El proyecto de “Ley para el fortalecimiento del Fondo de Capitalización Laboral como instrumento contra el desempleo” (17.597) que se encuentra en discusión en la Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, contrario a lo que promete, no daría ningún apoyo a los trabajadores en caso de que se queden sin empleo.
Así lo confirmó Mauricio Castro, abogado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien ha cuestionado las bondades de este proyecto y sostiene que la iniciativa pretende quitarle recursos al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de los trabajadores.
Este fondo está conformado por un 3% del sueldo de los asalariados, el cual se traslada a las operadoras de pensiones y genera intereses durante todo un año. Al cumplir el año un 1.5%, junto con los intereses ganados, va directamente al ahorro del FCL y el otro 1.5% (sin intereses) se traslada al ahorro de la Pensión Complementaria Obligatoria (ver recuadro).
“Con la propuesta actual, que pretende pasar directamente el 1.5% sin ganar intereses a la pensión complementaria, el trabajador tendría una menor capitalización de los recursos, pues hoy el FCL -que se puede retirar cada cinco años- significa, más o menos, el aporte de un salario adicional. Si se aplica como establece el proyecto, el retiro sería mucho menor, al igual que si se retirara por conclusión de la relación laboral”, comentó Castro.
Esto sería, indicó el representante de la ANEP, como incrementar la pensión en algún porcentaje, que el trabajador recibirá dentro de 20 o 30 años, pero si se queda desempleado recibiría menos dinero.
Castro señaló que hay otra serie de criterios que establece la Ley de Protección al Trabajador que deben respetarse con esta propuesta de ley, y que fueron acordados en consenso con organizaciones gremiales y la sociedad civil.
“En el momento de negociar la ley, los patronos dijeron que no estaban dispuestos a pagar más del 8.33% y los trabajadores dijimos que no estábamos dispuestos a aceptar menos del 8.33% en caso de despido o término de la relación laboral; pero, con este cambio se rompe un acuerdo fundamental, pues recibirían mucho menos y eso es inaceptable”, explicó el abogado.
Por otra parte, la Ley de Protección al Trabajador estableció que las operadoras públicas que administran los recursos de los trabajadores, distribuyen entre sus afiliados un porcentaje de las utilidades generadas, equivalente a lo cobrado por un mes de comisión; es decir, estas operadoras solamente cobran 11 meses y no 12.
Este principio se estaría modificando en el proyecto de ley, de acuerdo con Castro, de manera que ya no se pueda distribuir el dinero.
“Un tema que nos parece muy bien del proyecto, es que en la actualidad las tasas de interés que paga el Banco Popular por los aportes al ahorro obligatorio, debe ser al menos el monto de la inflación, pero los aportes patronales no se rigen por esta disposición; ahora, a partir de su aprobación, estos recursos sí ingresarían con los intereses”, añadió.
Adicionalmente, el proyecto plantea una modificación que preocupa a los sectores sociales, y es que se pretende que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) establezca y apruebe la comisión que cobra el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) por controlar los fondos del FCL y de Pensión Complementaria.
“Nos genera preocupación porque podría violentarse la autonomía de la Caja; el hecho de que la Superintendencia se inmiscuya en este tema deja libertad de decir cuánto pueden cobrar los operadores públicos y privados; para ello se está pidiendo el criterio de la Caja Costarricense de Seguro Social”, argumentó Castro.
Todos estos temas fueron vistos en la Plena Tercera de la Asamblea Legislativa hace una semana, donde participaron la ANEP y la SUPEN, los cuales debatieron frente a los diputados.
Durante la comparecencia el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles, dijo que con dichas reformas lo que buscan es beneficiar a los trabajadores, eliminando ineficiencias, difíciles de prever cuando se aprobó la ley de Protección la Trabajador.
Robles explicó que la operatividad del sistema de pensiones ha demostrado que se puede perfeccionar sin que se afecten los intereses de las distintas instituciones que se ven involucradas en la ley y mejorar la pensión al trabajador al final de su vida laboral.
Agregó que han diseñado un bono que emite el Banco Popular que lo entrega a cada operadora, lo mantiene por 24 meses y luego lo cobra y reconoce las tasas de interés de mercado.
Este sistema haría que el flujo sea constante y permitiría al Banco Popular destinar ese dinero a otros rubros y no como sucede actualmente, indicó Robles en su intervención.
UNIVERSIDAD envío la entrevista vía correo electrónico al Superintendente de Pensiones, para que diera su criterio con respecto a este tema y de la Oficina de Prensa se comprometieron a enviarlas; sin embargo, al cierre fue imposible obtener las respuestas.
Fondos de pensión
Con la creación de la Ley de Protección al Trabajador, se disminuyó el porcentaje de Auxilio de Cesantía, de un 8.33% al 5.33% por mes laborado, con un tope de 8 años.
Esa disminución del 3% se dio para crear el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), el cual se financia con los aportes que traslada mes a mes el patrono; durante un año gana intereses, y queda disponible para su retiro cuando se termina la relación laboral, por cualquier motivo, o cada cinco años.
De ese 3% al finalizar el año, la mitad sin los intereses se traslada al Fondo de Pensión Complementaria, la cual también se alimenta de un 4.25% mensual del salario de los trabajadores.
Esto quiere decir que durante un año el FCL le gana intereses a los recursos, tanto al 1.5% destinado para este fondo, como al 1.5% que luego se traspasa a la pensión complementaria.
Por lo tanto, al final de la relación laboral, o cada cinco años, el trabajador retira del FCL el 50% de los aportes y el acumulado de intereses.
