Opiniones de expertos y de los ciudadanos en la calle, concuerdan en que el primer año de gobierno de la presidenta Laura Chinchilla quedó debiendo en el mejoramiento de la seguridad, que es el problema que más preocupa a la ciudadanía costarricense, y que figura como uno de los cuatro “ejes prioritarios” en el plan gubernamental de la mandataria.

No es extraño entonces que ella en su informe de labores enviado el 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, tratara de remarcar logros obtenidos en materia de seguridad y reiterara su compromiso de hacer de Costa Rica un “hogar más seguro” para todos (ver recuadro “Presidenta destaca desarticulación de bandas criminales”).

Las críticas de los analistas van desde la ausencia de metas y objetivos específicos en la Política de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (POLSEPAZ) que el Gobierno anunció en marzo pasado -ocho meses después de iniciada su labor-, hasta el “erróneo” nombramiento de José María Tijerino como ministro de Seguridad, con una cadena de desaciertos que lo llevaron a renunciar en días recientes.Son tres años “de casi nada” en materia de seguridad y recuperar el tiempo perdido es el gran reto del nuevo ministro Mario Zamora, quien tiene todas las condiciones profesionales y personales para hacerlo, consideró el exministro Fernando Berrocal, aludiendo al período transcurrido desde que él salió de esa cartera y fue sustituido por Janina Del Vecchio durante la administración de Óscar Arias.

Berrocal opinó que la crisis de inseguridad que vive Costa Rica ha superado la capacidad propia del Poder Ejecutivo, por lo que se requiere urgentemente un acuerdo nacional, con todos los partidos políticos y un amplio respaldo de la opinión pública, para resolver dos cosas fundamentales: crear una verdadera política o teoría nacional de la seguridad costarricense, y asegurar un presupuesto fijo para el Ministerio de Seguridad Pública.

En su opinión, hay que alcanzar un aumento gradual y negociado del presupuesto para los próximos diez años, destinado a la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, hasta alcanzar alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Berrocal señaló como un logro indiscutible del gobierno de Chinchilla, haber conseguido que China donara $30 millones para construir la Escuela Nacional de Policía, y cree que ya debería haber un equipo con asesoría de alto nivel, para comenzar a trabajar en el programa de formación y el contenido de los cursos. “Para ello se necesita escribir una especie de teoría o doctrina auténticamente costarricense, de la Fuerza Pública que queremos, y eso -en este país- nadie lo ha hecho”, insistió.

El ministro Zamora tendrá que abocarse a poner en blanco y negro los términos del acuerdo nacional sobre seguridad, y a iniciar negociaciones en la Asamblea Legislativa y con la sociedad civil organizada. “Su trabajo será el más difícil que haya enfrentado con anterioridad cualquier otro ministro de Seguridad Pública”, afirmó Berrocal.

BALANCE

Mientras tanto, Paul Chávez, experto en temas de seguridad, considera que la labor del Gobierno en este campo deja un balance mixto, pues ha habido aciertos, pero también aspectos importantes que se han dejado de lado.

A su juicio, un primer problema que ha tenido la Presidenta Chinchilla, fue cometer el “error” de nombrar a Tijerino como ministro de Seguridad, porque si bien es cierto que ella habrá considerado que se trataba de una persona proba y un jurista preparado, ello no era suficiente para manejar un tema tan complicado como la seguridad ciudadana y el Ministerio de Seguridad, donde se necesita experiencia y conocimientos específicos.

En su criterio, otro problema ha sido apostar por una estrategia cuya eficacia no está demostrada, como lo es la aumentar el número de efectivos. No está comprobado que el mayor número de policías contribuya a un aumento de la seguridad. En tercer lugar –añadió-, sigue sin resolverse el problema del financiamiento de los programas de seguridad.

Por otro lado, Chávez mencionó algunos aciertos de la administración, como el logro de importantes decomisos de drogas y desarticulación de bandas criminales, así como una disminución de los reportes de corrupción en la Fuerza Pública respecto a lo que se denunciaba durante el gobierno anterior.

Asimismo, destacó que se manejó bien el problema de la ocupación de la isla Calero, y el conflicto con Nicaragua no derivó en problemas de otra naturaleza, que hubieran dejado muertos, por ejemplo.

Estima que el nuevo ministro es una persona capaz y conocedora, con trayectoria en materia de seguridad, y puede significar un cambio positivo. A lo primero que debe entrarle es al problema del financiamiento. Ese es el logro que debe buscar el ministro, y darle liderazgo y credibilidad a la seguridad pública, a fin de que la gente sienta que hay avance, señaló.

Eso ha faltado y el problema es que un año perdido en materia de seguridad es terriblemente difícil de recuperar. “Vamos a ver qué pasa; yo tengo muchas expectativas de que don Mario Zamora logre avanzar en el tema. Él puede tener el liderazgo y la credibilidad, pero si no consigue la plata, seguiremos sin resolver el problema”, advirtió Chávez.

Un asunto clave por resolver en el Ministerio de Seguridad, según los analistas, es el orden interno de la institución, donde muchos funcionarios se consideran “golpeados” y desanimados. El nuevo ministro tiene el gran reto de demostrar quién manda en el Ministerio, y que no pase algo semejante a lo que le ocurrió con Tijerino, que al inicio de su cargo no se cumplió su orden de salir a patrullar, con lo que entró con el pie izquierdo y deslegitimó su autoridad.

 

Presidenta destaca desarticulación de bandas criminales

En el informe de labores enviado a la Asamblea Legislativa sobre su primer año de gobierno, la presidenta Laura Chinchilla mencionó, entre otros logros, el nombramiento de más de 1.000 nuevos policías, intensificación de operaciones de patrullaje y control de carreteras, aumento de operativos en zonas de auge turístico, en comunidades en riesgo, en entornos escolares y en autobuses.

También destacó las numerosas detenciones y decomisos de drogas, armas y vehículos robados; la adquisición de un terreno de 32 hectáreas en el cantón de Pococí, Limón, y la  gestión de $30 millones en cooperación internacional, para dotar de sede permanente a la Escuela Nacional de Policía.

La mandataria además citó acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado (con la desarticulación de 152 bandas criminales), prevención de la delincuencia, y la integración de una primera unidad de 150 efectivos de la policía de fronteras para la defensa de la soberanía.

Según Chinchilla, ha habido un aumento de las detenciones, y el impacto de estas acciones -junto a otros factores- deberá analizarse a la luz de la disminución que se viene registrando en las tasas de delitos denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe de la mandataria se centró en torno a que la inseguridad ronda la vida de los costarricenses en todos los ámbitos, no solo en aspectos de violencia y criminalidad, por lo que reiteró su compromiso de “hacer de Costa Rica un hogar más seguro para todos” mejorando lo social, la economía, la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

¿Ha mejorado la seguridad en el primer año de este Gobierno?

Albin Obando, trabajador municipal: No he notado ningún cambio. (Foto: Katya Alvarado)

Rafael Brenes y Olga Berrocal, vecinos de Granadilla: En el barrio tenemos los mismos problemas de inseguridad, opinaron ambos. (Foto: Katya Alvarado)

Felipe Villegas y Viviana (no quiso dar apellido), estudiantes de Santa Ana y Curridabat, respectivamente: La gente sigue sintiéndose insegura, coincidieron. (Foto: Katya Alvarado).