La consigna es clara: la lucha está orientada a derribar el modelo neoliberal que ha imperado en Costa Rica en los últimos años y la oposición absoluta a iniciativas de ley que busquen reducir las condiciones laborales de los trabajadores, disminuir las oportunidades educativas e impactar los bolsillos de la clase trabajadora.
Las organizaciones sindicales y sociales del país hicieron eco de estas denuncias en la marcha del pasado 20 de agosto, que se desplazó desde el Parque Central de San José hasta la Asamblea Legislativa.
Los dirigentes de las organizaciones pertenecientes al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) aseguraron que durante mucho tiempo han tratado de llegar a acuerdos con las autoridades de los gobiernos de turno, pero estos se han sujetado a una política financiera que favorece a quienes tienen más dinero y hacen más grande a la clase pobre.
Sumado a esto, denunciaron un fuerte empeño por desmantelar y cercenar las instituciones públicas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, las entidades de educación pública y muchas otras.
“Los acuerdos del TLC han impulsado estas políticas, permitiendo que la agricultura nacional se vea afectada directamente por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y que produzca una mayor importación de granos de básicos, desplazando a los agricultores costarricenses. Además, se ha dado un desmantelamiento de la Caja, entregando muchos de sus servicios a consorcios privados”, criticó Luis Chavarría, coordinador del Bussco y secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Aunque muchas de las demandas tienen tiempo de estar en la palestra, lo cierto es que el detonante de la reacción de las organizaciones sindicales es el anuncio de ciertos proyectos de ley que se presentaron o se presentarán pronto en la Asamblea Legislativa.
Dichos proyectos impulsados como medidas para solventar la problemática fiscal, económica y laboral del país alzaron los ánimos y pusieron en alerta a los representantes de los trabajadores del sector público, quienes son enfáticos en que lucharán hasta el final por garantizar el bienestar del pueblo y las familias costarricenses.
“Las autoridades gubernamentales están cediendo a las políticas impulsadas por gobiernos anteriores de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, y por algunos políticos enemigos de los trabajadores, como los del Movimiento Libertario y partidos cristianos, con iniciativas que buscan reducir los complementos salariales, atacar los salarios de la clase trabajadora, quitar presupuesto de las instituciones del gobierno central para deteriorarlas aún más, imponer nuevos impuestos sin haber cobrado efectivamente los actuales o implementar otras acciones en contra de la salud pública y la educación”, aseguró Chavarría.
Igualmente, consideran que el aumento salarial de 0,08% decretado por el Gobierno está en concordancia con las políticas intervencionistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), para racionalizar el gasto del gobierno central; en esa misma dirección, el gobierno central se enfoca en la aprobación de un paquete de impuestos claramente regresivo, para resolver el déficit fiscal, señaló el dirigente.
NO AL PAQUETE DE IMPUESTOS
El proyecto de la nueva ley de impuestos, sobre todo lo relacionado con el impuesto al valor agregado que el Gobierno pretende incrementar al 15% en tres años, ha generado una negativa absoluta.
Durante la marcha sindical y social, los discursos enfatizaron en que esta imposición no será cubierta por los grandes millonarios del país, sino que recae directamente en los bolsillos de los más pobres y de la clase trabajadora, pues está dirigido al consumo de productos básicos.
“No quiere decir que estemos en contra del paquete de impuestos, pero que venga verdaderamente a imponerse a productos como licores de lujo, a grandes propiedades, a las enormes ganancias de ciertos sectores. Es inaceptable la gran evasión de impuestos que anda por el 8,7% y la defraudación fiscal que experimenta el país; pero esas prácticas no las realiza la clase trabajadora, que mes a mes cumple con el pago de sus impuestos, sino el sector empresarial”, añadió.
Otro de los proyectos que ha encontrado oposición por parte de las organizaciones sociales es el de empleo público, el cual algunos sectores políticos y empresariales presionan porque se apruebe.
Este plan establece una serie de medidas como el salario único, eliminando complementos del salario de los trabajadores públicos, como la cesantía, la reducción de anualidades, la eliminación de pagos por viáticos, zonajes y muchos otros.
EDUCACIÓN EN ALERTA
Las organizaciones gremiales del sector educación también se sumaron a la marcha y aseguran que apoyarán cualquier otra medida que se tome en los próximos días. Entre sus preocupaciones se encuentra el proyecto de educación dual, que está siendo analizado en una subcomisión de la Asamblea Legislativa.
Según Ana Doris González, secretaria general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el proyecto de educación dual pretende certificar a jóvenes que no necesariamente cumplieron con los grados académicos vinculados con su área de trabajo, y también busca incorporar tempranamente a los estudiantes de colegios técnicos a la vida laboral.
“Establece que los estudiantes pasarán una tercera parte en el centro educativo y dos terceras partes en la empresa, serán vigilados por un mentor que corresponde a un trabajador de la empresa y los docentes de los colegios deberán no solo formar teóricamente los muchachos, sino también al mentor. Es una forma de incorporarlos anticipadamente a la vida laboral, convirtiéndolos en mano de obra barata”, lamentó González.
Otra temática relacionada con la educación pública que se incluyó en las demandas de las organizaciones sindicales y sociales fue la defensa del presupuesto de las universidades públicas y del ataque a las convenciones colectivas.
En este sentido, Rosemary Gómez, secretaria general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó que están en pie de lucha al defender un presupuesto justo para que la institución continúe con su función de formar a los jóvenes, desarrollar investigaciones de gran impacto nacional e internacional y de llevar a cabo actividades de acción social.
“Nuestra convención colectiva nos exige defender la autonomía de la UCR, evitar que se tomen decisiones que afecten su participación en la sociedad, como la reducción del presupuesto, la afectación de los derechos de sus trabajadores y que siga cumpliendo su misión, independientemente del modelo económico y político que impere”, dijo Gómez.
Las organizaciones miembro del Bussco advirtieron que, de no lograr acuerdos con las autoridades del Gobierno y establecer verdaderas mesas de trabajo, organizarán una serie de acciones que podrían desencadenar en una huelga nacional en los próximos meses.
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