La contratación de estudios para finalizar la trocha fronteriza enfrenta atrasos. (Foto: archivo)
Contraloría General está pendiente de resolver apelaciones de empresas interesadas.
Los planes del Gobierno de reanudar la construcción de la polémica ruta fronteriza “1856” tropezaron con un retraso, ante la demora de la Contraloría General de la República (CGR) en resolver apelaciones presentadas contra la adjudicación a la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Sociedad Anónima (Cacisa), de la licitación para el diseño final y elaboración de planos del primer tramo del proyecto, sección Los Chiles-río Pocosol.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) adjudicó el pasado 13 de marzo el contrato por ¢360 millones a Cacisa, empresa que también había sido contratada el año pasado para supervisar los trabajos en la trocha fronteriza.
Tres empresas oferentes presentaron apelaciones a la decisión del Conavi, y la CGR aceptó para darles trámite a las del Consorcio DEHG-ITP e IMNSA Ingenieros Consultores S.A. El caso fue declarado de “tramitación compleja” y los plazos para resolver se han prorrogado; el último ha sido fijado para el próximo 20 de junio.
Ventaja indebida, trato desigual y errores en el cálculo de la experiencia acreditada a favor de la empresa adjudicada, son parte de los argumentos de los apelantes para pedir la anulación de la decisión del Conavi y que se haga una nueva valoración de las ofertas para adjudicar.
Tramitado como una “licitación abreviada”, el contrato tiene que ver con una de las cinco secciones en que ha sido dividido el proyecto, tal y como había propuesto Cacisa en su informe tras la supervisión de las obras de la trocha que le contrató el Conavi, a un precio de ¢152 millones.
La construcción de la trocha se improvisó sin planos ni estudios de impacto ambiental, a un costo aproximado de ¢24.000 millones; las obras quedaron abandonadas y en proceso de deterioro hace un año, al destaparse denuncias de supuesta corrupción con dádivas y otras irregularidades que investiga el Ministerio Público.
Llama la atención que ahora con esta licitación para contratar el diseño final y otros trabajos para construir la carretera de 154 kilómetros −junto al fronterizo río San Juan−, se quiera empezar por el tramo de Los Chiles y no por la sección 5, entre el río Sarapiquí y Delta Costa Rica. Este tramo es el más cercano a la isla Calero, invadida por el ejército de Nicaragua en octubre del 2010. En aras de defender la seguridad del país, el Gobierno alegó que era necesario construir la mencionada vía mediante un decreto de emergencia.
Se le consultó a la dirección ejecutiva del Conavi, por medio de su oficina de prensa, cuál es la razón de que solo se haya sacado a licitación ese tramo y cuándo saldría la licitación de las otras secciones; pero, al cierre de esta edición, no había respondido.
VIOLACIONES
Precisamente la “fragmentación” del proyecto en esas secciones fue uno de los puntos incluidos en la apelación del Consorcio DEHG-ITP, como una de las supuestas violaciones a la ley de contratación administrativa, que prohíbe la fragmentación de los proyectos que vayan a licitar.
En su respuesta a la CGR, el Conavi adujo razones técnicas y de disponibilidad de recursos para hacer la contratación de esa manera, lo que estaría conforme con las excepciones que prevé la misma ley, por lo que no se estaría ante una fragmentación ilegítima, según su criterio.
Por su parte, IMNSA argumentó que en la adjudicación a Cacisa el Conavi violó el principio de igualdad de trato, dio ventaja indebida a la empresa, y le reconoció experiencia incorrectamente, en contra de lo que establecía el cartel, entre otras supuestas violaciones, lo cual el Conavi y Cacisa negaron en sus respuestas a las consultas de la CGR.
Por ejemplo, IMNSA aduce que en febrero pasado le advirtió al Conavi que Cacisa había sido contratada anteriormente para supervisar e inspeccionar la trocha, lo que le daba ventaja sobre los otros oferentes, porque ya tenía avanzado parte del trabajo que ahora se está contratando, pero la denuncia fue ignorada y según el Conavi esa advertencia no fue documentada.
IMNSA también incluyó en su apelación lo dicho por representantes de Cacisa ante la comisión legislativa que investigó las irregularidades cometidas en la trocha, de la oferta que presentaron entonces al Conavi incluía la realización de un diseño básico del proyecto.
En su defensa, Cacisa insistió que el objeto de ambas contrataciones es distinto, y el diseño no formó parte de la anterior, por lo que no hay motivo para que se le impida participar en la actual licitación.
