma información a finales del año pasado, y en ningún caso ha recibido respuesta, afirmó Salazar.
«Hay miles de dudas, cuestionamientos de la Contraloría, denuncias penales y de inconstitucionalidad por parte de diputados y desconfianza entre la gente; lo que queremos hacer es recopilar y analizar la información de manera objetiva para informar a la sociedad la situación verdadera en el aeropuerto»; añadió.
En la carta, TICR solicita los estados financieros auditados de Alterra desde el 2000 hasta la fecha con sus respectivas declaraciones fiscales. También constancia de transferencias de fondos entre Alterra Costa Rica y sus empresas matrices y subcontratistas; y copias de los subcontratos de construcción y de los comprobantes de pago por servicios específicos prestados.
BOLA EN AMBAS DIRECCIONES
La presidenta de TICR indicó que respecto a la carta de febrero anterior, Alterra les respondió con un cuestionamiento sobre la autoridad de la organización para solicitar los datos, mientras que el ministro del MOPT, Randall Quirós, manifestó que había tomado nota de la petición, pero no envió ninguna otra respuesta.
«Alterra nos mandó una nota diciéndonos que quiénes somos nosotros, que quien acredita a la organización para pedir esa información. Además enviaron una carta a nuestra casa matriz, en Berlín, para quejarse de nuestro trabajo y ni siquiera nos enviaron una copia a nosotros en Costa Rica», subrayó.
«La verdad es que entre los dos se tiran la bola, y es comprensible que una empresa privada no quiera revelar datos, pero el MOPT nos dijo que no tenía esa información. ¿Cómo es posible eso si es el socio de Alterra?; si no tiene el dato de los pagos de la empresa, eso es preocupante», agregó.
Para estas negociaciones, apuntó Salazar, nosotros habíamos pedido al presidente Pacheco que en la mesa hubiera un espacio para un representante de la sociedad civil como testigo de honor, y otro delegado de la Defensoría General de la República como garante de los intereses de la población, pero la respuesta a nuestra petición llegó cuando ya habían comenzado las negociaciones y además fue negativa».
DENUNCIAS INTANGIBLES
Según Salazar, aunque no se puede hablar con certeza de una irregularidad por carecer de pruebas, sí hay denuncias que merecen ser investigadas: se trata de dineros que andan circulando por ahí sin mayor control.
Por ejemplo, dijo, «el anterior fiscalizador del proyecto había declarado ante una comisión legislativa que una empresa X había sido contratada por una suma mensual para fiscalizar las obras construidas, pero si las obras están paralizadas desde marzo del 2003 qué está haciendo la empresa, y por qué sigue recibiendo el pago mensual».
«Uno va sumando detalles y se queda asustado. Se ha hablado también de sobrefacturaciones y otras cosas. Se dice mucho, por eso queremos contar con información para rebatir o confirmar esos rumores, pero no la hemos tenido», señaló.
Por eso, aseguraron en Transparencia, el panorama del aeropuerto Juan Santamaría es de «total incertidumbre y preocupación porque no se sabe qué pasará después».
