Varias negociaciones políticas en torno al tema de inseguridad enfatizan respuestas de “mano dura” y podrían llevar a la pérdida de garantías ciudadanas.

La articulación entre la idea de una política “de mano dura” contra la delincuencia y un tono populista que presenta imágenes humorísticas que convierten a esa postura en algo familiar o cotidiano, es la principal característica de un autoritarismo populista que quedó legitimado tras los recientes acuerdos entre la presidenta electa, Laura Chinchilla y el Movimiento Libertario y otros partidos opositores.

Esa es una de las primeras conclusiones a las que llega el investigador y comunicador social Carlos Sandoval, quien añadió que la principal consecuencia es que “por primera vez, pero no última, se politizó la inseguridad y temo que en adelante esa práctica será una constante de buena parte de la política electoral y de las políticas públicas”.

En su opinión aunque no obtuvo un triunfo electoral, el Movimiento Libertario (ML) logró en las pasadas elecciones un gran avance en el nivel ideológico, puesto que fue quien construyó agenda en el tema de seguridad.
Con mensajes directos y alusivos a las expresiones mas sencillas dadas por los sectores populares, como los que versaban un sujeto semidesnudo que se  paseaba por San José para que no le robaran nada, o en los que el propio candidato del ML se descubría el rostro de dos sujetos pretendidamente delincuentes, es como Guevara logró posicionar con su enfoque el tema de seguridad ciudadana.
Esta agrupación política, con doce años de existencia, pudo alcanzar en las provincias costeras un segundo lugar y en particular en Limón mostró un aumento significativo.
El primer encuentro que tuvo la presidenta electa Laura Chinchilla con grupos opositores fue con el excandidato y líder de los libertarios, Otto Guevara, ello pese a ocupar un tercer lugar en el apoyo electoral, antecedido por el Partido Acción Ciudadana.
“Acordaron que ella apoyará iniciativas del ML que buscan modificar el Código Penal y el Procesal Penal, que significarían cortarles las alas a las tradiciones más liberales en la materia, a cambio del no obstruccionismo del ML en la Asamblea Legislativa”, comentó Sandoval.
Añadió que ello representa un significativo cambio en el abordaje de los problemas de inseguridad ciudadana, ya que con el pacto entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el ML establece que la alternativa punitiva es la única solución y con ello se renuncia a un enfoque distinto sobre el tema.
A este tipo de acuerdos también se sumó el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), que pasó de una a cuatro las representaciones en la Asamblea Legislativa, y que anunció su apoyo a las iniciativas que tengan que ver con el tema de seguridad ciudadana (Ver UNIVERSIDAD del 3 de marzo).

GARANTÍAS

Rosaura Chinchilla, jueza de Casación Penal y profesora de la UCR, lamentó que durante la campaña el tema de la inseguridad fuera utilizado en forma “demagógica e irresponsable, pues se atacan los problemas no desde sus causas, sino a partir de cambios normativos que no inciden en solucionar esas causas”.
Recordó casos como el de El Salvador, donde se aplicó en un primer lugar el plan de la llamada “Mano Dura”, cuyos escasos resultados generaron el lanzamiento del segundo intento llamado “Mano súper dura”.
“En Costa Rica durante el pasado proceso electoral se vivió el tema desde la misma concepción en términos generales, donde se omite discutir los grandes problemas socioeconómicos, como la desigual distribución de la riqueza o la falta de oportunidades de empleo o de esparcimiento, los cuales inciden en el incremento de la inseguridad”, explicó la docente universitaria.
Enfatizó que esas preocupaciones son sustituidas por “el discurso de mano dura consecuente con un imaginario social que ha percibido la Escuela de Estadística de la UCR en sus encuestas, de manera que el discurso sobre la seguridad desplaza a todos los demás”.
La encuesta hecha por la Escuela de Estadística para el Semanario UNIVERSIDAD reveló que 54% de las personas consultadas destacaba la inseguridad ciudadana como el principal problema del país y ante la pregunta de qué se debería hacer, 25% se pronunció por “cambiar las leyes”, 23% por la “mano dura” y 29% por contratar “más policías”.
Aún así 47% se manifestó a favor del criterio de que los problemas de seguridad se resolverían con una mejor distribución de la riqueza.
Chinchilla explicó que cuando se habla de populismo se promueven medidas de tipo autoritario, que afectarán el respeto a las garantías que tienen todos los individuos.
 “La mayoría  de las personas no creen que este tipo de medidas les vaya a afectar. Cuando se habla de mano dura contra los delincuentes, la gente lo acepta porque piensa que no le va a tocar, entonces está dispuesta a entregar las garantías en aras de una seguridad ficticia”, detalló la jueza penal.
La especialista citó de ejemplo la creación de delitos absurdos en el tema de fotocopiado y derechos de autor, así como de la seguridad y tránsito, los matrimonios por conveniencia y problemas migratorios.
Explicó que la ejecución del poder político está llevando hacia lo autoritario en el tema de la seguridad y permea no sólo al Poder Ejecutivo y Legislativo, sino al judicial, donde, se ha encontrado con “magistrados que siguen esta línea”.
La jueza añadió que si en los próximos años el país sigue este camino, “se verá una disminución drástica de las garantías ciudadanas y del Estado social y democrático de derecho; hoy vemos que el discurso sobre seguridad surge en los diferentes poderes que más bien debieron haberse vigilado entre sí”.
“La imposición del tema de seguridad implica una renuncia a derechos humanos y constitucionales con todo lo que ello implica, además es una cortina de humo para no discutir sobre grandes temas de la problemática social costarricense”, indicó.
En este contexto, Sandoval advirtió que la protesta política se puede ver criminalizada y recordó que el primer examen de la nueva administración será asumir el conflicto en Limón.
 “Doña Laura tendrá el enorme reto de demostrar cuán dispuesta está a innovar los términos en los que el Poder Ejectuvo trabaja los desacuerdos. Del lado del PLN el autoritarismo ha crecido, no tanto alrededor del tema de inseguridad sino del modo en que a la fuerza han cambiado la institucionalidad del país. Así el autoritarimso político se junta con este autoritarismo populista de la derecha, la centro-derecha del PLN y la derecha-derecha comparten un tono autoritario al cual los libertarios suman el populismo”.
El pasado viernes 5 de marzo, tres activistas del Comité Juanito Mora, de Paso Ancho, tras desplegar en la vía pública una manta con un rótulo contra la privatización de los puertos de Limón, fueron detenidos por la policía por “contaminar el ornato” y llevados ante un Juzgado de Flagrancia, donde el caso fue archivado.

Los cambios penales libertarios y liberacionistas

Tanto en el plan de gobierno de Otto Guevara, como en el de Laura Chinchilla, el tema de seguridad ocupó el primer capítulo.
Bajo el título de “Mano firme contra la delincuencia”, los libertarios presentan propuestas como apoyar la creación de un “Fondo Nacional de Seguridad” con recursos provenientes del 50% de las utilidades y excedentes de instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), o el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), asi como “destinar recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a la Escuela Nacional de Policía”.
“Mano firme contra la delincuencia” también implica “fomentar el uso cámaras de video” y  buscar una modificación a la Ley Penal Juvenil para “invertir la prioridad de las sanciones de tal manera que las Privativas de la Libertad sean las Principales y, las Excepcionales sean las Socio Educativas, de Orientación y Supervisión”.
Esa reforma también busca que se considere como reincidente a quien cometa su primer delito en la minoría penal de edad y eliminar “cualquier beneficio” que flexibilice el cumplimiento de las penas por parte del menor infractor.
Los libertarios también propusieron el uso de brazaletes electrónicos para el cumplimiento de sentencias de casa por cárcel y la construcción de nuevos centros penitenciarios “incluyendo uno nuevo de máxima seguridad”.
Por su parte, Laura Chinchilla en su plan de gobierno señaló que “es hora de dar el próximo paso, de ir adelante, y elevar sustancial y aceleradamente la capacidad de nuestro país, del Estado y de las comunidades organizadas para recuperar la seguridad y la tranquilidad”.
En ese documento la Presidenta electa prometió aumentar la cantidad de “efectivos” de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en un 50%, y al igual que los libertarios propone la instalación de un sistema de vigilancia electrónica con cámaras de video “en diversos espacios públicos”. Además dice que pondrá en marcha un “agresivo” programa de reclutamiento de voluntariado para la Fuerza Pública, hasta alcanzar 1.500 reservistas.
Chinchilla, al igual que los libertarios, habla de construir infraestructura penitenciaria para “albergar el incremento previsible de la población carcelaria del país en los próximos años”.
Finalmente, apunta la necesidad de crear un fondo permanente “para el financiamiento sostenido de la seguridad ciudadana”.
El camino coincidente entre las propuestas de seguridad de la derecha del ML y la del PLN  ya se recorre, recién el pasado 3 de marzo el presidente Óscar Arias firmó un proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, el cual propone el uso de pulseras o brazaletes electrónicos “como un instrumento que ayuda al juzgador al momento de decretar medidas cautelares u otorgar una libertad condicional a los individuos”, según un comunicado de la Presidencia de la República.