El próximo mes de noviembre, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) sufrirá una transformación que lo convertirá en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER); dicho cambio genera dudas entre campesinos de asentamientos conformados por la institución agraria, así como representantes de familias que luchan por el derecho a la tierra.

Tales inquietudes fueron expuestas en un foro organizado por el programa de Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el que participaron campesinos de Caña Blancal, Finca 9 y Finca 10 (Osa),  Los Chiles (Alajuela) y Sixaola (Talamanca).

Con el cambio, la institución pretende generar mayores oportunidades para las familias productoras, para que no solo dependan de la agricultura de subsistencia, según lo explicó el presidente del IDA, Rolando González. (Véase Los asentamientos vigentes mantienen sus condiciones”)

Sin embargo, ciertos cambios no generan confianza entre el campesinado, especialmente la disposición de que las parcelas ya no serán transferidas a las familias, sino que estas podrán solamente ser arrendadas por periodos de cinco años, con derecho a prórrogas.

“Con esto perdemos todas las garantías de heredar a nuestros hijos, se pierde el patrimonio familiar”, asegura Wilberth Gómez, campesino de Sixaola en Talamanca.

El líder del asentamiento en Medio Queso de Los Chiles Álvaro Hernández aseguró estar disconforme con los cambios a la ley: “Esta ley lejos de apoyarnos nos perjudica con arrendamientos ridículos, y que ya están ahí estropeando los derechos de nuestros campesinos”.

Al menos  25% del territorio del país se encuentra bajo la categoría de asentamiento campesino y, por lo tanto, son administrados por el IDA. Es por esto que desde sectores universitarios, también se generan dudas sobre las transformaciones.

Ese es el caso de José Julián Llaguno, quien desarrolla un proyecto de alternativas de producción y organización en el Valle de Sixaola.

En su opinión, “esta ley podría estar muy influenciada por un paradigma de diseño institucional y territorial que desfavorece a las familias campesinas que trabajan desde una perspectiva más familiar de autoconsumo y más orientada a la  diversificación productiva”.

Mientras que Karen Barrantes, integrante de Kioscos Ambientales de la UCR, es del criterio que esta transformación  “es el último golpe que le dan al campesinado”.

El presidente del IDA, Rolando González, fue enfático al considerar que las dudas provienen por la falta de información sobre las implicaciones del cambio; “no hemos tenido todavía un proceso detenido de traslado de conocimiento a todos los sectores. Lo hicimos con congresos regionales en todo el país, muchas organizaciones campesinas nos respaldaron, pero  todo lo nuevo produce inquietud y requiere de aclaración y paciencia.”

Rolando González. Presidente del IDA

“Los asentamientos vigentes mantienen sus condiciones”

¿Cuál es el principal reto que se pretende cumplir con la transformación del IDA?

-El reto es que a la familia campesina  no solo se le dote de tierra sino de una capacidad instalada en materia de capacitación, organización, financiamiento, tecnologías y mercadeo, no pensando en una economía agrícola de subsistencia porque eso es apostarle a la pobreza crónica, sino en la perspectiva de una economía creciente y productiva que les permita a las familias su autoabastecimiento y además comercializar.

¿Esta transformación afecta a los asentamientos ya creados por el IDA?

-Todo asentamiento existente se regirá por la ley del ITCO, por lo tanto mantienen sus condiciones actuales e igual los asentamientos creados este año; a partir del próximo año no habrá asentamientos sino proyectos productivos vinculados a agronegocios.

¿Por qué instaurar la figura del arrendamiento?

-El arrendamiento ya existe en la ley del IDA, se usa poco. Pero la ventaja de este es que le permite a la familia en los primeros tres años probarse a sí misma si lo que produce la tierra es suficiente para sobrevivir y si no es así han pagado un canon muy barato; el periodo del canon les permite ahorrar para asumir la deuda después también.

En Sixaola el arrendamiento no es una opción

Tras 30 años de habitar fincas en Sixaola de Talamanca y con títulos de propiedad en mano, familias productoras aseguran que existen presiones para la renuncia al derecho de posesión otorgado por el IDA, ya que los campesinos de esta zona se ubican dentro de la denominada milla fronteriza, que por ley es inalienable, según resolución de la Contraloría General de la República.

No obstante, Wilberth Gómez afirma que para lograr que las familias renuncien a sus títulos de propiedad, funcionarios del IDA intimidan a las personas y amenazan con eliminar el subsidio de granos y semillas que otorgan.

Tal es el caso de Mercedes Montero, quien asegura que sus suegros fueron engañados para que firmaran un derecho de arrendamiento sobre la parcela que les asignó el IDA y de la cual mantenían un título de propiedad, mientras que ahora deben cancelar un canon de ¢40 mil para continuar con la posesión de esta.

Aeropuerto en Zona Sur sepultaría sueños campesinos

La construcción del prometido aeropuerto internacional del Sur significaría la desaparición de dos comunidades del distrito de Palmar Sur de Osa: Finca 9 y Finca 10, en donde habitan alrededor de 100 familias campesinas.

Finca 10 fue comprada por el IDA para la creación de un asentamiento campesino, mientras que Finca 9 pertenece al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP); en la actualidad se discute la posibilidad de utilizar estas fincas para la construcción de un aeropuerto internacional.

“Nosotros mantenemos la posición de que no nos reubiquen, asegura el campesino de esta zona, Geovany Muñoz.

Según Muñoz, existe una propuesta para que el aeropuerto sea construido en otros terrenos cercanos y que serían donados al Estado, por lo que no existe necesidad de utilizar las fincas habitadas por las familias campesinas.

Medio Queso se resiste entre desalojos violentos

Tras año y medio de ocupación de una finca de 500 hectáreas en el distrito Medio Queso en Los Chiles, cerca de 200 familias han resistido cinco desalojos, que en su mayoría han desencadenado enfrentamientos violentos entre campesinos y miembros de una empresa de seguridad privada, contratada por el empresario de la zona Elmer Valera, quien reclama que la propiedad le pertenece.

El asentamiento Lucha por la Tierra fue constituido en 2011, luego de la invasión a una propiedad que registralmente aparece inscrita a nombre de la sociedad Naranjales Holandeses, empresa que cerró operaciones en el país desde hace ya una década.

No obstante, sobre las 500 hectáreas existe un proceso judicial iniciado por Varela, quien ostenta un derecho de posesión sobre la propiedad.

Durante este conflicto los campesinos reclaman que el IDA no ha intervenido para buscarle una solución al problema de las familias campesinas que solicitan la compra de la finca y así la constitución legal del asentamiento, se cuestionó Álvaro Hernández.

Sin embargo, Rolando González, presidente del IDA, afirma que existe un compromiso para que se revise la situación de la finca, pero no obstante hasta que se resuelva judicialmente el proceso interpuesto por Elmer Varela, la institución agraria no podría definir las acciones por tomar; “en el momento en que jurídicamente y técnicamente se demuestre que esas tierras son idóneas entraríamos a actuar”, aseveró González.

Caña Blancal, pueblo afectado por PH El Diquís

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se ha visto truncada por la oposición de comunidades indígenas en el cantón de Osa, Zona Sur del país; sin embargo, el desarrollo de este proyecto también preocupa a habitantes de asentamientos campesinos creados por el IDA, tal es el caso de Caña Blancal en el distrito de Palmar Norte.

El asentamiento se conformó luego de que 500 familias perdieran sus viviendas tras el paso del Huracán César en el año 1996. Desde esa fecha la población logró consolidar un asentamiento que en la actualidad satisface las necesidades de la población que lo habita.

No obstante, el anuncio del desarrollo del proyecto El Diquís, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, genera incertidumbre, ya que un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica determinó que de realizar la construcción de la planta hidroeléctrica las fuentes de agua que abastecen a Caña Blancal desaparecerían.