Estudiantes de las cuatro Universidades Públicas marcharon la mañana del 7 de octubre, desde la UCR y hasta la Asamblea Legislativa para oponerse al recorte presupuestario.
El recorte presupuestario promovido por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, llevaría a que la Universidad de Costa Rica (UCR) no pueda abrir el próximo año 315 nuevos grupos, lo que afectaría directamente al menos a 2406 estudiantes.
Este es el cálculo hecho por la casa de estudios superiores, tomando como base la denominada megamoción del legislador Solís, que pretende disminuir un 5% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo que equivale a ¢20.500 millones, de los cuales aproximadamente ¢11.500 millones le serían asignados a la UCR.
Esto provocó que estudiantes, docentes y autoridades universitarias marcharan el pasado 7 de octubre, hasta la Asamblea Legislativa, en conjunto con representantes de la Universidad Nacional, Tecnológico de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia.
Si bien, la propuesta de Solís fue votada negativamente por los integrantes de la subcomisión de presupuestos de la Asamblea Legislativa el pasado lunes 29 de setiembre, el congresista no descarta presentarla de nuevo, pero esta vez en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Paralelamente, la bancada de la Unidad Socialcristiana presentó una moción en la que se incluye un recorte de hasta el 3% del FEES.
Tomando como base la disminución promovida por el diputado del PAC, la Universidad estima que dejará de invertir específicamente ¢1.906 millones en docencia, dando al traste con la apertura de nuevos grupos.
El rector de la UCR, Henning Jensen calificó como ocurrencias las propuestas de recorte de los diputados: “si la Asamblea tiene el propósito de hacer recortes debió hacerlo con análisis sistemáticos y serios, y no como se ha hecho hasta el momento que parece responden a ocurrencias”.
No obstante, los argumentos no conmueven a los diputados de la Comisión de Hacendarios, que están empeñados en reducir los gastos del presupuesto.
“Me sentiría muy mal si disimulo que hay un déficit fiscal del 6,7% del PIB (Producto Interno Bruto) y voto el presupuesto sin dar pelea”, afirma seguro el diputado de Acción Ciudadana, Ottón Solís.
La tesis de los legisladores es que el déficit fiscal tiene dos soluciones, se recorta el gasto o se imponen nuevos impuestos. Por ahora, aumentar la carga tributaria está lejos de ser una realidad.
“Las mismas universidades se opusieron al Plan Fiscal promovido por la administración anterior, entonces ¿Cómo se resuelve la ecuación fiscal?, o creen que se va a arreglar sola”, argumentó Ottón Solís.
Pero, de prosperar el recorte promovido al seno de la Asamblea Legislativa, las autoridades universitarias consideran que frenarían las capacidades de afrontar los acuerdos ya establecidos.
“Cercenar la posibilidades de hacerle frente a los compromisos tiene roces constitucionales”, aseveró Jensen, rector de la UCR.
En el análisis de la UCR también se asegura que la implementación de las reformas al Reglamento de Becas y Atención Socioeconómica, que tuvo un costo de ¢2.746 millones, sería congelado.
Específicamente, la partida para vida estudiantil tendría una reducción de ¢1.517 millones, según el cálculo universitario.
Esto es algo que el sector estudiantil universitario no está dispuesto a negociar. La vocera de la Federación de Estudiantes de la UCR, Katherine Gutiérrez, calificó la propuesta de recorte como un “ataque directo a las Universidades”.
EFECTO DOMINÓ
La reducción del aporte estatal para el financiamiento de las Universidades Públicas tendría un impacto negativo tangible a corto plazo. Al menos ese es el principal argumento de las autoridades universitarias en contra del plan de disminución de gasto de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios para el presupuesto ordinario del próximo año.
Las metas de crecimiento en la matricula y fortalecimiento del sistema de becas son parte de los programas que no podrían desarrollarse plenamente en el 2015 de prosperar la reducción del presupuesto, auguran las autoridades universitarias.
Pero aunado a eso, la inversión en compra de nuevo equipo tecnológico y científico también sufriría un severo golpe. La UCR dejaría de invertir cerca de ¢2.095 millones en estos rubros de reducirse el FEES en un 5% como máximo.
Al mismo tiempo, las Universidades deben honrar el fideicomiso firmado con el Banco de Costa Rica para la construcción de mega proyectos de infraestructura. Con estos fondos se desarrolla la construcción del nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Sociales. Pero la partida de megaproyectos perdería ¢2.613 millones. Asimismo habría una rebaja de ¢600 millones para el mantenimiento de la infraestructura universitaria.
La reducción del aporte estatal para la educación superior asimismo genera, a consideración de las autoridades universitarias, un efecto dominó que impacta aunque el recorte sea mínimo.
El Quinto Convenio FEES fue firmado en el 2011, por representantes de las casas de enseñanza superior y autoridades del gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, y financia a las universidades estatales que integran el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y tiene como meta alcanzar los ¢410.000 millones el próximo año.
Por esta¡ razón el rector de la UCR, Henning Jensen, considera que el incumplimiento del acuerdo del 2011 pondría en serias dudas la negociación del nuevo FEES, que iniciará el próximo año. “Entraríamos en condiciones difíciles, incluso precarias”, espetó Jensen.
LA RUTA
El lunes 6 de octubre, los liberacionistas retiraron una moción que había sido aprobada en la subcomisión de presupuesto y que buscaba recortar en hasta 5% todas las partidas de gasto estatales, así como el recorte adicional al FEES y al Patronato Nacional de la Infancia. Con la medida se pretendía un ahorro de más de ¢180 mil millones.
Ahora mediante otras dos mociones los legisladores planean recortar las finanzas institucionales y de los ministerios. Además se suma una propuesta del Ejecutivo.
La iniciativa más ambiciosa proviene del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que busca una disminución de más de ¢317.000 millones.
Rosibel Ramos, diputada de la Unidad Socialcristiana afirmó: “Queremos fortalecer las universidades pero que los administrativos no hagan fiestas con la plata del pueblo”. La socialcristiana aseveró que con del dinero del FEES el año pasado se giraron más de ¢4.000 millones para viajes al exterior.
El diputado de Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, presentó el 23 de setiembre la denominada “megamoción”, que pretendía un ahorro de ¢307.000 millones del presupuesto nacional.
La propuesta del diputado Solís Fallas fue desestimada el lunes 29 de setiembre, aunque ahora el legislador asegura que la intentará revivir en el transcurso de la semana.
Incluso el Poder Ejecutivo cedió ante la presión de los diputados y varió su postura inicial con respecto a la partida de gastos. Hacienda bajó el presupuesto en ¢221.000 millones. Aunque el mandatario Luis Guillermo Solís aseguró que se le debería garantizar el financiamiento adecuado a las universidades públicas.
Al cierre de esta edición, en la sesión del martes 7 de Octubre se discutirían algunas de las mociones presentadas por los diputados en el seno de la Comisión de Hacendarios.
Planes afectados
Estos son los principales rubros que serían afectados en la UCR si llegara a fructificar la propuesta del diputado Ottón Solís en la Comisión de Asuntos Hacendarios, según cálculos de la Oficina de Planificación de Planificación Universitaria de esa universidad.
Fuente: Rectoría UCR.
Henning Jensen, rector UCR:
“En el futuro mejor negociamos con los diputados”
¿Por mínimo que sea el rebajo en el FEES habrá impactos negativos?
-Es que el acuerdo tomado en la comisión de enlace ya se consideraba la situación fiscal del país. Nosotros hicimos una propuesta ajustada a la realidad y fue aceptada por el gobierno, es que no presentamos una propuesta excesiva, más allá de las necesidades y planes definidos.
¿Cuáles son las necesidades de desarrollo?
-No son necesidades egoístas, si no definidas por las líneas prioritarias y de mayor necesidad en el crecimiento de nuestro país. Nosotros tenemos que invertir en todos los ámbitos de educación para tener un impacto en la producción nacional, de lo contrario nos quedaríamos rezagados.
Pero ¿Hay algún margen en el presupuesto ordinario de la Universidad en donde se pueda recortar?
-Primero hay que hacer un análisis de los compromisos adquiridos. Nosotros tenemos el FEES y el presupuesto ordinario, que ejecutamos casi al 100%, esto es algo que tenemos que transmitir con claridad a la opinión pública, porque se ha dicho expresamente que somos ineficientes en la ejecución de nuestro presupuesto.
¿Qué pasa entonces?, ¿Por qué se percibe lo contrario?
-Es que tenemos también ingresos adicionales pero todos esos ingresos ya tienen fines específicos, que están definidos por objetivos de proyectos de investigación o por servicios que damos al país.
Entonces no hay nada que se pueda recortar…
-Por poner un ejemplo, la Universidad hace investigaciones para garantizar la calidad de las semillas o el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos animales, o certificamos la calidad de combustibles. En esas cosas el Estado podría decirnos que no necesita tanta investigación.
Estamos hablando de consecuencias…
-Cualquier decisión va a tener implicaciones que van a impactar la calidad de vida de una u otra manera. Si el Estado quiere ahorrar debe evaluar anticipadamente los efectos que esas medidas van a tener. Todas esas decisiones sin duda alguna nos lanzarían algunos pasos atrás en nuestro desarrollo social.
De mantenerse la postura de rebajas a las finanzas Universitarias, ¿Podría considerarse esto como una provocación de cara a las negociaciones del nuevo FEES?
-Estamos en una situación delicada. La Constitución Política dice que el financiamiento de las Universidades se hace mediante una negociación con el Gobierno no con la Asamblea Legislativa, por lo que nos provocaría que en el futuro mejor negociamos con los diputados, ya que ellos serán los que decidan pero eso no es técnica ni políticamente viable, es más bien una afrenta, es un golpe seriecísimo sobre la autonomía universitaria.
Insisto con lo anterior ¿Llegarían las autoridades Universitarias con desconfianza a la nueva negociación?
-Entraríamos en condiciones difíciles, incluso precarias. Es que no habría seguridad política ni jurídica sobre los acuerdos que nosotros podríamos tomar con el nuevo FEES, que regiría para el próximo quinquenio.
Rolando González, diputado PLN:
“No todo lo que presupuestan las Universidades es indispensable”
González habló con Universidad el pasado 2 de Octubre, pocos días antes de quitar la moción aprobada en el seno de la subcomisión de asuntos hacendarios. A continuación un extracto de lo conversado.
¿Por qué reducir el presupuesto de las Universidades Públicas?
-Es que sobrepasa las capacidades del país. Si cada uno de nosotros en su institución proyecta que se le dé el ciento por ciento de lo que requiere no hay presupuesto que aguante, y decir que la educación superior que tiene esa condición especial, no debe aportar a la reducción del gasto, me parece que es una afirmación precipitada. Mientas que aquí hablamos de discutir para llegar a una conclusión, algunos sectores universitarios ya hablando de una presencia callejera para impedir cualquier tipo de recorte y acá el tema no es quien tenga más fuerza en la calle o en la curul, si no quien contribuya patrióticamente a que el déficit no crezca. Partimos de que no hay que repetir errores del pasado y de que no hay que excluir instituciones.
Existe algún riesgo de generar un desbalance en las finanzas de las Universidades.
-No es justo, ni objetivo que una rebaja de un 1% al FEES atenta contra la educación superior, atenta y se cuestiona el uso razonable de los recursos públicos que se le dan a las Universidades.
¿No le preocupa el desgaste que provocan las pretensiones por reducir el presupuesto de las Universidades Públicas?
-Yo le hago una pregunta fácil, ¿Todo lo que presupuestan las Universidades es indispensable?, le garantizo que no. No hay ninguna institución que pueda sostener que todos sus presupuestos son indispensables. La tesis de nosotros es proponer un monto de rebaja pero que sean los jerarcas quienes definan en qué se da la disminución. No pretendemos que la Asamblea administre Universidades, si no que el presupuesto se aplique a la realidad del país.
Pero el Convenio del FEES se firmó y de acuerdo a las Universidades quebrantarlo provocaría una inconstitucionalidad.
-Tendríamos que entonces rendirnos ante el hecho de que un presupuesto negociado queda convertido en una norma pétrea, puede que tengan razón. Pero en buen sentido común, en un país que hace aguas fiscalmente invocar ese criterio es darle la espalda a una realidad en la que todos debemos ayudar.
Posteriormente a quitar la moción, el diputado González habló con el semanario.
¿Por qué hubo un cambio de criterio?
-Tuvimos una serie de contactos en primer lugar con la rectora de la UNA, Sandra León y conversaciones con otros rectores, y finalmente un intercambio con dirigentes de la juventud liberacionista, nos compartieron algunos efectos del recorte en materia de beneficios para los estudiantes. Ante esa argumentación consideramos oportuno suspender nuestra iniciativa para rebajas en el FEEES, concentrarnos en el presupuesto como un todo.
¿La moción presentada inicialmente fue precipitada?
-Precipitada no, acordes con una realidad de interpretación en el escenario en que nos movemos, y complementadas con el punto de vista de otras instancias, no se ha perdido la oportunidad de abrir un debate nacional que no se ha generado.
En la calle por el FEES
Desde el jardín del Castillo Azul en la Asamblea Legislativa, el diputado de Acción Ciudadana Ottón Solís tomó el micrófono en frente de la multitud que asistió a la manifestación en contra de los recortes al presupuesto universitario.
Solís intentó explicarles a los estudiantes y trabajadores de las Universidades Públicas que el recorte no afectaría el crecimiento de las finanzas. “Que se garantizaba mayores recursos para las casas de enseñanza superior”, aseguró.
Pero lejos de lograr apaciguar los ánimos, los abucheos e improperios aumentaron con cada palabra. Ottón Solís recibe así la respuesta a su iniciativa de reducir la partida que destina el Gobierno al financiamiento de las Universidades Públicas.
“Me gritan, y yo no respondo a los gritos, ataques y mentirillas”, consideró en su momento Solís.
Desde el pretil de la Universidad de Costa Rica y hasta la Asamblea Legislativa, durante algunas horas de la mañana y tarde del martes 7 de octubre, las calles se fueron colmando de estudiantes, funcionarios, docentes y autoridades de las cuatro Universidades Públicas, que protestaron en contra de los recortes impulsados en la Asamblea Legislativa al FEES.
“La autonomía universitaria sufre una nueva afrenta”, espetó el rector de la UCR, Henning Jensen, y pasadas las 10 de la mañana dio por iniciada la marcha, que durante al menos dos horas recorrió las principales calles de Montes de Oca y San José, hasta llegar al edificio de la Asamblea Legislativa.
La marcha colorida, amplia y concurrida unificó a las Universidades Públicas en una sola voz. La consigna es la misma y la lucha continuará hasta que las mociones que intentan recortar finanzas a las Universidades sean retiradas del Plenario, aseguran los líderes estudiantiles.
La jornada de protesta transcurrió con normalidad, hasta pasado el mediodía los manifestantes se mantenían rodeando el Congreso de la República, mientras que dentro del Castillo Azul, los rectores y líderes estudiantiles, de las casas de enseñanza superior, se reunían con diputados de diferentes fracciones.
El encuentro es parte de los esfuerzos para frenar el rebajo al financiamiento de las Universidades Públicas. Ya la fracción liberacionista desistió de impulsar recortes en el presupuesto universitario, por el contrario los de la bancada de la Unidad Socialcristiana y el diputado de Acción Ciudadana Ottón Solís insisten en la necesidad de recortar el gasto en las Universidades Públicas.
