Sugieren apurar acuerdo antes de que se declare inconstitucional la millonaria indemnización ofrecida a los trabajadores portuarios.
Documentos del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Álvaro González, enviados en un anónimo a UNIVERSIDAD evidencian que el despacho analizó paso a paso las distintas posibilidades de intervención del MTSS en SINTRAJAP, el sindicato de JAPDEVA, que se ha atravesado en los planes del Gobierno de dar en concesión los muelles de la entidad estatal a una empresa privada (ver recuadro “Temen que indemnización sea inconstitucional”).
Sindicatos nacionales e internacionales y otras organizaciones condenaron lo que catalogan como una grosera injerencia del Gobierno en el sindicato de trabajadores de los muelles de Limón. Algunos exigieron incluso la renuncia del ministro y la de Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), a los que acusan de prestarse a maniobras para destruir el sindicato (ver recuadro “En defensa de la libertad sindical”).
Virgilio Levaggi, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, se comprometió a enviar a la sede central en Ginebra una denuncia que el pasado lunes le presentó el movimiento sindical contra el Estado de Costa Rica por violación de la libertad sindical y convenios internacionales en el caso de SINTRAJAP.
La queja fue presentada por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democrática, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Central Social Juanito Mora Porras y Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses contra CMTC, dirigida contra el presidente Óscar Arias, los ministros de Trabajo, la Presidencia (Rodrigo Arias), y del presidente Ejecutivo de JAPDEVA.
“Vamos a actuar con transparencia, sin favoritismos y la queja será enviada mañana de forma expedita a Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en Ginebra”, dijo Levaggi al tiempo que manifestó confianza en que prime el derecho.
El Gobierno, a través de la administración de JAPDEVA facilitó un polémico nombramiento de una nueva directiva sindical afín a los planes oficiales de privatizar los dos puertos de Limón en el Caribe.
Tras una resolución del MTSS que avaló hace dos semanas el nombramiento de una nueva directiva sindical, se desarrolla una guerra de recursos legales y administrativos con los antiguos directivos en la disputa por la representación del sindicato.
Los mencionados documentos del ministro de Trabajo incluyen informes, recomendaciones y copias de reglamentos, con subrayados y anotaciones escritas a mano, incluso del propio ministro, sobre las medidas y procedimientos que el MTSS podría o no emprender en el caso de JAPDEVA.
Al mostrárselos el pasado martes 23, el ministro González reconoció los documentos como suyos, y preguntó cómo habían aparecido en manos del periodista.
Negó, sin embargo, que su despacho esté involucrado en una estrategia del Gobierno para descabezar el sindicato y allanar así el camino a la concesión de los muelles, pues lo que hace es aplicar lo establecido por la ley y los reglamentos.
El Gobierno ofrece a los trabajadores JAPDEVA una indemnización de $137 millones (¢80 mil millones), jubilación anticipada y planes de reinserción laboral y desarrollo de pequeña empresa, a cambio de que aprueben una modificación a la convención colectiva, que prohíbe la concesión de los muelles.
El pasado 19 de febrero, el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS inscribió una nueva junta nombrada el 15 de enero último en una asamblea de trabajadores que aceptaron la oferta oficial. La entidad consideró que la asamblea contó que la asistencia mínima requerida, el 25% de los afiliados de SINTRAJAP, por lo que la declaró válida.
Por el contrario, los antiguos directivos, que ya tenían convocada una asamblea para el pasado 26 de febrero, calificaron de espuria la otra convocatoria del llamado “grupo mediador”, a los que califican de “testaferros” al servicio de la administración, y afirman que solo asistieron poco más de 300 de los 1.500 afiliados, por lo que no podía haber quórum.
Por otro lado, en un proceso paralelo, la Inspección General de Trabajo del MTSS investigó en tiempo récord de un mes y acusó judicialmente a los antiguos directivos de SINTRAJAP (ver la edición de UNIVERSIDAD de la semana pasada). Sin embargo, el proceso terminó con una conciliación entre las partes en el juzgado de menor cuantía de Limón el pasado 19 de febrero, el mismo día en que el MTSS legalizó el nombramiento de la nueva directiva.
El pasado viernes, la antigua directiva realizó la asamblea general de medio período que tenía convocada y, según José Luis Castillo, secretario de Finanzas, la asistencia fue “doblemente exitosa”, si se toma en cuenta que era la primera convocatoria, usualmente una formalidad para fijar segunda convocatoria, y que los trabajadores no obtuvieron permiso y recibieron amenazas directas e indirectas de parte de la administración. Para asistir lo que hicieron fue utilizar su hora de almuerzo. Llegaron 382, aunque solo pudieron firmar 300 debido a que la lista se cerró a la 1 p.m por formalidades legales.
La administración de JAPDEVA trató de impedir el uso del Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, el cual, sin embargo, se mantuvo abierto para la reunión, luego de que cuatro sindicalistas se encadenaran la tarde anterior a los portones para evitar que JAPDEVA cerrara las instalaciones.
La segunda convocatoria se fijó para el jueves 4 de marzo en salón Black Star Line, ante la imposibilidad de utilizar las instituciones del Estado, dijo Liroy Pérez, secretario de prensa de SINTRAJAP.
“La reunión se convocó para las cuatro de la tarde, cuando sale la gente del trabajo administrativo y parte del trabajo operativo, aunque siempre habrá un grupo trabajando y tenemos que ver cómo hacemos para que puedan participar”, dijo Pérez.
El vocero contrastó la actitud del Gobierno que el 15 de enero facilitó una bodega a los 300 trabajadores que acordaron destituir a la directiva sindical, y aprobaron la oferta de indemnización para privatizar los puertos.
“Sabemos que es difícil reunir a los 1.100 trabajadores que se requieren para hacer quórum (las dos terceras partes de los 1.519 afiliados de SINTRAJAP), debido a las amenazas y represalias de parte de la administración de JAPDEVA. Sin embargo, esta primera convocatoria era importante en razón de ir sentando lo que siempre hemos dicho, que los trabajadores nos están apoyando, que no están de acuerdo con lo que pasó en esa bodega el 15 de enero”, dijo Pérez, según el cual, Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, “tiene que irse”.
Mientras tanto, el sindicato presentó el pasado fin de semana ante el MTSS un recurso de revocatoria y apelación de la decisión de inscribir la nueva directiva. También presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un contencioso administrativo contra la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, el cual fue aceptado, y se presentaría igualmente un proceso ordinario con demandas civiles y penales, explicó Pérez.
SITUACION DIFÍCIL
Según el ministro de Trabajo, lo de JAPDEVA es una de las situaciones “más difíciles” que le ha tocado enfrentar en su cargo. “Nosotros siempre hemos estado a la par de los sindicatos, dispuestos a ayudarles en todos los temas, y ahora, este tema me enganchó a mí; así que yo que era amigo, voy a terminar siendo enemigo” (de los sindicalitas), comentó.
González sugirió que los directivos de SINTRAJAP hubieran evitado el conflicto si hubieran puesto a votación de los trabajadores la propuesta del Gobierno.
¿Y el Gobierno no está metido en un plan -como dicen los sindicalistas- ofreciéndoles ventajas al llamado grupo mediador de trabajadores para que descabecen el sindicato y allanen el camino a la concesión?
“No, no. Yo estuve en una reunión en Casa Presidencial, donde estaba Eugenio Solano (Viceministro de Trabajo), Marco Vargas (Ministro de Coordinación Institucional), estaba el sindicato y muchos otros, y don Rodrigo Arias (Ministro de la Presidencia) les dijo: convoquen a una asamblea, dennos la oportunidad de ir a explicar el proyecto y ustedes deciden, si les conviene bien, y si deciden que no, archivamos el asunto”, explicó González.
Justificó la actuación de las autoridades diciendo que se trata de “instalaciones del Estado que nos han puesto a administrar, y si no podemos administrar, entonces mejor nos vamos para la casa.”
Por su parte, preguntado Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, si con el nombramiento de la nueva directiva en el sindicato se quitan la piedra del zapato para aprobar la concesión, respondió: Yo diría que más que quitarnos la piedra del zapato, lo que ha sucedido es que las cosas se están poniendo en la verdadera dimensión en que corresponde. La democracia y el respeto a la legalidad se han venido imponiendo. La verdad es que hay criterios encontrados pero se ha venido siguiendo un proceso.”
¿Qué sigue de ahora en adelante? “Yo esperaría que el grupo que en este momento ostenta la representación sindical y el grupo que ya no está puedan llegar a establecer un acuerdo.” Hay un asunto que más que ideológico tiene que ver con la decisión país, y aquí hay que entender claramente que si se ha recurrido a pedirles a los trabajadores su criterio y someter a votación si hay cambio de modelo de gestión de los puertos, obedece a una particular decisión del Poder Ejecutivo de consultar a los trabajadores” (las declaraciones completas se publicarán en la edición de la próxima semana).
Temen que indemnización sea inconstitucional
JORGE LUIS ARAYA
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Uno de los documentos en poder del ministro de Trabajo titulado “Sobre JAPDEVA y la concesión de puertos del Atlántico”, es un análisis que advierte que el acuerdo de indemnización a los trabajadores para que acepten la privatización podría ser tachado de inconstitucional y debe ser logrado antes de que la Sala IV pueda reconsiderar el fallo dado en el caso de la concesión del muelle de Caldera en el 2006. En esa ocasión el tribunal constitucional avaló una modificación de la convención colectiva de trabajo para pagar una indemnización de más de $50 millones a los trabajadores del INCOP, a cambio de aceptar la privatización, apartándose del criterio que la Sala había mantenido hasta entonces contrario a los beneficios considerados abusivos en las convenciones colectivas.
Otro estudio titulado “Entorno (sic) al tema de la denuncia por prácticas laborales desleales (persecución sindical), describe en qué consiste el procedimiento que puede realizar la Inspección de Trabajo del MTSS ante una denuncia de este tipo, su duración, las posibilidades de resolución por parte de la Inspección, así como la legislación internacional ratificada por Costa Rica, que podría dar lugar a una eventual demanda internacional por injerencia del Gobierno o alguna de sus dependencias en las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
Sobre el procedimiento administrativo laboral que corresponde realizar a la Inspección de Trabajo advierte, que aunque en teoría” éste dura unos dos meses, “en la práctica podría conllevar un año o más dependiendo del comportamiento de las partes.”
Luego de enumerar las posibles variables que podría tomar el curso de la investigación, indica que en caso de que se considere que probablemente hay prácticas laborales desleales, se procede a presentar acusación judicial, y generalmente se dura más de un año para que se dicte sentencia.
Destaca: “Es necesario tomar en cuenta que la inspección podría declarar sin lugar una eventual denuncia, cuando más bien sea el sindicato el que demuestre que la patronal está incurriendo en los siguientes actos, lo cual se encuentra regulado por el Convenio Internacional N.87 de la OIT y el Manual de Procedimientos citado (se refiere al Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo).
Entre los mencionados actos cita:
-Intervenir en la vida de los sindicatos o promocionarlos directa o indirectamente por medio de coacción, dádivas o promesas a los trabajadores, para que asuman una conducta determinada respecto de su organización gremial. Igualmente en lo que se refiere a representantes de los trabajadores.
-Adoptar represalias contra los trabajadores, en razón de sus actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de las prácticas laborales desleales.
-Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación gremial, con el propósito de influir en la toma de decisiones.
Concluye advirtiendo que “en Costa Rica solo los tribunales son los competentes para interferir en la constitución y extinción de un sindicato.”
Otro es un informe del jefe del Departamento Legal de JAPDEVA, Allan Hidalgo, dirigido al ministro, el cual transcribe pronunciamientos de la Procuraduría General de la República “acerca de la cesación de los efectos de la convención colectiva cuando hay denuncia de plazo.”
Entre los documentos hay un recuadro con citas de artículos de leyes y reglamentos con un encabezado que dice: “Esta es la situación de derecho que tenemos en JAPDEVA. El asunto es buscar una solución legal que permita a la inspección de trabajo obligar a la junta directiva del sindicato a convocar una asamblea extraordinaria ante solicitud del 25% de los afiliados.”
Uno de los informes dice que de no darse la aprobación de la oferta del Gobierno “por los medios tradicionales (mediante consenso de la asamblea general de trabajadores), se deben buscar nuevas alternativas, más engorrosas y menos célebres”.
Entre las posibles alternativas sugiere la denuncia de la convención colectiva, la reestructuración de la institución con el objeto de reducir gastos de planilla, el análisis del costo-beneficio que significa mantener una institución ineficiente (se refiere a JAPDEVA), en lo cual “no es inoportuno mencionar la posibilidad de alegar responsabilidad de los trabajadores en los daños y perjuicios ocasionados a la institución y que impiden la consecución de sus objetivos esenciales.”
Reconoce que “es evidente que en la actual coyuntura que atraviesa el puerto del Atlántico ofrecer una posibilidad a la concesión del puerto solo si se obtiene un apoyo masivo de los sindicalistas de SINTRAJAP mediante asamblea general, pues el artículo 129 de la convención colectiva de esa organización impide la concesión de los puertos sin la aprobación del sindicato.”
“Ya el MTSS ha reaccionado de la única forma permitida legalmente en este caso, cual es la de la prevención al cumplimiento de las demandas del 25% de los trabajadores para conocer las propuestas del Gobierno en Asamblea General, conforme a los estatutos del sindicato”, señala más adelante.
Concluye que “la concesión de los puertos parece ser la mejor opción, aunque en este punto, si bien la indemnización a los trabajadores surge como un gancho atractivo para los trabajadores, es también una medida que puede ser atacada de inconstitucionalidad, debido a los fallos de la Sala Constitucional respecto de los privilegios de las convenciones colectivas del país y que señalan los beneficios de esos instrumentos como abusivos y desproporcionados.”
(…) “Así las cosas, una indemnización debería darse de manera rápida antes que la Sala Constitucional revierta el fallo, dados los alcances de las acciones de constitucionalidad citadas”.
“Todo lo anterior nos lleva siempre a futuras consideraciones y deliberaciones para optar por la concesión (aún sin indemnizaciones de por medio), pues si no hay acuerdo con el sindicato, la indemnización perdería su objetivo conforme a los números de la institución, que nos hacen concluir siempre en la inviabilidad de su sostenimiento a corto y mediano plazo”, considera entre otros puntos el informe.
En defensa de la libertad sindical
Numerosas organizaciones sindicales nacionales e internacionales manifestaron su repudio a la intervención del Gobierno en el sindicato de JAPDEVA. Entre ellas, diferentes gremios de educadores y la Central General de Trabajadores, que pidió la renuncia del ministro de Trabajo.
-La Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT) dijo en un comunicado que “rechaza la política de intromisión y violación a la autonomía y libertad sindical” del Gobierno costarricense en el caso de SINTRAJAP. El Gobierno ha decidido privatizar los puertos de Limón, y para hacer valer tal política, no le ha importando violar los derechos humanos, laborales y sindicales del SINTRAJAP, y con ello, los convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusó la organización.
-El Centro de Solidaridad Internacional de la central sindical estadounidense AFL-CIO, en una carta al presidente de la República y al ministro de Trabajo pidió “suspender todas las actividades y los intentos de reemplazar la junta directiva de SINTRAJAP que es democráticamente elegida.”
-La Confederación Sindical Internacional, con 168 millones de afiliados, dijo que se suma a su Organización Regional para las Américas (CSA) en su apoyo a sus afiliadas costarricenses y demás sindicatos que se han unido a la lucha de SINTRAJAP. En una carta remitida al Presidente Óscar Arias «le ruega que haga lo necesario a los efectos de terminar con esta situación de flagrante violación de los Convenios fundamentales de la OIT ratificados por Costa Rica…”
-UNI Global Union, central que aglutina a 1.000 organizaciones sindicales en 150 países, expresó que «nos sumamos a las voces para condenar la acciones injerencistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un asunto sindical.”
-En Costa Rica, la CGT dijo que “avergüenza” la actitud del Ministerio de Trabajo y sus cómplices en este caso. “La intervención descarada de una organización sindical para destruir a una junta directiva que se oponía a los planes del Gobierno, fue el costoso precio que decidió pagar el Ministro de Trabajo para congraciarse con sus jefes. Por eso exigimos su renuncia”, manifestó la central.
-El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) señaló que los muelles son estratégicos y vitales para salvaguardar la soberanía nacional y no deben ser un botín para el saqueo de las transnacionales
Es muy grave el uso de un descarado soborno del Gobierno mediante una oferta millonaria e ilegal de una supuesta indemnización a quienes actualmente trabajan en JAPDEVA, como pago por aceptar que se realice la concesión a la empresa privada, de parte de aquellos que son simplemente guardianes de un bien que es de todos los y las costarricenses, apuntó la organización.
-El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió al Gobierno que respete el principio constitucional de la autonomía sindical y cese las acciones hostiles e ilegales contra el SINTRAJAP. En un pronunciamiento señaló como contradictorio que el Gobierno esté dispuesto a pagar a los trabajadores de JAPDEVA ¢80.000 millones, mientras que la inversión para la modernización portuaria de Limón tiene un costo de aproximadamente ¢45.000 millones.
