Después de casi cinco años de haber sido puesta en servicio la vía San José – Caldera aún tiene importantes obras pendientes de construir (Foto: Fabián Hernández).
En cinco años, sin haber terminado la vía oficialmente y con nueve casetillas de peaje habilitadas, la empresa Globalvía, concesionaria de la ruta 27, reportó ingresos brutos por $230 millones.
Así se desprende del último informe de ingresos brutos presentado por la empresa ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en setiembre anterior, y que reúne la suma de ingresos desde junio del 2009 y hasta agosto pasado.
Pero una cláusula en el contrato hace que el monto oficial registrado a la fecha sea menor, ya que el acuerdo firmado entre la empresa y el Estado definió que toda ganancia percibida debe ser deflactada, es decir, ser llevada a valor del dólar en el año 2000, cuando se rubricó el acuerdo entre el Estado y la empresa Concesiones Viales. Esa empresa después cedió la concesión al consorcio Autopistas del Sol, a su vez adquirida en 2014 por Globalvía.
Por esa razón hasta agosto, a la concesionaria se le reconoce un lucro de $178 millones, ya que hace 14 años, el valor del dólar rondaba los ¢316, según la referencia del Banco Central de Costa Rica.
Para la explotación de la carretera se estableció un plazo de hasta 25 años, pero si antes de esa fecha, la empresa recupera el dinero invertido para habilitar los 77 kilómetros que separan San José del puerto pacífico de Caldera, en Puntarenas, la obra regresa a control del Estado costarricense.
Inicialmente Globalvía tenía derecho a cobrar $258 millones, pero una nueva adenda al contrato amplió ese monto a $302 millones. (Véase: “Aumenta precio de concesión San José Caldera”)
Ahora, el Consejo Nacional de Concesiones asegura que la empresa amortizó a la deuda cerca de un 37% del monto invertido. Lo que representa, según los cálculos del CNC, cerca de $108 millones.
Esto porque a los $178 millones de ingresos por cobro de peaje se le rebaja además los costos de operación, mantenimiento, administrativo, la utilidad y la rentabilidad. Entonces a la concesionaria le faltan por recuperar $194 millones.
En los cinco años de funcionamiento la carretera y las firmas concesionarias han sido objeto de constantes críticas por los atascos cotidianos y los derrumbes en la vía.
MINA DE ORO
El cobro de peajes en esta carretera se inició en el 2009, con las estaciones ubicadas en Escazú y Pozón de Orotina, si bien no es hasta enero de 2010, que la obra es inaugurada oficialmente, por el expresidente Óscar Arias, aunque la ruta estaba inconclusa.
El incumplimiento persiste más de cuatro años después, ya que al momento la carretera no recibe la puesta en servicio definitiva.
El último punto de cobro habilitado fue el de Ciudad Colón, en el 2012. De acuerdo con los reportes brindados a UNIVERSIDAD por el CNC, cada año la empresa ha reportado un incremento en sus ganancias.
El 2013 fue el año con mayor recaudación para la empresa. El año pasado la sociedad concesionaria ganó $57,1 millones, aunque un cálculo de ingresos anuales mínimos esperados, incluido en el contrato, cuantificó que en 2013 era esperable una ganancia de $31 millones.
Durante los años de explotación de la carretera, enero y diciembre son los meses donde se han reportado los mayores flujos vehiculares, y por ende los ingresos más altos.
La empresa Globalvía no quiso referirse a los términos económicos del contrato y las ganancias percibidas a la fecha. La vocera de la agencia de comunicación de la empresa, Mariana Mora, aseguró que no se referirán al tema al estar en discusión la nueva adenda en la Contraloría.
Mora además indicó que Globalvía fue accionista de Autopistas del Sol, y en 2013 adquirió la totalidad de acciones de la empresa, por lo que la razón social de la concesionaria sigue siendo Autopistas del Sol.
Aumenta precio de concesión San José Caldera
El Gobierno de Luis Guillermo Solís firmó con el consorcio Autopistas del Sol (Global Vía) una nueva adenda al contrato de concesión de la ruta 27 (carretera San José – Caldera), que aumenta en casi $45 millones (¢24.300 millones) al precio del proyecto, pagadero con el ingreso de los peajes, el cual pasa de $258 millones a $302,8 millones (¢163.000 millones).
Dicho aumento corresponde a obra nueva que la concesionaria se compromete a hacer en la radial a Atenas −dentro de la sección II del proyecto (Orotina – Ciudad Colón). Incluye un sobrecosto de $36 millones a valores del 29 de noviembre del 2000 (referencia de costos pactada en el contrato), $5,8 millones de rentabilidad asociada a dichos sobrecostos, cerca de $1,4 millones de pago por la ejecución de la cláusula referida la obra nueva, $1,2 millones referidos a garantía y seguros del proyecto, y $1,4 por concepto de costos relacionados con la obra nueva.
La adenda (la sexta que han firmado los gobiernos con la concesionaria) se firmó el 6 de noviembre último y la semana pasada fue enviada por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para su refrendo a la Contraloría General de la República (CGR).
El documento fue rubricado por el presidente Solís, Helio Fallas (Ministro de Hacienda), Carlos Segnini (Ministro de Obras Públicas y Transportes – MOPT) y por los representantes del consorcio Autopistas del Sol, adjudicatario de la concesión, cuya gestión fue asumida desde abril del 2013 por Globalvía, de España.
La adenda se negoció como parte de una conciliación para que Autopistas de Sol desista de un arbitraje iniciado en el Centro Internacional de Conciliación Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, surgida de una disputa en torno a la interpretación de una cláusula de la adenda 5 al contrato de concesión.
La empresa le demandó al Estado supuestos incumplimientos por unos $90 millones. Por considerar que el Estado llevaba las de perder en el arbitraje, la Procuraduría General de la República recomendó ir a conciliación para que la suma a pagar fuera menor.
Las partes definen en el documento entre otros aspectos las obras contractuales aun pendientes de ejecutarse en el proyecto y los plazos de entrega de dichas obras, así como los ingresos mínimos por año que el Estado garantiza a la empresa del 2015 al 2020, los cuales rondan los $48 millones anuales.
Una vez refrendado por la CGR el acuerdo entraría en vigencia y se podría dar la puesta en servicio definitiva de la carretera en la sección II, que hasta ahora ha sido provisional. En el gobierno de Óscar Arias se había aprobado la recepción definitiva de las obras en la sección I (Escazú – Ciudad Colón) y en la III (Orotina – Pozón), mientras que la sección II (Ciudad Colón – Orotina) fue puesta en servicio de manera provisional mientras se terminaban obras contractuales aún pendientes.
La nueva adenda firmada identifica como obras aún pendientes de construir por parte de la concesionaria en la sección II: el intercambio El Coyol, vía marginal Rincón Chiquito, marginal Siquiares, intersección Balsa y marginal Turrúcares. Además como obra nueva la radial a Atenas.
En sección I está pendiente de la ampliación Cajón – Pozos de Santa Ana y en la sección III cuatro rampas de intercambio La Rita.
Los diputados Javier Cambronero y Franklin Corella, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC), a nombre de su bancada, manifestaron preocupación por lo que consideran una serie de incumplimientos e irregularidades en el manejo de la concesión de la ruta 27.
En conferencia de prensa, Cambronero reclamó en particular que no hay claridad sobre los ingresos en peajes que está percibiendo la concesionaria. Además afirmó que es inaudito que a más de cuatro años de haber sido inaugurada la vía no se ha nombrado un órgano fiscalizador que vigile la correcta ejecución del contrato. Esto a pesar de lo que dispone la ley de concesiones, el propio contrato, y tres informes de la CGR que señalaron la ilegalidad por la carencia de dicho órgano fiscalizador, así como las recomendaciones de la comisión legislativa que investigó las concesiones en el 2010 y el 2011.
El legislador mencionó incongruencias entre los reportes de la concesionaria sobre los ingresos por peajes y los que da el CNC, de lo cual dio ejemplos, y lo atribuyó a la falta de órgano fiscalizador.
Ese es un elemento que afecta el plazo de duración de la concesión, que es por 25 años y seis meses, pero terminaría antes si la recaudación por peaje alcanza el ingreso total de la concesión pactado en el contrato, en cuyo caso la obra debe ser entregada por el concesionario al Gobierno antes del mencionado plazo.
Los diputados del PAC dijeron que mocionarán para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa llame a los actuales jerarcas y a los exmiembros del CNC para que den las explicaciones del caso y de por qué no se creó el órgano fiscalizador. De tal suerte tendrían que ser llamados a comparecer los integrantes de las juntas directivas del CNC que hubo de abril del 2013 para atrás, empezando por los ministros de la anterior administración Roberto Gallardo (Planificación), Édgar Ayales (Hacienda), Pedro Castro (MOPT) y expresidentes ejecutivos del Banco Central.
Los diputados –dijo Corella– tenemos gran preocupación sobre el manejo que se le está dando a la concesión y por incumplimientos de algunos elementos del contrato. Hay responsabilidad del CNC y del MOPT de estar atentos y fiscalizar la concesión, lo que lleva a este Gobierno ante el gran reto de replantearse aspectos fundamentales de la concesión, e incluso ante la necesidad de replantear la ley de concesiones, lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa, dijo.
Jorge Mora, secretario técnico del CNC:
“Debe renegociarse el contrato”
¿El ingreso real de la empresa durante estos años fue de $230 millones?
-Sí, exacto, uno podría decir eso. Pero al final deflactados son $178 millones.
Ahora el Gobierno dice que la empresa solo ha ganado $108 millones…
-Es que hay una fórmula que calcula el valor presente de los ingresos, en donde se determina el monto que recupera el contratista de su inversión. Esto es por una condición del contrato y uno no puede quitarles esa cláusula. Además usted no puede comparar dólares de diferentes años, para eso se definió que se tomaría como base el tipo de cambio del momento en que se firma el contrato. Uno podría decir que a agosto del 2014, ellos han percibido por ingresos $178 millones pero han amortizado a la deuda $108 millones, es decir que hay una diferencia de 70 millones porque por la inversión usted tiene que tener utilidad, además costos administrativos, rentabilidad y costos de mantenimiento.
Realmente la administración puede dar fe de que los $70 millones que se les está reconociendo a la concesionaria fueron ejecutados en obras de mantenimiento u otros gastos relacionados a la vía.
-Esos son costos de mantenimiento porque son cosas preestablecidas en el contrato.
¿Cómo se hace ese control?
-Ellos pasan informes a la administración. El control de ellos se hace con cámaras en cada casetilla de peajes, y paralelamente la administración tiene su control con cámaras, para nosotros llevar nuestro conteo.
Pero las cámaras del Estado fueron instaladas recientemente…
-Sí, son muy recientes.
Podría decirse que el Estado se encuentra satisfecho por la labor de la empresa.
-Sí, aquí hay que ir para adelante, porque tenemos una concesionaria con un contrato y lo peor de los males que nos puede pasar es que duremos los 25 años, y pueden ser más porque la ley permite hasta 50 años, pero tenemos una realidad ahí, que son los problemas de congestionamiento. La ampliación implica una renegociación de este contrato. En lo personal yo sugeriría que de seguir con esta empresa tiene que haber una renegociación absoluta de este contrato.
¿Qué quisiera renegociar?
-Hay que cambiar todos los alcances porque este contrato es de primera generación.
¿Incluso la cláusula de valor presente de los ingresos?
-Exacto, esos temas hay que discutirlos.
¿Usted cree que para la empresa sea un buen negocio administrar esta carretera?
-Definitivamente esto es un buen negocio, nadie se esperaba el crecimiento de nuestra flota vehicular, y téngalo por seguro que si no estuvieran ganando ya nos hubieran dejado botada la carretera, porque eso es un problema de la concesión de obra pública. La empresa privada hace negocios, no andan como el Estado, donando nada.
El vaivén de la 27
18 de diciembre 2001
El Estado costarricense firma un contrato con la empresa Concesiones Viales para la construcción y administración por hasta 25 años, de la carretera San José a Caldera.
9 de marzo 2006
Se rubrica la adenda 3 al contrato, donde se transfiere el 100% de los derechos y obligaciones de la concesión al consorcio Autopistas del Sol.
8 de enero 2008
Inicio definitivo de las nuevas obras, que se basan en los diseños hechos en la década de los 70, cuando se propuso la construcción de la vía.
27 de enero 2010
El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, inaugura la ruta sin que la obra esté completamente terminada.
22 de febrero 2010
Menos de un mes después de su inauguración, un derrumbe en el tramo de Escobal de Atenas interrumpió el paso por dos horas.
29 de enero 2011
Una piedra se desprende de uno de los taludes de la carretera a un kilómetro del muelle de Caldera, provocando la muerte a una mujer que viajaba en motocicleta.
Febrero de 2012
Protestas comunales de vecinos de cantones como Ciudad Colón, Mora, Santa Ana y Escazú por la apertura del peaje en Ciudad Colón. A pesar del malestar, la empresa concesionaria habilitó la última de las estaciones de cobro.
16 de setiembre 2013
La Contraloría General de la República advirtió mediante un informe de fiscalización atrasos en la entrega definitiva de la Ruta 27.
24 de marzo 2014
La empresa Globalvía compró el 100% de las acciones de la sociedad Autopistas del Sol.
12 de noviembre 2014
CNC presentó ante la Contraloría una nueva adenda al contrato de concesión de la ruta 27, donde se define el monto que ha recuperado la empresa de su inversión inicial, y se le reconoce una inversión adicional de $44 millones.
