Los sectores sindicales y cooperativas rurales de electrificación consideran una provocación por parte del Gobierno, la decisión de convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de contingencia eléctrica” (No. 18093), a pesar que el pasado 30 de julio miles de trabajadores marcharon a la Casa Presidencial contra esta y otras iniciativas que buscan la apertura del mercado de energía.

El proyecto de contingencia eléctrica fue discutido desde mayo del 2011, cuando el Gobierno lo presentó ante una comisión especial legislativa, la cual venció en julio pasado, sin tener una decisión clara al respecto.

Dicha comisión especial se archivó, pero este proyecto y otros más relacionados con el sector siguen en el orden del día y ahora deberán asignarse a alguna comisión o crear una nueva.

De acuerdo con Fabio Chaves, presidente del Frente Interno de Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los trabajadores y cooperativas rurales de electricidad sienten una profunda decepción, pues, a su criterio, el Gobierno no ha sabido interpretar los clamores cuando los sectores sociales se manifiestan.

“Nos preocupa que no entiendan que hicimos un planteamiento de manera respetuosa, patriótica y sin entrar en contradicción fuerte. Nuestra propuesta es fuerte, decente y digna,  para impulsar un sector eléctrico que determine, no solo el modelo, sino cómo mejorarlo”, argumentó Chaves.

El dirigente enfatizó en la necesidad de impulsar un proyecto que mantenga las excelentes características del sistema eléctrico de que goza actualmente Costa Rica, y profundizar a su vez para ser más eficiente, sin perder los principios de solidaridad y servicio público que lo ha hecho grande por décadas.

“Para nosotros la respuesta de convocarlo a sesiones legislativas extraordinarias es una provocación hacia los sectores sociales, que nos puede llevar a una confrontación social en pocos días, pues hemos valorado la posibilidad y ya tenemos una determinación de las bases del ICE, de ir a huelga general. Solo esperamos que se realice una reunión con el ministro de Energía y Minas, en la cual el Gobierno tendrá una última oportunidad de negociar”, señaló.

Dicha reunión, que tendrá lugar en los próximos días, debería contar con gran apertura para iniciar negociaciones y establecer una mesa que impulse un proyecto con todos los criterios interesados.

El presidente del FIT aseguró que no alcanzar un acuerdo dará inicio a una serie de acciones, que incluye comunicación, propaganda e información para la sociedad costarricense, de manera que todos entiendan la dimensión y el objetivo de privatizar los servicios de electricidad.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza aseguró que si bien la comisión fue archivada, los proyectos siguen en el orden del día, y ahora le tocará al presidente del Congreso asignar una comisión para este tema.

“La amenaza sigue latente; el Poder Legislativo convocó el proyecto de contingencia, haciendo oídos sordos a la férrea oposición que tiene la ciudadanía ante esta iniciativa, lo cual nos parece totalmente inconveniente”, lamentó el legislador.

En su criterio, este proyecto viene a desregular un mercado de electricidad que se ha manejado de forma exitosa, tanto en distribución, precio y origen de la energía en fuentes renovables.

“El Gobierno debería concentrarse en otros temas, para alcanzar acuerdos y no insistir en iniciativas que han perdido credibilidad para el pueblo costarricense; es por ello que en la fracción del PAC nos oponemos rotundamente”, argumentó.

EN SU DEFENSA

Para el diputado liberacionista, Luis Gerardo Villanueva, el proyecto que se convocó tiene el objetivo de incorporar regulaciones adecuadas para atraer más inversión privada al sector eléctrico, de manera que se establezcan los límites para producir.

Según Villanueva, la propuesta busca definir en qué condiciones y cómo se organizará el mercado, permitiendo al ICE que continúe siendo el ente que produzca la mayor cantidad de energía eléctrica y que mantenga la máxima captación.

“Está en discusión el tope de lo que pueden vender empresas, sobre todo a los grandes consumidores y esperamos determinar claramente cómo podrán instalarse las empresas y hasta dónde tendrán apertura para producir”, expuso el legislador.

A su parecer, es una gran oportunidad para buscar una solución al tema de producción eléctrica; es por ello que el ministro del ramo y las autoridades relacionadas están buscando acercamientos con los sectores interesados, de manera que se tome en cuenta el criterio de todos.

Villanueva advirtió que este proyecto es parte de las nuevas prioridades del Gobierno; además, desde inicios de la Administración han tenido la pretensión de aprobarlo, de manera que se pueda cubrir la demanda de energía del país.

“De esta forma evitaremos un apagón eléctrico a mediano plazo, pues se requiere llevar a cabo las inversiones, no solo para el mercado nacional, sino para abrir oportunidades con el tratado de interconexión con el resto de países de Centroamérica y lograr exportar electricidad. Eso sí, primero estamos preocupados por satisfacer el abastecimiento del mercado nacional y venderemos solo los excedentes”, indicó el legislador.

Grandes defectos

De acuerdo con los sectores que se oponen a la iniciativa, el proyecto de “Ley de contingencia eléctrica” tiene una serie de fallas, entre ellas, que pretende privatizar al sector, dijo Fabio Chaves, del FIT.

Para el dirigente sindical, este proyecto que impulsa la privatización del sector no puede verse a la ligera, ya que la propuesta pretende que el 55% de la producción eléctrica en Costa Rica pase a manos privadas.

El gran consumidor es aquel cuya demanda máxima registrada durante los últimos 12 meses sea igual o superior a 1 megavatio, por lo que las empresas que vengan a competir podrían ofrecer paquetes y quitarle mercado al ICE y a las cooperativas, o generadores privados que producen actualmente.

“Claramente esta figura es negativa, pues cualquiera podría entrar en el proceso de subasta de energía y afectar tanto los precios de los consumidores residenciales, como dar pie a la posibilidad de desabastos”, detalló Juan Carlos Mendoza, diputado del PAC.

El legislador aseguró que de no existir los controles adecuados para garantizar los suministros en el país, los efectos serían devastadores; además, pasa de un esquema donde se da prioridad a los consumidores costarricenses, a uno que da énfasis a la generación para la exportación.

“Nuestros planteamientos son claros y sencillos, buscamos profundizar el modelo, es decir, quitarle todo aquello que le ha impedido ser más eficiente, como las trabas en las inversiones, la intervención política que tienen las instituciones públicas y ese manejo que se ha venido dando desde adentro para destrozar al ICE”, externó Fabio Chaves.

El planteamiento de los sectores opositores pretende un control de la producción objetivo, que se base en el cumplimiento de metas y que incluya el control de la sociedad costarricense, de manera que los grupos sociales y organizados vigilen, fiscalicen y den su criterio sobre la gestión que realiza la institución, y en conjunto con el Gobierno se impulse el Plan de Desarrollo Nacional.

Cooperativas esperan acuerdo

UNIVERSIDAD conversó con Elías Calderón, gerente de Coopesantos, una de las cooperativas rurales de producción eléctrica, quien explicó que el Gobierno no ha pensado las consecuencias que puede traer el proyecto de contingencia eléctrica.

A continuación un extracto de la conversación:

¿Qué opinan las cooperativas sobre la convocatoria que realizó el Gobierno del proyecto de ley en sesiones extraordinarias?

-Nosotros consideramos que en realidad no se tomó en cuenta nuestro criterio; hubiéramos querido que la presidenta Laura Chinchilla pensara con mayor detenimiento los efectos de esta iniciativa, pues el mal llamado proyecto de contingencia eléctrica lo que busca es dar inicio a la apertura del mercado eléctrico. Una apertura dando oportunidades a las transnacionales y a otros intereses que no son los del país; esa es nuestra preocupación.

¿Qué acciones tomará el sector?

-Vamos a continuar en la lucha y vamos a defender el mercado como está en la actualidad, porque creemos que hay influencias de tipo político y del poder económico que están haciendo peso. Además las autoridades están tomando más en cuenta estos criterios, que el pensamiento de una mayoría de costarricenses que estamos viviendo el tema, que hemos trabajado y desarrollado este país en el campo eléctrico.

Aquí involucro a las 8 empresas eléctricas que estamos produciendo electricidad hace años, inclusive a los generadores privados, pues queremos aclarar que no estamos en contra de ellos. Estamos de acuerdo de que exista la producción privada, pero con tarifas controladas, con una Autoridad Reguladora fortalecida técnicamente y no politizada. Igual creemos que al ICE hay que fortalecerlo, en lugar de debilitarlo como pretenden algunos sectores.

¿Qué efectos inmediatos tiene en la población?

-De momento continuamos trabajando igual, pero sí es un problema a mediano y  largo plazo, porque de existir apertura, ningún privado va a trabajar en las condiciones que trabajamos las cooperativas, las municipalidades o el ICE, con una visión integral y solidaria.

Pero sí vendrán a generar ganancias, las cuales saldrán del mismo pueblo, de sus bolsillos, reflejadas en las tarifas. Además, actualmente el 90% de la energía se genera con recursos renovables, y esto podría cambiar, pues quienes entren a competir podrían buscar otras fuentes, como la generación térmica, que repercutirán en la parte ambiental.

¿Y los efectos a largo plazo, cuáles serían?

-Evidentemente para los más necesitados, las sumas reales son difíciles de hacerlas ahora, pero podemos ver la realidad que vivimos: tenemos un 99.3% de la población electrificado, pero los privados no se van a preocupar por el vecino de las comunidades alejadas, por aquellos agricultores que producen nuestros alimentos todos los días, sino por las ganancias que pueda alcanzar. Habría gente discriminada y difícilmente se les pueda atender como se hace en estos momentos.

¿Y qué opinan sobre la producción de energía para exportar?

-Es un tema muy importante, porque si sobra energía en determinado momento podría exportarse, lo cual estaría muy bien, pero consideramos que el único comercializador para vender y comprar debe ser el ICE. Es la entidad que tiene amplia experiencia y conocimiento en el campo.

Entonces, ya sean las cooperativas o empresas privadas que produzcamos la energía para exportación, debemos hacerlo de forma controlada y todo por medio del ICE.

Pero no es posible que hagamos negocios con empresas en cualquier parte de la región, si hay déficit de energía en el país, o si es más cara.