Los trabajadores de diversos sectores salieron a la calle para exigir sus derechos, contra el plan fiscal, por la seguridad social y la educación (Foto: archivo).

El nuevo plan de consolidación fiscal, que saldría de una serie de consultas sectoriales y que realiza el gobierno de Laura Chinchilla por medio del ministerio de Hacienda, ha encontrado oposición en los sectores gremiales del país, los cuales sostienen que se trata de una fatídica estrategia para afectar las condiciones de vida del pueblo y los servicios públicos del país.

Dicho plan tiene como objetivo impulsar una serie de medidas para reducir gastos, elevar ingresos y mejorar las fuentes de financiamiento del Gobierno. Además, sería presentado a la Asamblea Legislativa luego de las elecciones presidenciales del 2 de febrero próximo.

Con la propuesta, el Gobierno pretende enfrentar el déficit y generar un ingreso extra de un 3 % del Producto Interno Bruto.

En este sentido, diversos representantes de organizaciones sindicales sostienen que la iniciativa generaría graves problemas a los trabajadores del país.

Como parte de los cuestionamientos que realiza el sector social al compendio de propuestas que impulsa el ministerio de Hacienda, se incluye la afectación de los salarios de los trabajadores, una disminución del gasto social, aumento de los impuestos y congelamiento de plazas, lo que significaría menos empleo.

Entre sus argumentos aseguran que se reducirán las anualidades y se implementará el salario único en el sector público, con lo cual se realizarán ajustes salariales sobre la base y no sobre los pluses.

Así mismo, asegura la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), se aumentan los impuestos al salario, se limita el pago de dedicación exclusiva y el impuesto de ventas se incrementaría al 15 %, eliminando la exoneración a los productos de la canasta básica.

Para la ANDE, los sectores que se verían más afectados son la educación pública y la seguridad social.

En el caso del primer sector, detallan que se daría una revisión periódica del 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, con el fin de disminuir el porcentaje, y se crearía un impuesto a la educación privada, que sería finalmente trasladado a los estudiantes.

“Arremete contra las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, congela las plazas en el magisterio, aumenta el monto de la cotización para el fondo de pensión, elimina la opción de retiro antes de los 60 años, pone tope a las pensiones y elimina el reajuste por costo de vida”, argumentó Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.

Según el líder sindical, la organización ha analizado la propuesta fiscal, la cual en su criterio va en detrimento de la educación, pues le quitarían a la educación pública el 8 % del PIB, para pasarlo a un 7,2%.

“Esto afectaría en materia de infraestructura y puestos de trabajo, pero lo que más nos afecta es que no habría plata para programas y proyectos especiales del Ministerio de Educación; tampoco habría recursos para apoyo tecnológicos en los centros educativos”, añadió.

En esta misma línea, el presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilbert Díaz, manifestó que la agenda de diálogo fiscal, promovido por el Ministerio de Hacienda, disminuiría severamente los ingresos a la educación, los salarios y las pensiones de los educadores y otros sectores.

“Somos los llamados a decir basta ya, decirle a la Presidenta que deje al país en mejores condiciones de las que lo encontró y que no se le olvide que −por más de 70 años− somos quienes hemos defendido al pueblo. No vamos a permitir que nos quiten el 8 % para la educación”, advirtió Díaz.

Por otra parte, la afectación a la seguridad social se enfocaría en el desfinanciamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, al eliminarle el 10 % del aporte estatal, se reducirían los fondos de Instituto Mixto de Ayuda Social y de Asignaciones Familiares.

Rodrigo López, de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), enfatizó que la iniciativa del Gobierno pretende imponer nuevas cargas, como gravar los aguinaldos, el salario escolar, las pensiones y todo lo que está relacionado con los ingresos de los trabajadores.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, emitió un comunicado de prensa en el cual aseguró que la iniciativa se trata de un análisis de la situación de las finanzas públicas del país; son mesas de diálogo con el propósito de inventariar la posibilidad de alcanzar acuerdos en esta temática y que el documento no es un proyecto de ley.

“La postura de insistir en que existe «un proyecto de ley del Gobierno”, que pone en peligro empleos, salarios, pensiones y calidad de vida, y que de aprobarse este proyecto, los ciudadanos experimentaremos una crisis económica imposible de revertir, reflejan una interpretación particular y errónea para justificar el llamado a huelga y no se corresponden con la verdad”, indicó Ayales.

Cinco temas

El  ministro de Hacienda, Edgar Ayales, se ha encargado de llevar a cabo una discusión entre diversos sectores, con el objetivo de sacar propuestas que permitan al país enfrentar el déficit que tiene el Gobierno.

La iniciativa que se ha definido como el “Programa de Consolidación Fiscal”, implicaría el aumento de ciertas tasas de impuestos, y revisaría gastos e inversiones, como las remuneraciones y la planilla pública.

A la fecha se han realizado tres mesas de discusión, en las cuales se han planteado una serie de propuestas para enfrentar las dificultades económicas que enfrenta Costa Rica, las cuales se han enfocado en cinco temas fundamentales:

-Gobernabilidad fiscal, o buen gobierno fiscal.

-Gasto público, eficiencia y calidad del gasto.

-Ingresos, que incluye el análisis de las principales fuentes de ingresos, como son el impuesto a la venta y a la renta, así como exoneraciones, evasión, erosión y contrabando.

-Mejora de la eficiencia en la gestión y ejecución de proyectos, manejo de deuda y mecanismos de financiamiento.

-La necesidad de llevar a cabo políticas fiscales que estén en línea con las políticas de sostenibilidad ambiental.

Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, miles de trabajadores salieron a la calle a manifestarse, pero las demandas no tenían un solo eje, sino varios.

Durante varias horas los manifestantes tomaron las calles de San José y realizaron paros y protestas en diversos puntos del país, con el fin de exigir al Gobierno acciones concretas.

Los trabajadores de la educación se manifestaron contra el paquete fiscal que busca impulsar el Gobierno, los motociclistas contra el fuerte aumento del marchamo y los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad contra la privatización de la electricidad.

Las manifestaciones también se concentraron en la lucha contra la eliminación de pluses salariales, flexibilización laboral, recortes presupuestarios, congelamiento de plazas y muchos otros.

Por su parte, la presidenta Laura Chinchilla afirmó que los trabajadores no tienen motivos para protestar, ya que su Gobierno ha hecho un manejo responsable de la política salarial,  pero que, por otro lado, ha eliminado privilegios que tenían los servidores públicos y eso es lo que le cobran ahora.