Rigidez bancaria lleva a remate finca de 80 familias

Alberto Pérez Rojas vende palma africana para que las fincas de la zona las cultiven. En un año vende cerca de 4.000 unidades. (Foto:

altAlberto Pérez Rojas vende palma africana para que las fincas de la zona las cultiven. En un año vende cerca de 4.000 unidades. (Foto: Katya Alvarado)

A pocos kilómetros del puente sobre el río Térraba en la carretera Interamericana −a la altura de Palmar Norte−, existe una finca en la que unas 80 familias viven desde hace más de una década y en donde tienen milpas, cerdos, casas con agua, cable y electricidad, así como largas filas de yuca y de plátano que esperan lluvia.

Todo eso –o más bien las 277 hectáreas donde viven– irá a remate el viernes 27 de junio.

El motivo es simple: ninguna de las personas que vive ahí es dueña de su tierra. Tienen carretillos, biodigestores y bicicletas, pero en ninguna de las casas y ranchos del terreno hay un solo título de propiedad.

Su dueño legal es la Cooperativa Autogestionaria de Productores de Palma y Cacao del Sur (Coopalca del Sur), que arrendó el terreno en la década de los 90 a otras sociedades bananeras, que pusieron la finca como garantía de sus deudas y después no pagaron. Entonces el Banco Nacional (BN), ni lento ni perezoso, procedió a sacarlas a remate este año.

Los habitantes de la finca Térraba –como se le conoce al terreno en la zona– eran trabajadores en una de esas empresas: Bananera del Térraba. En el 2001, tras ser despedidos sin el pago de su salario cuando la compañía cerró sus puertas, ellos y sus familias tomaron el terreno. Desde entonces viven allí.

En cierto modo, la finca Térraba retrata dos realidades: la cantidad de asentamientos informales en la zona sur, que han tomado o intentan tomar antiguas fincas ganaderas; la otra, la imposibilidad de entes estatales de congelar un proceso, como este remate, aun cuando está el bienestar de 80 familias en juego.

La comunidad se valió de cuanto nexo político tenían para llegar a estas instituciones, en San José y en los últimos dos meses han viajado quincenalmente a reuniones con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el BN y hasta el vicepresidente de la República, Helio Fallas.

La oficina de prensa del Banco confirmó que el remate de la finca de 277 hectáreas se mantiene en pie, con un precio base de ¢40 millones para posibles compradores.

“No queremos que ningún oferente haga ofertas. Por eso nos vamos a movilizar las familias campesinas. Si pretenden comprar esta tierra no van a comprar una finca, van a comprar un problema social”, asegura el líder comunal Daniel Villalobos.

EN LA ZONA SUR

La finca Térraba es un polígono de tierra al lado de la carretera que lleva a Sierpe. Entre las llamadas Finca 2 y Finca 4, cada familia tiene poco más de tres hectáreas, donde viven y trabajan la tierra.

William Pérez es una adición relativamente reciente. Hace cuatro años compró su parcela por ¢1,5 millones y ahí vive con su esposa y cuatro hijos. Gran parte de su tierra está sembrada con chile picante, porque tiene un contrato con una empresa de la zona que le comprará el kilo a ¢490.

−¿Usted cuánta tierra tiene acá?

−Son tres hectáreas, pero no son mías (…) Yo paso las noches tristísimo, viera. Yo le digo a la doña que sería muy feo tener que ir a la calle.

Con el machete al cinto y la camisa embarrada de tierra, confiesa que lleva varias semanas sin poder dormir demasiado bien, asegura Pérez, caminando por su parcela.

Pérez es la excepción a la regla, pues la mayoría de los parceleros viven en la zona desde que cerró la compañía bananera y decidieron tomar las tierras para compensar la falta de pago. Algunos como Rosa Vega tiene su terreno sembrado de aguacate, frijoles, maíz y “yuca pal gasto”; Raúl Obando tiene la mayoría sembrado de plátano y chile, con un contrato similar al de Pérez.

En una parcela al final de una vía de lastre que serpentea por la finca, Marjorie Ceballos y su padre José Ángel descansan al calor del mediodía, y en unas hamacas discuten sobre el remate del viernes.

−Si llega otro y se adjudica la finca estamos listos, dice ella.

−Hay como seis machetillos que podemos sacar, le contesta su padre.

−Eso no se vale, porque entonces nos meten a la cárcel, replica Marjorie.

TIERRA COMO TRAJE

A esta altura, luego de meses de las actuales gestiones de los líderes comunales de la finca Térraba, el remate va. No se puede evitar, dicen ellos, y lo mismo confirmó el Banco Nacional y el IMAS.

Además, no es posible darles a los campesinos una opción de compra preferencial, pues el bien debe adjudicarse al mejor postor, como pasaría en cualquier otra venta judicial.

“Se aclara que aunque existan campesinos en la propiedad, el Banco no puede dejar de ejercer la gestión cobratoria, ya que es su deber legal”, aseguró Juan Carlos Corrales, subgerente general de Desarrollo del BN.

El viernes 27, los habitantes de finca Térraba llegarán al Juzgado Agrario de Corredores para hacer presión. El plan que esbozaron ellos en coordinación con el IMAS, la Presidencia y otras instituciones es simple: evitar que otros oferentes pujen y que el Banco Nacional se deje la propiedad.

“Si el 27 ocurre lo que esperamos, y eso es que el Banco se deje el terreno, ya tenemos avanzada la selección de personas para una ayuda económica y el detalle”, apuntó Juan Carlos Dengo, subgerente de Desarrollo Social del IMAS.

La propuesta es identificar cuáles familias podrían ser beneficiarias de un fondo, para que el IMAS pueda ayudarles a pagar los ¢40 millones que cuesta el terreno. El pasado viernes 13 de junio, el líder comunal Villalobos se sentó con un funcionario del Instituto, para ser censado por la entidad.

En su finca, tiene su rancho de madera, una porqueriza con cuyos residuos rellena un biodigestor, y varias decenas de plantas de banano y palma africana. Esa última es su apuesta: tardará entre 3 y 4 años en dar frutos, pero él usa frases como “tasa de retorno” e “inversión en mano de obra” y tiene lista la matemática. En unos años, los altos tallos de la palma sostendrán su parcela que,  hasta ahora, diez años después, sigue sin ser suya.

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