Perjuicio económico suma $2,9 millones hasta la fecha, según demanda presentada por expresidente de Recope.
Refinadora tiene congelados $50 millones en Soresco
El proyecto para construir una refinería petrolera en conjunto con el Gobierno de China está paralizado desde hace 11 meses y provoca un perjuicio financiero mensual por casi $250.000 (unos ¢140 millones) a la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).
Ese es el monto que Recope paga por los intereses mensuales de una deuda para construir obras que habrían podido ser financiadas con recursos propios si no hubiera existido el negocio de la nueva refinería.
La iniciativa fue congelada el pasado 20 de junio del 2013, cuando un informe de la Contraloría General de la República (CGR) objetó el estudio de factibilidad que justificaba la construcción de una refinería de petróleo en Moín, Limón, cuyo costo final se estimó en $1.500 millones.
La idea de construir una refinería en conjunto con China surgió durante la administración Arias Sánchez (2006-2010) y se materializó en una empresa que fundaron en conjunto Recope y China National Petroleum Corporation International (CNPCI).
La empresa conjunta se llama Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A. (Soresco S.A.); en ella, cada socio aportó $50 millones.
Desde junio de 2013, Recope tiene paralizados estos recursos de inversión. Como no puede disponer de estos $50 millones para otros proyectos y desde hace 11 meses la empresa conjunta está inactiva, este capital se considera un gasto financiero.
Para calcular este perjuicio, la refinadora costarricense tomó como referencia los intereses que debe pagar por unos bonos emitidos en su Serie A1. Estos bonos fueron emitidos en diciembre de 2012 con una tasa de interés del 5,8%.
“Si los recursos estuvieran en poder de Recope, estos se aplicarían directamente a otros proyectos de inversión y, por lo tanto, la empresa no hubiera tenido que endeudarse para financiar esos proyectos, como en la práctica ha sucedido”, asegura el expresidente de Recope, Litletton Bolton.
En total, hasta la fecha Recope tuvo un perjuicio financiero de $2,9 millones a causa de tener paralizado el capital dentro de la empresa conjunta con la CNPCI.
Así lo reconoció Bolton en un pedido de medida cautelar, presentado el pasado 2 de mayo en contra de la CGR
Según la actual Presidenta Ejecutiva de Recope, Sara Salazar, los $50 millones que aportó Recope a Soresco S. A. se tomaron de fondos propios de la Tesorería de la empresa. Este aporte de capital fue completado en febrero de 2013.
“Si no hubiera existido el contrato con China y no se hubiera constituido Soresco –que implica $50 millones que tiene que poner Costa Rica y $50 millones China–, esos $50 millones que Recope desembolsó para entrar al negocio de Soresco se hubieran podido utilizar en la construcción de esas obras que están siendo construidas con una emisión de bonos”, apuntó Salazar.
Apenas tres meses antes de completar el aporte a Soresco, el 5 de diciembre de 2012, Recope emitió bonos estandarizados para captar $50 millones en el mercado de valores.
El interés que Recope paga por esa emisión de bonos es el que la refinadora toma como referencia para calcular el perjuicio que sufre por la paralización del proyecto, aduciendo que “el costo alternativo de los recursos transferidos (…) corresponde con la tasa de interés que paga Recope por los endeudamientos de largo plazo”, de acuerdo con la demanda.
Demanda de última hora
Cinco días antes de abandonar su puesto como Presidente Ejecutivo de Recope, Litletton Bolton solicitó una medida cautelar contra los informes de la CGR que invalidan los estudios de factibilidad para la refinería conjunta.
El 2 de mayo de 2014, Bolton solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo suspender los informes de la Contraloría que desautorizan dos informes de las empresas China HuanquI Contracting and Engineering Corporation (HQCEC) y Worley Parsons.
En la demanda, Recope sostiene que la CGR trasgredió los límites del ejercicio de sus potestades, pues sus órdenes implicaron el congelamiento de todo el proyecto.
“El efecto real de estas órdenes no se limita simplemente a prohibir a Recope la utilización de determinados estudios, sino que su efecto real y tangible fue el de paralizar el proyecto de modernización de la refinería por completo”, acusa el texto de la demanda presentada por Bolton.
Esta demanda se suma a varios procesos legales abiertos por el caso de la refinería conjunta con el Gobierno de China.
En junio de 2013, una investigación de UNIVERSIDAD reveló que, a julio del 2012, Soresco había destinado $1.021.000 (¢571 millones) para gastos de viajes y $1.066.000 (¢596 millones) para almuerzos de trabajo.
Según los Estados Financieros Confidenciales que UNIVERSIDAD publicó, Soresco tenía presupuestados $1,4 millones para pagar un bono salarial extra a los 26 ejecutivos chinos aportados por la CNPC.
Todos estos gastos se pagaron con los aportes de capital que Recope y la CNPCI efectuaron a la empresa conjunta.
El 3 de julio del 2013, el Organismo de Investigación Judicial allanó las oficinas de Recope, de la empresa conjunta Soresco y de la Secretaría Técnica Nacional (Setena), en el marco de una investigación de la refinería.
