Representantes de sectores sociales aseguran que la administración de Luis Guillermo Solís, al cumplir el primer año de gestión, no ha avanzado mucho en temas que les atañen y consideran que la apertura al diálogo no ha sido la que esperaban de un gobierno promovido como de cambio.
Están convencidos de que para poder avanzar en temas esenciales relacionados con la educación, la salud, el medioambiente, el trabajo decente y muchos otros, se requiere del establecimiento de espacios de diálogo permanentes con los movimientos sociales, así como la búsqueda de alianzas para impulsar iniciativas que resuelvan los grandes temas pendientes.
Todo esto no se ha dado durante el primer año del Gobierno, cosa que sí se ha visto con el sector empresarial, cuyos representantes incluso han viajado con el mandatario en busca de inversión extranjera, cuestionan los diversos sectores.
“Consideramos que no se ha dado ningún cambio, el cambio que prometió Solís en campaña electoral; todo lo contrario, se le ha dado un seguimiento a las políticas que se venían aplicando por los gobiernos anteriores”, explicó Susan Quirós, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y miembro del Bloque Sindical y Social Costarricense (Bussco).
En materia de política salarial estamos estancados, hay congelamiento de los salarios, una política contraria a las convenciones colectivas negociadas por los sindicatos»Susan Quirós, Unión Nacional de Trabajadores
Entre los proyectos que enfatizó Quirós se encuentra la concesión en el puerto de Limón a APM Terminals, la ampliación de la Ruta 32 en manos de una empresa china, y los grandes problemas en la Caja Costarricense de Seguro Social.
De acuerdo con la representante de la UNT, hace un año el presidente Solís recibió, por parte de más de 80 organizaciones sociales, un documento con las principales problemáticas y medidas que se podrían tomar para solucionar la grave situación de la Caja.
Aseguró que es indispensable que se abra una mesa de diálogo para el abordaje inmediato de la Caja, a lo cual considera que han hecho oídos sordos. Tampoco ha sentido una verdadera defensa de los derechos sociales y estima que hay una gran deuda en la tutela del cumplimiento de los derechos laborales, por parte de patronos privados.
“En materia de política salarial estamos estancados, hay congelamiento de los salarios, una política contraria a las convenciones colectivas negociadas por los sindicatos. Han quedado debiendo y si no hay un cambio encontrarán resistencia en las calles”, dijo Quirós.
Deudas en educación
En materia educativa, las demandas también son muchas, explicó Gilberto Cascante, secretario general la Asociación Nacional de Educadores (ANDE); por ejemplo, se dejó de lado a los educadores incapacitados permanentemente, quienes no pueden poner sus cuotas al día y se atrasa su proceso para pensionarse, a pesar de que están enfermos.
“Los planes y programas educativos están atrasados, no concuerdan con la realidad nacional y los programas de evaluación. Además seguimos con problemas en materia de salarios; no todos los compañeros nombrados han recibido su dinero”, detalló Cascante.
El secretario de la ANDE indicó que el Gobierno debió entrarle al proyecto que permite a la Junta de Pensiones incursionar en infraestructura pública de los centros educativos. Asimismo, ve indispensable invertir en la mejora de escuelas, incorporar agua potable, computadoras y electricidad.
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“Nos preocupa la ley de empleo público y que quieren meter nuevos impuestos, que serán cargados directamente a la clase trabajadora”, agregó.
Por su parte, Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), aseguró que ya han planteado al presidente Solís una agenda de lucha nacional contra el modelo neoliberal, específicamente contra el proyecto de empleo público que está dirigido a implementar el salario único, haciendo que los trabajadores pierdan su derecho a las anualidades, a la dedicación exclusiva, carrera profesional e incentivo didáctico, que son elementos vitales en el dinero que reciben todos los meses.
“Algo que nos preocupa es que el Ministerio de Trabajo ha planteado una mesa sindical para el empleo público y productividad, y es una estrategia que implementa un proyecto de educación dual para los estudiantes que no pertenecen al sistema formal, que van a ser formados como la mano de obra barata para las grandes empresas, utilizando los recursos del INA, con una beca que va a pagar el IMAS y además la Caja va a dar un subsidio para las empresas que contratan a los muchachos”, reprochó González.
¿Y sobre medio ambiente?
Por su parte, el movimiento ambientalista emitió una crítica sobre los pocos avances que ha tenido el gobierno de Solís en esta materia y con respecto a aquellos temas que se quedaron en la palestra sin ser atendidos.
Parece que una iniciativa positiva fue la propuesta de Área Marina Comunitaria para la Pesca Artesanal Responsable, así como la presencia del ministro de Ambiente en la marcha para exigir justicia para Jairo Mora, frente a la liberación de sus asesinos.
“También fue un buen avance el decreto de moratoria a las actividades de incineración de residuos, pero está a punto de caer por la presión de alcaldes y empresas interesadas. El decreto que declara al maíz patrimonio cultural fue un refrito que propuso el sector ambiental al gobierno pasado”, comentó Heidy Murillo, de la Federación Ecologista (Fecón).
Además, la convocatoria a un diálogo nacional de energía terminó en un ejercicio para viabilizar proyectos, y en el caso de la moratoria petrolera, aunque bien se extendió el plazo, no se ha insistido en la infraestructura destructiva, que se ve cada vez con mayor frecuencia en megaproyectos que están por encima del ambiente.
“Son muchos los temas, continúa la minería, la generación eléctrica privada, que afecta el suministro de agua y no se ha aprobado un decreto de moratoria a los cultivos transgénicos, a la expansión piñera y menos a la atención de los territorios indígenas”, añadió Murillo.
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