Sigue debate sobre apertura anticipada de carretera San José-Caldera.

Si en algo coincidieron los exsecretarios técnicos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Luis Diego Vargas y Guillermo Matamoros, durante sus respectivas comparecencias ante la comisión legislativa que estudia las concesiones, realizadas en las últimas semanas, fue en reconocer la debilidad de que adolece la institución para manejar proyectos de la envergadura como la concesión de la vía San José-Caldera.

Vargas dijo a los diputados que cuando asumió el cargo en mayo del 2006 se encontró “una estructura institucional débil, incapaz de asumir una tarea de gran responsabilidad como la que implica ejecutar los primeros grandes proyectos de concesión de obra pública.”
Expuso como un logro de su gestión una reorganización de la entidad mediante la contratación de personal profesional para gestionar los proyectos, obra que según sus palabras “desmanteló” Matamoros, quien lo sucedió en el cargo en marzo del 2008.
Matamoros se sacudió diciendo que él encontró una “estructura de proyectos”, donde se tiene un consultor a cargo de todo lo que es el proceso del diseño del proyecto, y él la cambió a “un esquema de procesos de trabajo, donde el proyecto va a estar bajo la responsabilidad de una dirección del Consejo y de algunos de los funcionarios, los pocos que tenía, para poder darle seguimiento a ese proyecto y poder generar una curva de aprendizaje entre los funcionarios.”

“Aun hoy el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al que se adscribe el CNC) no tiene el músculo para llevar adelante estos procesos de concesión”, dijo Matamoros, quien actualmente labora en la Contraloría General de la República (CGR).

Dijo que durante su gestión hizo un planteamiento para dotar de recursos al CNC, pero por falta de presupuesto no se materializó, y la entidad se quedó con los 36 funcionarios que tenía, la  mayoría personal administrativo.

Al CNC  indudablemente le faltan recursos y es muy poco el aprendizaje que existe a pesar de llevar 12 años caminando con proyectos de concesiones. Le faltan más ingenieros, analistas financieros, abogados con formación no solamente en contratación administrativa, porque no se trata únicamente de esta materia, hace falta gente que conozca de derecho financiero, corporativo, ambiental. Si se le quiere “dar el músculo” a la institución, “necesariamente va a tener que crecer, pero también hay que remunerar bien al personal, porque si uno lo que puede ofrecer son los salarios que el Servicio Civil plantea, es difícil poder contratar personas de cierto nivel y que quieraN quedarse en la institución, que es lo más importante”, señaló.

De otro lado, ante las insistentes preguntas de diputados de oposición, tanto Vargas (sobrino del ministro de la Presidencia Marco Vargas) como Matamoros negaron haber recibido presiones de alguna autoridad política en las decisiones que tomaron en las negociaciones con Autopistas del Sol, concesionaria española de la vía San José-Caldera.

En relación con cuestionamientos que han hecho algunos testigos ante la comisión respecto de una supuesta complacencia con la concesionaria, a la que se habrían reconocido precios abusivos, Vargas alegó que la renegociación realizada en su período tuvo justificación técnica y recibió aprobación de la CGR.  

No obstante, admitió que en un análisis de “costo-beneficio” de la posibilidad de cancelar la concesión, en vista del atraso que había en la orden de inicio de las obras, se analizaron aspectos como el costo económico que tendría para el país descartar la concesión. Por ello se decidió renegociar y seguir adelante con el contrato, descartando la “idea peregrina” que había de que el Estado construyera la obra, cosa que en su criterio este no está en capacidad de hacer.

Ante preguntas de un diputado, Vargas atribuyó al directorio del CNC, presidido por Karla González, entonces ministra del MOPT, la decisión de eliminar el órgano de fiscalización del contrato que existía inicialmente. Asimismo, la decisión de suspender el cobro de multas a la concesionaria, aunque aclaró que fue por recomendación suya, considerando que hubo error por parte de personal intermedio del CNC en el procedimiento que dio origen a los cobros.

DEFICIENCIAS

En otra parte de sus declaraciones Vargas afirmó que es preocupante cómo se manejó en el CNC posteriormente a su salida las responsabilidades de la gerencia del proyecto. También mencionó “las injustificadas deficiencias en el inicio de operación de la concesión San José-Caldera.”  Deficiencias que en su criterio “son inicio de un debate público ciertamente necesario y oportuno, que tiene su mejor escenario en esta comisión legislativa especial; no obstante ello, los primeros pasos de este debate público distan mucho de ser un debate constructivo y basado en el conocimiento y el estudio que requiere el análisis de temas complejos, jurídica, política y técnicamente”, consideró.

En cuanto a la comparecencia de Matamoros, este negó que fuera por presión política que se anticipó antes del plazo previsto la puesta en servicio de la carretera San José-Caldera, el pasado 28 de enero. Sostuvo que fue a solicitud de la concesionaria que se autorizó la puesta en servicio, y luego de recibir los respectivos informes técnicos, que indicaban que la vía cumplía los requerimientos de funcionalidad, confort y seguridad previstos.

Una crítica insistente que se ha ventilado durante las audiencias, es que la comisión de puesta en servicio hizo la inspección final y entregó los informes que autorizaban la apertura de la obra el 27 de enero, día en que el presidente Arias hizo la inauguración oficial de la vía. La puesta en servicio se autorizó el día siguiente.

Matamoros dijo no tener conocimiento de un documento que le mostró el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, según el cual es una prueba de que no fue la concesionaria la que solicitó la puesta en servicio.

Se trata de una nota fechada el 14 de diciembre del 2009, dirigida al mismo Matamoros, en la que el director general de Autopistas del Sol, Cristian Sandoval, señala una serie de condiciones para poner en servicio la obra de manera anticipada. Según Villalta, si hubiera sido la empresa la que pedía anticipar la inauguración, no estaría poniendo condiciones.

En opinión del diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, pese a lo dicho por el exsecretario técnico, el contrato “es clarísimo” en cuanto a que la obra no se podía poner en operación en las condiciones en que estaba, con obras sin terminar.

El convenio complementario dice que “…la autorización de la puesta en servicio provisional no se podrá otorgar si existen obras incompletas o defectuosas de tal magnitud que puedan poner en peligro la integridad de los usuarios o afectar de manera significativa la operación fluida y la seguridad vial de las carreteras”.  Sin embargo, se puso en operación, le costó la vida a una costarricense y no pasa nada, reclamó Oviedo.

El diputado Villalta dijo que lo que más le llamó la atención de la exposición de Vargas, fue que reconociera que en las negociaciones con la concesionaria el Estado tenía un margen de maniobra muy reducido.

“Él nos habló que el no hacer el proyecto bajo este esquema implicaba un costo de $50 millones.

Al final, las modificaciones que se le hicieron al contrato significaron un incremento adicional de $50 millones, más las modificaciones a las tasas de descuento que implicaron ingresos adicionales para el concesionario de $72 millones o más, según dijo aquí (el exgerente del proyecto) Stephan Brunner;  entonces la obra salió más onerosa bajo este esquema en que se hizo”, anotó Villalta.

Del lado oficialista, el diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez dijo tras la comparecencia de Matamoros que queda muy satisfecho, porque se ha explicado bastante la concesión de esta carretera, el tema de la apertura y los problemas que se han suscitado luego de la apertura.