Los regímenes de jubilaciones y pensiones de Costa Rica gozan de buena salud financiera, pero preocupa el riesgo que supone la falta de solución por parte del Gobierno al déficit fiscal, con miras a la sostenibilidad de las pensiones en el futuro, advirtieron especialistas durante un foro realizado en la Asociación de Funcionarios Pensionados Universitarios (AFUP).
El tema de la “Situación actual de los regímenes de pensiones y jubilaciones” fue analizado el pasado 29 de febrero en la sede de la AFUP.
Cuando el 45% del presupuesto nacional se está financiando con deuda y a algunos funcionarios les están pagando con ingreso de capital y no con ingreso corriente, lo que significa es que no hay plata y algo está pasando, señaló Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial.
Aclaró que no estaba diciendo que haya que aprobar un plan fiscal o no, pero sí que todos deberían poner la barba en remojo, y ver lo que está sucediendo en países como Grecia, donde se advirtió que venía el lobo, pero no se hizo caso para resolver los problemas fiscales, y hoy están pagando las consecuencias de una crisis con desocupación, rebaja de pensiones y de salarios.
Jones, quien expuso durante el conversatorio acerca del funcionamiento y el estado del régimen de pensiones del Poder Judicial, explicó que esta entidad administra su propio régimen de pensiones, creado en 1939, el cual cuenta con 10.000 cotizantes, 2.900 jubilados y pensionados (beneficiarios) y una reserva de ¢312.000 millones.
Por su parte, Guillermo López, director actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social, resaltó que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de esta institución cuenta con el 70% de la población económicamente activa cubierta, la mayor de América Latina.
El IVM tiene 1.4 millones de cotizantes, 180.000 pensionados y una reserva de ¢1.465.800 millones, según datos del 2010. De acuerdo con las proyecciones actuariales, el régimen mantendrá un ingreso positivo neto (ingresos menos gastos) hasta el 2033 -en un escenario pesimista-, y hasta el 2047, en un escenario optimista, aseguró López.
El 94% de las inversiones del fondo están en títulos del sector público, y los rendimientos reales promedio en el período 2002-2010, fueron de 4.8%, al obtener un rendimiento nominal de 19.1%, cinco puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación.
Esto es muy bueno, dijo López, aunque reconoció que difícilmente se pueda mantener esa tasa, ya que cada vez es más difícil obtener rendimientos reales por encima del 3%, en un mercado financiero pequeño como el costarricense.
La reserva de IVM es creciente, y esto es importante, porque refleja la solidez del régimen, y uno puede hablar de estabilidad financiera mientras tenga una reserva creciente (que es el resultado de lo que sobra de las contribuciones y el producto de los intereses, una vez cubiertos los gastos), explicó el funcionario.
Remarcó como algo digno de valorar, que Alejandro Bonilla -uno de los actuarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más reconocidos mundialmente- declaró el año pasado que este régimen es el más exitoso en América Latina, junto con el de Uruguay.
López aseguró que prácticamente desde 1950 se están haciendo evaluaciones actuariales a IVM, y el compromiso de la dirección actuarial de la Caja es hacer esas valuaciones todos los años, aunque la ley establece que debe ser cada tres años.
Las evaluaciones actuariales permiten visualizar con suficiente antelación los problemas de financiamiento que se pueden presentar. Se hacen proyecciones a 75 y 100 años, que permiten ver tendencias del comportamiento del gasto, los ingresos, la reserva y la necesidad de realizar ajustes en el tiempo, comentó López, tras mencionar la transición demográfica en que se halla Costa Rica, con una caída de la fecundidad y un envejecimiento paulatino de la población.
Costa Rica está haciendo el mismo camino recorrido por los países europeos, con un envejecimiento de la población, por una reducción de la tasa de nacimientos, la reducción de la mortalidad y una mayor expectativa de vida, lo que desemboca indefectiblemente en un encarecimiento de los sistemas de pensiones, porque aumenta el número de los jubilados con relación a la población activa cotizante, detalló.
Ante una pregunta, el director actuarial descartó que se pueda estar dando un contagio del régimen de IVM con la crisis financiera que atraviesa el régimen de enfermedad y maternidad (salud) de la Caja. Afirmó que ambos regímenes son administrados de forma totalmente independiente, y si el seguro de salud no tiene plata no puede sacar ni un cinco del IVM.
El seguro de salud a veces se ve fuertemente golpeado, porque la cobertura es universal, y si una persona no tiene seguro y acude a una emergencia la Caja lo atiende, y no siempre puede cobrarle. Pero, en el de IVM es diferente, pues quien no cotiza no genera el derecho, expuso López.
Cuando existen versiones diferentes en un tema tan complejo y delicado como este, lo que se hace es provocar incertidumbre. Para generar mayor transparencia se está trabajando con la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), a fin de concertar ciertos supuestos de las valuaciones que vienen, e incluso se analiza la posibilidad de contratar conjuntamente una empresa externa, informó López.
Manrique Sáenz, asesor financiero del Ministerio de Hacienda, llamó la atención sobre la necesidad de discutir cuándo y cuál debe ser el ajuste que ha de hacerse al sistema de pensiones, de cara a la evolución de la estructura demográfica del país.
Hay que tomar la decisión a tiempo y no esperar hasta el final, pues cuanto más se demore, mayor tendrá que ser el ajuste, insistió en alusión a los cambios que eventualmente se tendrían que hacer en cuanto al monto de las cotizaciones, la edad de retiro o los beneficios para asegurar la sostenibilidad de los regímenes.
Por otro lado, insistió en que el país está en un momento de alta vulnerabilidad fiscal, y la reforma fiscal no avanza en la Asamblea Legislativa, lo que genera preocupación en los inversionistas.
El panorama fiscal por el lado de los ingresos es difícil y el contexto internacional poco favorable. Algunos dicen que por qué no se bajan los gastos en vez de pensar en aumentar los impuestos, pero hay que saber que hay un peso abrumador de gastos ineludibles en el presupuesto nacional, y que son básicamente salarios y otros que tienen un costo social muy fuerte y no se puede dejar de pagar. Se ha hecho un esfuerzo grande para mejorar la recaudación pero ello no es suficiente, agregó.
En el gasto del gobierno central el 39% son remuneraciones, y 25% transferencias corrientes, que en parte son también salarios, de donde se ve que los recortes en otros rubros no marcarían mayor diferencia en la estructura del gasto, acotó.
Hace cuatro años la economía estaba creciendo muy rápido, había un superávit que hacía mucho tiempo no se veía, y como había plata se aumentaron gastos y salarios, pero cuando bajaron los ingresos por la crisis económica en el 2009, quedaron esos gastos altos y los ingresos bajaron por la caída de la actividad económica generando el déficit fiscal, añadió.
Respecto a la deuda, puntualizó que esta alcanza actualmente el 32% de la producción nacional. Si se diera la reforma fiscal propuesta, la deuda se ubicaría en un 36% en el 2016, pero si no hubiera reforma subiría a 42%, un perfil de deuda que preocupa a los inversionistas, ya que las tasas de interés serían mayores y además habría más deuda sobre la cual pagar intereses, advirtió.
En Costa Rica hay siete regímenes de pensiones contributivas que se sostiene con las cotizaciones de los trabajadores, los patronos y el Estado, que aporta como tal y como patrono. Hay otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, como las llamadas pensiones de guerra, pensiones de expresidentes de la República, galardonados con el Premio Magón y otros, cuyos beneficios debe pagar el Estado.
MODELO
Guillermo Fernández, asesor actuarial de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), expuso sobre la evolución histórica de los sistemas de seguridad social y de pensiones y los modelos de financiamiento, particularmente el del régimen de pensiones del Magisterio, el cual cuenta con una reserva de ¢700.000 millones, el 94% invertidos en valores del Estado.
Describió el cambio de modelo que se dio en el caso chileno en 1980, cuando el sistema de reparto de las pensiones (en el que el número de trabajadores debe ser mayor al número de pensionados) pasó a un sistema de administradoras de planes de inversión, con cuentas individuales de los trabajadores, modelo que copiaron otros países.
Costa Rica adoptó el modelo chileno parcialmente, y solo en los primeros diez años las operadoras habían acumulado $30 millones solo en comisiones, aunque el país conservó también el sistema solidario, donde los recursos se transfieren entre las generaciones y la propiedad es colectiva, con el deber de administrarla eficientemente para garantizar las pensiones de las futuras generaciones.
Al responder preguntas de por qué las inversiones del régimen del Magisterio están concentradas en el sector público, Fernández alegó que tiene que haber una estructura legal muy buena, para evitar que los recursos se pierdan, porque se no se puede arriesgar “ni un cinco”. Precisamente por eso se había propuesto una ley para posibilitar la inversión en obra pública, porque la ley que hay en este momento para inversiones en infraestructura pública es muy débil.
De manera que se complica la diversificación de las inversiones, y es claro que todos estos recursos se debieran usar para dinamizar la economía del país, a la vez que se recuperaría lo invertido, porque una inversión en una carretera como la de Caldera, por ejemplo, los ingresos los tiene asegurados, argumentó Fernández.
Otra limitante es que la SUPEN impone al fondo una serie de disposiciones que debe cumplir y eso genera esfuerzos adicionales, y resulta a veces que si se vislumbra alguna inversión que la ley les permite hacer, la SUPEN dice que la legislación no lo permite, lamentó el asesor de JUPEMA.
