Sala IV obliga a DIS a revelar información

El hecho de que la Sala Constitucional haya declarado con lugar el recurso de amparo de una persona, a quien la Dirección de Inteligencia

Fallo implica que esa Dirección no puede alegar “confidencialidad” cuando una persona pida conocer las “anotaciones” que sobre ella tenga.

El hecho de que la Sala Constitucional haya declarado con lugar el recurso de amparo de una persona, a quien la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se negó a dar información alegando que era de carácter “confidencial”, es celebrado por los sectores que han insistido en el cierre de ese cuerpo de investigación.

Se trata del caso del abogado de origen colombiano Carlos Meneses, quien inició el proceso para adquirir la nacionalidad costarricense, pero el Registro Civil informó que había unas “anotaciones” que no lo hacían apto para ello, las cuales provenían de la DIS.

Según explicó Rafael Ugalde, abogado de Meneses, se presentó el recurso de amparo para saber en qué consistían esas “anotaciones”, pues “la DIS se basaba en una ley muy vieja para confundir los conceptos de confidencialidad y secreto de Estado; con ese mecanismo le quisieron estropear la vida a Gilberto Lopes y a Meneses”.

Gilberto Lopes es periodista de UNIVERSIDAD nacido en Brasil, quien tramitó su nacionalización tras 30 años de vivir en Costa Rica. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil, pues la DIS informó a esa instancia que Lopes “aparece registrado” en sus archivos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la DIS la información sobre el periodista, pero esa Dirección se negó a colaborar alegando que ese material es “secreto de Estado”. Al final, Lopes logró la nacionalidad costarricense pues el TSE no encontró que tuviera denuncias en su contra (Ver UNIVERSIDAD del 11 de febrero).

“LA DIS ESTÁ MURIENDO”

El tema de la desaparición de la DIS ha sido planteado con fuerza desde noviembre del año pasado, cuando estalló un escándalo que vinculó al antiguo subdirector Roberto Guillén con una investigación por estafa seguida por la Fiscalía General de la República (Ver UNIVERSIDAD del 2 de diciembre del 2008).

El asedio de las críticas también costó su cabeza al exdirector Roberto Solórzano y en su lugar se designó al viceministro de Seguridad del Ministerio de la Presidencia, José Torres.

Sobre esta nueva decisión de la Sala Constitucional, el abogado Ugalde considera que “ya no tiene validez el argumento de la ‘confidencialidad’ para perjudicar a una persona; la DIS ha actuado como una policía política que fichó a Lopes, quien es periodista, y a Meneses quien es un abogado que no tiene antecedentes penales en Colombia ni en Costa Rica”.

Consideró que la DIS ha utilizado el recurso de la “confidencialidad” con “fines eminentemente políticos y sin fundamento legal. Con este voto de la Sala IV,  ese recurso ya no tiene sentido”.

Añadió que “a partir de este fallo la DIS está muriendo, ya que cualquier persona tiene abierta la vía para condenar al Estado si siente que la DIS le está perjudicando. Ahora se le puede llamar a cuentas”.

Algo más cauto sobre las implicaciones de la decisión de la Sala Constitucional se mostró el Fiscal General Francisco Dall’Anese, quien desde hace tiempo ha sido uno de los más acérrimos críticos de esa Dirección.

“No sabemos qué implicaciones va a tener esta decisión de la Sala Constitucional porque ignoramos qué trabajo hace la DIS”, señaló el Fiscal, al tiempo que estimó “inaceptable que no haya un marco legal verdadero que regule sus actividades”.
Cuestionado sobre el proceder de la DIS en los casos de Lopes y Meneses, Dall’Anese apuntó que en secreto sólo pueden estar ciertas cuestiones especificadas por la ley, “no puede ser posible que la DIS investigue a los ciudadanos que están en el país”.

Al respecto recordó que investigaciones contra ciudadanos sólo se pueden realizar en los casos especificados en la Constitución Política, cuando se trata de una comisión legislativa investigadora o cuando se trata de un proceso delictivo. “Las investigaciones de carácter político sólo se dan en una dictadura y este país no lo es”, sentenció.

“LA DIS TIENE QUE DESAPARECER”

Desde la Asamblea Legislativa son variadas las reacciones ante la actuación de la DIS y sobre el voto de la Sala Constitucional. El libertario Luis Barrantes, quien propuso la eliminación legal de la DIS, dijo compartir el criterio de la Sala: “No se puede alegar confidencialidad en una oficina política investigativa; analizaré ese voto en todos sus extremos, pues me parece una seria llamada de atención”.

Para el jefe de fracción libertario, las consecuencias de la decisión de la Sala IV implican que “se deben tomar acciones decisivas, no paños tibios, como el Ministro de la Presidencia cuando propone sus reformas”.
 
“La DIS simplemente tiene que desaparecer y sus archivos deben pasar a cualquier instancia abierta donde quede claro qué ha hecho esta unidad política investigativa. Defender la DIS es defender lo indefendible”, agregó.

A su vez, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Francisco Molina, manifestó que “no puede ser que los derechos de los ciudadanos sean violados a discreción, la DIS no debe ser un órgano político, sino uno jurídico que responda a las reglas del país”.

En su criterio, la decisión de la Sala “retrata de cuerpo entero a la DIS en sus irregularidades y atribuciones que se ha arrogado sin sustento en la ley; hemos insistido en que es mejor cerrarla y trasladar algunas de sus funciones a otros órganos competentes”

En la bancada oficialista del Partido Liberación Nacional (PLN), el diputado Jorge Méndez ponderó que “veo bien que exista un cuerpo policial que investigue actividades que puedan poner en peligro la seguridad nacional; siempre y cuando no se convierta en un cuerpo de persecución política. Eso sería absolutamente reprochable”.

Con el mismo adjetivo de “reprochable” calificó Méndez el hecho de que un órgano público no provea información a una persona que tenga estadía en territorio nacional. “No hay ninguna ley que sostenga eso”.

Añadió que si la DIS se financia con fondos públicos, o sea de todos los costarricenses, “la Constitución Política garantiza el libre acceso de los ciudadanos a las oficinas públicas, más si se trata de una investigación que los alude”.
Se buscó el criterio de la jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Lorena Vásquez. Sin embargo, a pesar de que se le envió copia del voto de la Sala IV, la diputada no atendió a este medio.

Quien sí se refirió al tema fue la socialcristiana Ana Helena Chacón, quien manifestó que “lejos de ser una policía política, la DIS debe atender los fines para los que fue creada, conocer aspectos que puedan amenazar la seguridad del país, como el terrorismo o el narcotráfico”.

Chacón puntualizó que la información que podría poner en peligro la seguridad del país es clasificada, pero si se trata de una información personal para que a una persona no se le otorgue un estatus migratorio regular, “no puede ser que digan que tienen un apunte y que esa persona no pueda saber qué es lo que se le achaca”.
“La inteligencia es importante pero para usos de seguridad nacional exclusivamente, no para venganzas o espionaje político, eso atenta contra los derechos”.

“NOS AMPARAMOS EN LA LEY”

José Torres, actual director de la DIS, manifestó que por orden de Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia, se realiza un “estudio profundo de la labor en la DIS. Vamos a plantear una ley de inteligencia y a nombrar una comisión en la que incluso quiero que forme parte el Fiscal General”.

Justificó la existencia de la DIS en que “debe existir un cuerpo de inteligencia sobre todo ante situaciones de terrorismo, que en el nivel mundial se manejan a través de estas fuentes”.  
Sobre el caso del periodista Lopes, manifestó que “no hay, no existe o desconozco la nota en que se alegue que eso es secreto de Estado”.

Explicó que los informes de la DIS  son confidenciales y podrían ser declarados secreto de Estado mediante una resolución del Presidente de la República, la cual “en ningún momento se ha dado en el caso de Lopes ni en el caso de Meneses”.
Sobre este último caso, señaló que lo que existió “hace mucho tiempo” fue una alerta de INTERPOL, que fue levantada hace muchos años.  “Mi oficina está a disposición de ambos para que vayan en cualquier momento a buscar información, porque contra ellos no hay absolutamente nada”, apuntó.

Ante la pregunta de por qué a ambos les dijeron que tenían un registro en la DIS, replicó: “Quisiera ver las notas en las que le dijeron eso al señor Lopes, no tengo nada más que la información que salió publicada en UNIVERSIDAD”.

Ante ello se le cuestionó si sería entonces anómalo que existieran esos expedientes en la DIS. A lo cual manifestó: “No digo que sea anómalo o no porque no los conozco, no sé si existen, hice una consulta y en este momento no hay absolutamente ningún reporte que pudiera decirnos que el señor Lopes tiene alguna situación en la DIS”.

Sobre las consecuencias del fallo de la Sala, Torres indicó que “nos amparamos en lo que dice la ley. Si en un caso concreto la Sala dice que debemos dar información, la damos sin ningún problema”.


Precandidatos divergen sobre futuro de la DIS

Vinicio Chacón
[email protected]

Opiniones divergentes sobre el futuro de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) manifiestan precandidatos presidenciales consultados por UNIVERSIDAD, en vista de los comentarios generados por lo sucedido al periodista de UNIVERSIDAD Gilberto Lopes y el fallo de la Sala Constitucional sobre el caso del abogado Carlos Meneses (Ver nota Sala IV obliga a DIS a revelar información).

Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo estar “totalmente de acuerdo con eliminar la DIS, hace mucho tiempo propuse esto, porque es una policía secreta en manos de los que tiene vocación de tiranos para violar los derechos humanos”.

Solís, quien luchará para lograr su tercera candidatura a la presidencia, manifestó además que “como se trata de espionaje profesionalizado, hay que despedirlos, ni siquiera se pueden transferir al Ministerio de Seguridad Pública, y los recursos deben dirigirse a la policía normal”.

El economista además opinó sobre el caso del periodista Lopes y señaló que “es un ejemplo de que la DIS no existe para la protección de los ciudadanos, sino para perseguirlos, al contrario de lo que deben ser los cuerpos de seguridad”.

También se buscó el criterio de Epsy Campbell, precandidata de la misma agrupación. Sin embargo una asesora informó que ella no daría ninguna declaración antes de aceptar su precandidaura.

Se buscó el criterio de Rafael Ángel Calderón, expresidente de la República y aspirante desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta en el teléfono de su oficina, mientras que en su casa de habitación informaron que no se encontraba.

En el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el exministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, propuso que la DIS se transforme en una Dirección de Inteligencia Policial, y que debe salir del Ministerio de la Presidencia; su director debería ser nombrado por el Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan, entre otros, el Ministro de Seguridad y el Fiscal General.

“Debe haber inteligencia policial, no de seguridad, pues son cosas muy diferentes. La lucha contra el narcotráfico durante mi gestión no hubiera sido posible sin inteligencia policial”, apuntó.

Berrocal, quien fungió como ministro hasta un día antes de comparecer en la Asamblea Legislativa para hablar del tema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC),  coincidió en calificar a la DIS como una “policía política” y criticó el hecho de que sea manejada por el Ministerio de la Presidencia. “Hay consenso nacional en que la DIS debe desaparecer”, apuntó.

De igual manera se buscó el criterio de la precandidata y también exministra de la administración Arias,  Laura Chinchilla. Sin embargo, al cierre de edición fue imposible contactarle.

Johnny Araya, exalcalde de San José y quien lidera la intención de voto entre los liberacionistas según las encuestas, reconoció que “se han presentado irregularidades cometidas por funcionarios de la DIS que nos hacen pensar en situaciones que no van a tono con el interés y la razón de existir de esa Dirección. Dichosamente el gobierno ha actuado y los jerarcas involucrados dejaron sus puestos”.

Araya sostuvo que esa Dirección debe transformarse en lo que son las policías de inteligencia y seguridad de todo el mundo, “instrumentos para acceder a información de agencias internacionales como la INTERPOL”.
En su criterio, “la DIS debe ser reformada profundamente, debe compartir la información, modernizarse y no guardar secretos a su antojo”. Esa modernización no implica sacarla del Ministerio de la Presidencia.

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