Recrudecen reclamos tras inspección de Sala IV en Crucitas

Exigir la nulidad de la diligencia y la recusación de los magistrados es una posibilidad que se baraja por parte de los recurrentes, tras

Recurrentes valoran pedir nulidad de la diligencia judicial y recusación de los magistrados.

Exigir la nulidad de la diligencia y la recusación de los magistrados es una posibilidad que se baraja por parte de los recurrentes, tras los cuestionamientos de éstos por la presunta parcialidad de los dos magistrados de la Sala Constitucional durante la inspección ocular que hicieron el pasado 11 de setiembre en el controvertido proyecto minero de las Crucitas, en San Carlos.

El reconocimiento judicial en los terrenos de la mina, propiedad de la transnacional canadiense Industrias Infinito Gold S.A., formó parte del procedimiento para resolver una serie de recursos de amparo, más de diez, interpuestos contra el decreto ejecutivo que declaró de “interés nacional” el proyecto en octubre pasado, y que lo tienen paralizado desde entonces.
En contraste con la satisfacción de los magistrados Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada por el éxito del reconocimiento, manifestada al final en una conferencia de prensa, representantes de las organizaciones recurrentes denunciaron “prepotencia” de los funcionarios judiciales y desigualdad del trato dado a ellos y a los representantes de la compañía.
Incluso una decena de abogados y dirigentes presentaron en el mismo lugar un recurso de Hábeas Corpus contra la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por haber impedido el paso por una calle pública que llega a la propiedad de la empresa. Ahora están valorando la posibilidad de enderezar el recurso también contra los propios magistrados, por haber estado ellos a cargo de situación en el lugar, dijo Edgardo Araya.
Araya, abogado de la organización ecologista Unión Norte por la Vida (Unovida), fue quien interpuso en octubre pasado el primer recurso de amparo que detuvo la tala de árboles que estaba haciendo la empresa, luego que el Poder Ejecutivo decretó de “interés nacional” el proyecto como medio para salvar obstáculos legales que tenía la iniciativa.
Entre los que protestaron por el trato recibido de parte de los funcionarios judiciales estuvieron los diputados José Merino (del Frente Amplio), Marvin Rojas y Lesbia Villalobos (del Partido Acción Ciudadana), a quienes en un primer momento se les quiso impedir el paso, y tuvieron que apelar directamente a los magistrados para que les autorizaran su presencia en el recorrido. En el plenario legislativo estos diputados hicieron luego uso de la palabra para protestar por el irrespeto a su investidura, y recibieron expresiones de solidaridad de algunos otros colegas.
Como parte del proceso participaron en la inspección los recurrentes, representantes de la empresa, el ministro de Ambiente Jorge Rodríguez y el abogado de esa institución, Fabián Volio, entre otros funcionarios.
El  Frente de Oposición a la Minería de Oro de la Zona Norte, integrado por organizaciones ecologistas, campesinas y otras, denunció que hubo “parcialidad y prepotencia” de parte de los magistrados, que escucharon a los representantes de la empresa, pero callaron a los recurrentes, aseguró. Sin embargo, resaltó como positivo la movilización de los cientos de personas de la región y otras partes del país que llegaron a manifestarse contra la minería.
En una reunión celebrada el domingo último para discutir los pasos por seguir de ahora en adelante, las organizaciones del frente convinieron en celebrar una serie de foros para divulgar información sobre el caso de la minera, así como crear comités en las comunidades para dar seguimiento a la movilización, dijo Jeaneth Rojas.
Según Felipe Ramírez, vecino de Moravia de Cutris y miembro del Frente, la actividad del 11 de setiembre en las Crucitas demostró “el rechazo contundente del proyecto minero en las mismas comunidades aledañas, a pesar de las campañas millonarias y los ofrecimientos de la empresa a los vecinos.”
Lorenzo Cambronero, dirigente de UNAG (Unión Nacional Agrícola), también miembro del Frente, consideró que la diligencia judicial se programó y realizó según los intereses de la empresa, al punto de que se obligó a los recurrentes y sus abogados a recorrer a pie los 3,5 km del camino, mientras los magistrados y los representantes de la compañía viajaban en cómodos y espaciosos vehículos.
Dijo que la parcialidad llegó al extremo de que se bloqueara sin  justa causa el ingreso de los participantes impidiendo el libre tránsito por el camino público que los vecinos han usado toda la vida. Esto motivó que los abogados y otras personas que tomaban parte en la diligencia presentaran verbalmente a los magistrados un recurso de Hábeas Corpus por la violación a la libertad de tránsito.
Miembros del Frente denunciaron intimidación por el despliegue de 40 antimotines de la Fuerza Pública que llegaron desde la víspera, por los policías que impidieron el paso y fueron vistos custodiando instalaciones dentro de la empresa, junto a agentes privados fuertemente armados. Asimismo, hubo unidades de la policía política de la DIS, que estuvieron filmando a los manifestantes.
 “La gente aquí está indignadísima, porque fue un claro atropello al derecho que tienen las personas de defenderse”, dijo Heidy Murillo, presidenta de la Federación Costarricense para la Defensa de la Naturaleza (FECON), al valorar el resultado de la inspección judicial.
Aseguró que el asunto empezó mal desde el momento en que no les dejaron acreditar técnicos en la inspección, para dejar constancia sobre cosas que les interesaba destacar, además de que se dio una imposibilidad de “hacer observaciones sin que nos regañaran.”
Según Murillo, lo que dijo el magistrado Mora a la prensa, de que no se trataba de una audiencia para oír a las partes, sino de una inspección de los jueces para constar lugares que están en el expediente, “fue algo que se cumplió para nosotros, pero no para la minera.”
Relató que la regente ambiental del proyecto, Sandra Arredondo, “anduvo todo el camino explicando y explicando a los magistrados, y probablemente ellos le preguntaban, porque él (Mora) decía: si nosotros preguntamos ustedes contestan. Pero a nosotros no nos preguntaban nada.”
La regente ambiental es de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), pero es pagada por la empresa, de acuerdo con lo que dispone la ley, cuando se supone que debería ser garante de que las cosas se hagan bien. Las leyes están hechas así, lamentó Murillo.

REVUELO

La forma como se realizó la diligencia “causó un gran revuelo y sirvió para abrirle los ojos a un montón de gente que todavía cree que se puede rescatar algo de esos magistrados”, aseveró Murillo.
Según la dirigente ambientalista, lo que la Sala diga sobre el decreto de conveniencia nacional no es lo definitivo, pues hay otros procesos abiertos, incluso uno por la vía contencioso administrativa, relacionado con el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.
Por su parte, Edgardo Araya dijo que está esperando que salga el acta del reconocimiento judicial, para valorar si pide la nulidad y exigir que se haga de nuevo la diligencia, pero con las garantías procesales de igualdad para todas las partes. “Por muchísimo menos que eso hemos visto que se anulan asuntos judiciales”, afirmó.
La nulidad se pediría por violación al derecho de defensa. “En mi caso, el ejercicio de la defensa material se vio limitado. Por no tener un itinerario claro de qué era lo que íbamos a visitar, llegué tarde a varios puntos del reconocimiento, por lo cual no hubo posibilidad de que se consignara en el acta, además de que no había ningún tipo  de discusión”,  afirmó.
El abogado explicó que “el chiste” de un reconocimiento judicial es que las partes puedan señalarle al juez y queden incorporados en el acta y se fotografíen los puntos que a la parte le parece importante que queden consignados.
Pero “eso se negó desde el momento en que no hubo claridad hacia donde íbamos, y yo por mi parte llegué tarde a dos puntos de reconocimiento de los que más me interesaba, que era el lugar donde estaba parqueada la madera y una parte donde hubo tala.”
Añadió que la misma Sala Constitucional ha dicho que un principio fundamental del debido proceso es la igualdad entre las partes, y que las partes puedan ejercer libremente el derecho de defensa.
Dijo que  varios abogados de los que estuvieron allí van a poner una denuncia ante el Colegio profesional, por el maltrato y el irrespeto de fueron víctimas.
Asimismo, valoran la posibilidad de recusar a los magistrados para pedir que se aparten del conocimiento del recurso de amparo, por la parcialidad que se vio durante la inspección, como la conferencia de prensa que dieron en las instalaciones de la empresa, donde había letreros de ésta y hasta una camiseta distintiva al frente de la mesa.

 

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