Red de caza de votos del PLN está “metida” en 10 instituciones públicas

Encuentro del gremio agropecuario del sector público realizado en Pérez Zeledón, a mitad del mes de setiembre. (Imagen: Sector Público PLN)En al menos 10

Encuentro del gremio agropecuario del sector público realizado en Pérez Zeledón, a mitad del mes de setiembre. (Imagen: Sector Público PLN)

En al menos 10 instituciones públicas, el Partido Liberación Nacional (PLN) ha logrado consolidar las denominadas “redes solidarias”, que buscan catapultar al candidato presidencial oficialista, Johnny Araya Monge.

La semana anterior, UNIVERSIDAD informó acerca de la existencia de una estructura de trabajo dentro de instituciones públicas, tendiente a atraer votos a las tiendas liberacionistas, a cambio de “un fortalecimiento de los funcionarios que logren llevar a la presidencia a Araya”.

Es por esto que las redes solidarias están presentes en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Ministro del Deporte y la Recreación, de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, Relaciones Exteriores, la Asamblea Legislativa, la Universidad de Costa Rica (UCR), Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

Según el cronograma propuesto por la organización sectorial, el 15 de enero deberán estar formadas y consolidadas todas las estructuras diseñadas para “alcanzar un triunfo categórico, que coloque al partido en una posición de ventaja ante un nuevo gobierno”.

Para Óscar Izquierdo, coordinador de la organización sectorial no estatutaria de la campaña del PLN, los objetivos se han rebasado; “hemos hecho varias sesiones de trabajo y cada día va más gente”, aseguró a UNIVERSIDAD.

“Arrancamos con un grupo y lo hemos venido multiplicando; no le puedo decir con exactitud cuántos son”, agregó Izquierdo.

MIEMBROS DE LA RED

La estructura de la red solidaria del sector público es variopinta; está conformada por asesores de ministros, directores ejecutivos de gerencias, jefes de departamentos en ministerios, además de asesores legislativos.

Dentro de ellos destacan David Barboza, asesor de la presidencia ejecutiva del ICE, quien además estuvo involucrado en el escándalo por el uso de un helicóptero, para trasladar al exjerarca Pedro Pablo Quirós a actividades personales.

Mientras tanto, el jefe del Departamento Diplomático en la Dirección General de Servicio Exterior, Ubaldo García, también forma parte de las denominadas redes solidarias. Él fue nombrado en una plaza de jefatura en la Cancillería desde el pasado 1 de febrero.

En la lista de funcionarios miembros de la red, también destacan Johnny Vargas −quien es uno de los dos asesores del Ministro de Deportes y la Recreación, William Corrales−, el asesor del diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez −Edwin Arias−, Iliana  Arce −docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y Desiderio Mora −asesor en la Gerencia General del AyA−.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de estos funcionarios públicos, pero se informó que toda la información sería canalizada a través de Rolando González, gerente de la campaña liberacionista, a quien se le  solicitó el listado completo de funcionarios que participan en la red activamente; no obstante, al cierre de edición (martes 29 de octubre) no se obtuvo la respuesta de González.

EFECTO MULTIPLICADOR

Las redes solidarias del sector público buscan aportarle a Johnny Araya al menos 50.000 votos en los comicios de febrero próximo. La logística se estructura en una labor de pirámide, por medio de la cual se busca ensanchar las bases.

Para ello, cada persona afín a la propuesta arayista y que participe en las convocatorias, debe llevar a próximas reuniones 10 personas nuevas, entre compañeros de trabajo y familiares.

Esto es catalogado por Óscar Izquierdo, como un “efecto multiplicador”. “Es un crecimiento en donde efectivamente se busca a las personas compañeros de trabajo, se busca gente y los van trayendo para que hagan un planteamiento y colaboren en la campaña”, puntualizó.

Así fue como Rafael Segura, del sector agropecuario, ingresó a dicha red solidaria −según mencionó−, “luego de la invitación de una amistad cercana al partido oficialista”.

Segura aseveró que en su red hay representados sectores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Consejo Nacional de Producción, e Instituto Nacional de Desarrollo Rural.

Dijo desconocer cuántas personas están ligadas al movimiento, aunque reveló que en su área recientemente realizaron una actividad en la zona sur del país y participaron hasta cerca de 300 personas.

Para Izquierdo, los funcionarios públicos que participan en las actividades son movidos tan solo por la ilusión de transformar y beneficiar al país, y ninguno recibe nada a cambio. Esto lo expuso a pesar de que la red solidaria dispone como objetivo secundario: “Apoyar y fortalecer a todos los miembros ACTIVOS del Sector Público del PLN en la Administración 2014-2018”.

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dispone en el artículo 146 del Código Electoral, la prohibición a funcionarios públicos para realizar actividades proselitistas durante su jornada laboral, así como destinar fondos públicos para ese fin.

“El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años, a los funcionarios que infrinjan dicha norma”, concluye el artículo.


FA quiere esclarecer operación de la red de votantes

El Tribunal Supremo de Elecciones no actuará de oficio, a pesar de la suspicacia que provoca la conformación de una red de funcionarios públicos afines al Partido Liberación Nacional (PLN), dedicados a captar votos en favor de la candidatura de Johnny Araya Monge.

En apego al Código Electoral, el TSE esperará, según como dicta la norma, a que algún ciudadano o partido político se acerque a presentar la denuncia en contra del PLN.

Ante ello, el Partido Frente Amplio (FA) presentará en el transcurso de esta semana un recurso de amparo electoral, con el fin de que se esclarezca si la estructura del PLN dentro de al menos 10 instituciones públicas, viola o no el capítulo 8 del Código Electoral, en donde se establece las posibles denuncias por parcialidad o beligerancia política.

El presidente del sindicato Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC), y aspirante a una curul por FA en representación de la provincia de San José, Jorge Arguedas, calificó al TSE de complaciente.

“Esto es una prueba para el Tribunal, a ver dónde está su autonomía. Imagínese si todos los partidos tuvieran sus estructuras en las instituciones; la gente está en su derecho, mas no debería organizarse por instituciones”, reprochó Arguedas.

Además mostró su preocupación por el uso de bienes públicos para favorecer a candidatos, pues “ellos usan teléfonos y correos institucionales, al menos en el ICE, y todo eso cuesta plata”.

El sindicalista alegó que las estructuras partidarias dentro de las instituciones públicas debilitan el servicio que brindan al usuario y afectan el desarrollo laboral de las personas no afines a los partidos oficialistas, ya que “si hay un ingeniero bueno, prefieren al mediocre si es verde”.


Sector público del PLN saldrá a las calles

Las redes solidarias del sector público PLN se echarán un pulso el próximo jueves 21 de noviembre, cuando realicen una concentración a favor de la candidatura del exalcalde de San José, Johnny Araya Monge.

La convocatoria está hecha para las 5 de la tarde de ese jueves, y si bien el lugar está por definir, ya entre ellos están claros en que no podrán usar instituciones públicas, como gimnasios de escuelas y colegios.

Las empresas que se contraten para atender las necesidades de dicha concentración deberán estar inscritas como proveedoras del PLN.

El sector público se organiza para dar la divulgación necesaria, así como para contar con transporte y la organización de un acto cultural.

Desde ahora se estructura el seguimiento en instituciones como el ICE, MOPT, CCSS, Minae, el sector agropecuario y las redes solidarias, sumado a grupos regionales provenientes de San Ramón, Palmares, Grecia, Heredia, Alajuela, Cartago y Puriscal.


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