La nueva Contralora no ve nada de malo en la forma en que fue elegida y asegura que está capacitada para el cargo.
La nueva Contralora Rocío Aguilar, negó haber conversado con Oscar Arias sobre su nuevo puesto, y asegura que no se hará cargos de los casos de concesión que impulsó como secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones.
Como una persona con «defectos como todo el mundo» pero muy «honrada, trabajadora y con las condiciones para asumir el puesto», así se describió la nueva Contralora General de la República, Rocío Aguilar, en su comparecencia ante un grupo de diputados el pasado 4 de julio.
Aguilar respondió preguntas de los legisladores sobre su desempeño como Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), sus ideas de cómo debe funcionar la Contraloría y el proceso político que llevó a su nombramiento.
En todo momento se mostró decidida a asumir el cargo a pesar de los cuestionamientos sobre su cercanía al candidato presidencial liberacionista Oscar Arias Sánchez, y aseguró que nunca conversó con él sobre ese tema, solo con los diputados Ricardo Toledo (PUSC) y Carlos Benavides (PLN), quienes la contactaron para saber si estaba dispuesta a ser la nueva Contralora.
Aseguró que entre más tiempo la institución esté acéfala habrá más inestabilidad, y dijo estar dispuesta a rendir cuentas en todo momento y a regirse por una política de transparencia para mejorar el funcionamiento del órgano contralor.
POLÉMICO NOMBRAMIENTO
Los diputados cuestionaron a Aguilar sobre su polémico nombramiento, e incluso le preguntaron si consideraba «moral» la forma en que fue escogida.
Ella se limitó a decir que no encontraba nada irregular en su elección, pero que viéndolo en perspectiva ahora le gustaría haberse postulado ante la Comisión de Nombramientos para evitar malos entendidos y tener más tiempo para prepararse para responder a las dudas.
«Me hubiera gustado ser nombrada por consenso de la Comisión, pero no participé en ese momento. Después unos diputados me preguntan que si estoy dispuesta y les digo que sí, que sería un honor».
«No he aceptado ningún puesto sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa. Mi nombre tuvo 29 votos y aunque me hubiera gustado que mi nombre saliera de la Comisión, no se violó ningún procedimiento, fue una decisión de la Asamblea. Dije que sí porque es perjudicial para el país pasar tanto tiempo sin contralor, quiero servir y espero que mi paso por la Contraloría marque una diferencia».
DESDE EL OTRO LADO
Aguilar destacó que está empapada del funcionamiento de la Contraloría General, pues durante los últimos tres años ha sido «cliente frecuente» de la institución debido a su puesto al frente del Consejo Nacional de Concesiones.
«Mi experiencia en contratación administrativa y en el sector privado es positiva porque ahora sé que los ciudadanos demandan mucha transparencia y rendición de cuentas, pero también eficiencia en la función».
No obstante los diputados llamaron la atención sobre varios puntos aparentemente irregulares como una recomendación que Aguilar dejó en el CNC para nombrar como sustituta temporal a Olga Estela Villalobos, quien al final no pudo asumir el cargo pues estaba ligada a empresas relacionadas con el Consejo.
En ese caso Aguilar dijo desconocer qué pasó en el CNC después de su salida, y también ignora las relaciones entre Villalobos, empresas privadas y el Consejo.
Otro punto cuestionado fue la aparente retención de un millón de dólares pertenecientes a RECOPE, que se encuentran en manos del CNC.
La Contralora explicó que ese dinero debe devolvérsele a la institución, pues era parte de un contrato para mejorar el poliducto; sin embargo, al no realizarse los estudios de factibilidad simplemente el contrato se finiquita y los recursos son devueltos.
«El asunto está hoy en la vía contenciosa y RECOPE simplemente debe firmar el finiquito. Los recursos están completos y listos para ser reintegrados», declaró.
Los diputados se mostraron preocupados por la independencia de Aguilar cuando deba analizar y dar el visto bueno a contratos que ella misma llevó adelante como secretaria técnica del CNC, pero ella salió al paso de esas dudas y aseguró que cuando se trate de esos casos, como la carretera a San Ramón, la vía a Caldera o el puerto de ese mismo lugar, delegará la decisión a la subcontralora para inhibirse de la decisión.
Sin embargo esta explicación no pareció satisfacer del todo a algunos legisladores.
SU PENSAMIENTO
Otros diputados prefirieron interrogar a Aguilar sobre su proyecto de cómo debe funcionar la Contraloría y el sistema de concesión de obras.
Aguilar subrayó que es indispensable un mayor acercamiento entre el Congreso y la Contraloría, sobre todo para fiscalizar que se cumpla el ciclo presupuestario y que los recursos públicos se utilicen para los fines que fueron aprobados.
Fue enfática en que «no importa los ropajes que tomen los recursos públicos», es decir si van a instituciones autónomas, fundaciones o cualquier otra figura, la Contraloría debe ejercer control sobre ese dinero.
Sobre el tema de la concesión de obra pública manifestó que se trata simplemente de una herramienta más que dispone el Poder Ejecutivo para responder a las necesidades de infraestructura del país sin acudir a endeudamiento ni a nuevos impuestos.
Argumentó que los límites sobre qué es «concesionable» y qué no, están dictados por la Ley de Concesión, y que esta legislación descarta la electricidad y las telecomunicaciones, con el ánimo de calmar los temores de algunos diputados.
Destacó que la Contraloría debería ejercer «más control jurídico y no limitarse a lo administrativo, para evitar incumplimientos del derecho público». Sin embargo, considera que la función de esta institución debe «mantener un equilibrio para no obstaculizar una buena administración sino más bien garantizarla».
Para lograrlo tratará de fortalecer las auditorías internas y aplicar la nueva ley contra la corrupción en cada institución del Estado.
Otros legisladores le preguntaron cómo detectar casos de corrupción en las instituciones públicas como los que se han denunciado en los últimos meses. Para Aguilar la clave es que la Contraloría trabaje de forma muy estrecha con el Ministerio público, la Procuraduría de la Ética y se mejore la fiscalización, pues en esta descansa la principal alerta.
