Según estudio UCR Pago ambiental queda en pocas manos

Las zonas de bosque nuboso del país son una riqueza; pero investigadores como la mexicana Silvia Ribeiro, del Grupo ETC (Erosion, Technology and Concentration),

Las zonas de bosque nuboso del país son una riqueza; pero investigadores como la mexicana Silvia Ribeiro, del Grupo ETC (Erosion, Technology and Concentration), llaman a la venta de servicios ambientales un nuevo paraguas conceptual para justificar la mercantilización de los recursos naturales.

Los pagos por servicios ambientales que el Gobierno otorga a quienes protegen los bosques y plantaciones forestales del país se  quedan en unas cuantas manos, según una investigación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. El director de la entidad responsable de estos pagos, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), interpreta la situación de forma diferente aunque reconoció que existen «prioridades» y «compromisos»  a la hora de dar los pagos.

El mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA) funciona desde 1996 con el fin de ayudar a recuperar la cobertura forestal del país. Aunque hay estudios que señalan que dicha cobertura ha alcanzado una situación de equilibrio, continúa la discusión sobre el tema por las diversas interpretaciones de datos, metodologías y conceptos de lo que es bosque.

Con el objetivo de beneficiar a los pequeños y medianos productores que protegen los bosques en sus propiedades es que se crearon los PSA, pues algunos de estos ecosistemas tienen capacidad de ayudar en la mitigación de los gases de efecto invernadero, proteger al agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, proteger la biodiversidad o contribuir con la belleza escénica.

Estos pagos se financian por medio del impuesto selectivo de consumo de 3.5% que se cobra por la compra de hidrocarburos (gasolina) y que pagan todos los contribuyentes; así como mediante proyectos complementarios del FONAFIFO (ver recuadro).

Los montos que el FONAFIFO paga son ¢79.160 por hectárea por año para protección de bosque, ¢202.700 para plantaciones forestales y ¢123.540 para planes de manejo de bosque; pero para esta última modalidad sólo se pagan las solicitudes presentadas antes del 14 de marzo del 2002. Esto debido a que la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON) realizó gestiones y logró que el Ministerio de Ambiente (MINAE)  no diera más planes para manejo de bosque debido a las criticas por considerarlos una actividad exclusivamente lucrativa.

Este es uno de los puntos polémicos sobre estos pagos; pero otros más fueron expuestos como resultado de la investigación del IICE, elaborada por Marcos Adamson.

¿QUIENES PARTICIPAN?

¿Cómo se reparte el pastel del PSA? fue la pregunta planteada en el estudio y algunos datos que señala son que un 43% de los recursos los reciben personas físicas y un 57% personas jurídicas como sociedades anónimas, Centros Agrícolas Cantonales-CAC, cooperativas, asociaciones de desarrollo y fundaciones.

La mitad de los beneficiarios reciben sólo un 18% del total de recursos para PSA; en cambio un 20% recibe el 60% del total en tanto que un 13% recibe casi la mitad. Además, las áreas en las que se han pagado más PSA son la Huetar Norte y en la que menos se han pagado ha sido Tortuguero.

«La distribución es muy desigual, un 12% de los beneficiarios jurídicos tienen tierras de más de 300 hectáreas y han recibido la mayoría de los montos, aunque está claro que algunos de estos pueden ser Centros Agrícolas Cantonales, que agrupan a varios campesinos», dijo Adamson.

«Un 11% de los beneficiarios físicos recibió el 40% de PSA, esos sí son grandes latifundistas. Lo que pasa es que efectivamente se encuentran a derecho y, si cumplen lo que dicen los decretos, todos pueden ir a matricularse y recibir PSA. Así, una sola persona física tiene inscritas varias propiedades y así acumula un área por aquí, otra por allá, etc. Lo que hay que preguntarse es si esas áreas efectivamente están produciendo servicios ambientales», insistió Adamson.

El economista afirmó que duda que los servicios ambientales son necesarios; pero que necesitan urgentemente indicadores para medir la prestación de esos servicios.

MALAS INTERPRETACIONES

El director ejecutivo del FONAFIFO, Jorge Mario Rodríguez, defendió este mecanismo al expresar que donde ha habido más recuperación de la cobertura forestal ha sido en las fincas donde hay PSA.

«Quiero evitar malas interpretaciones porque en los contratos globales con cooperativas, por ejemplo, el que firma es el representante pero hay muchos beneficiarios».

También aclaró que desde que iniciaron estos se prohibió a los candidatos participar con áreas de más de 300 hectáreas, con excepción de las asociaciones de desarrollo indígenas. «Se ha incrementado la participación de las comunidades indígenas y de las mujeres, y ha bajado el número de empresas».

«En el 2004 estamos fijando como criterio de prioridad las solicitudes de los cantones donde hay mayor pobreza, por una diretriz del Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez», destacó.

No obstante, el funcionario reconoció que tienen que cumplir con los compromisos que el país ha asumido, por ejemplo, con el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que sólo busca invertir en la región huetar norte.

«Con los recursos actuales no podemos abarcar toda la oferta de fincas que tenemos; pero es cierto que el esquema no es perfecto y necesita ajustes».

LOGRO IMPORTANTE

No se puede pretender que el esquema beneficie a los minifundios, como está planteado, expresó Juan Figuerola, de la FECON, pues explicó que el problema radica en que la tarifa se fije según las hectáreas. «¿Cómo no se va a fomentar el latifundismo si dice: entre más hectáreas más se paga?»

Asimismo, los finqueros pequeños tienen que cumplir con muchos requisitos para poder acceder a los pagos por servicios ambientales. Citó de ejemplos la realización de planos y escrituras, pago a los regentes forestales, rótulos  y vigilancia.

«Hay que enseñarles a los mismos finqueros propietarios a que monitoreen su flora y fauna, a hacer inventarios, eso es socializar los PSA», dijo.

Aún así, un logro importante de la FECON este año fue conseguir PSA para 1.565 hectáreas en la franja de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado, beneficiando a 13 campesinos.



Compromisos adquiridos

El FONAFIFO establece convenios para el PSA con algunas empresas. Se compromete a darles prioridad a solicitudes de PSA en ciertas zonas de interés para cada empresa, a cambio de recursos:

-Energía Global-FUNDECOR, Sarapiquí

La empresa paga $10/ha/año y hasta la fecha ha pagado un área de 1.401 hectáreas en las cuencas de los ríos San Fernando y Volcán.

-Compañía Hidroeléctrica Platanar S.A.-FUNDECOR, San Carlos

Platanar paga $15/ha/año y además pagará un monto mensual de $1.000 a FUNDECOR por 24 meses, para que los use en la promoción e identificación de los propietarios y en el pago por la realización de estudios técnicos.

-Compañía Nacional de Fuerza y Luz

Paga $40 ha/año y las áreas son todos los terrenos con bosque dentro de las cuencas Río Balsa superior, Río Aranjuez y del Lago Cote, en Arenal, San Carlos. Estas abarcan un total de 10.900 has.

-Florida Ice and Farm Co. – FUNDECOR

La empresa reconocerá $45/ha/año. El área de interés se encuentra en todos los terrenos con bosque dentro de la cuenca alta del Río Segundo y abarca 1.000 ha de bosque.

Fuente: FONAFIFO, www.fonafifo.com

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