Reportan solo una parte de los salarios a la CCSS.
Federico Malavassi: «La gente que trabaja en los «sportsbooks» dice que está contenta, que gana bien y puede pagar sus cuentas»
El negocio de los sportsbooks, o centros colectores de apuestas deportivas, «defrauda, por diferentes medios, varios impuestos contenidos en la legislación tributaria costarricense».
Así lo afirma una tesis de derecho, aprobada por una Universidad, y cuyo autor o autora prefiere el anonimato por temor a represalias.
Como ha sido ampliamente documentado por reportajes periodísticos, estas empresas comenzaron a operar en el país a mediados de los 90, y en algunos casos son investigadas por la policía estadounidense, debido a sus presuntos vínculos con mafias que operan en EE.UU., y por presuntas violaciones a las leyes de esa nación relativas a los juegos de azar.
Más recientemente, el último informe anual sobre narcotráfico, del Departamento de Estado, de EE.UU., afirmó que en Costa Rica operan más de 200 de estos centros colectores de apuestas electrónicas, aunque muchos son de los mismos dueños. Sin embargo, según la investigación, esta cifra no coincide con las empresas de este tipo que están registradas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio: únicamente 35.
A pesar del conocido liberalismo económico del gobierno estadounidense, ese informe sugirió, además, mejorar la supervisión de los bancos «off shore» y extender las leyes contra el lavado de dinero a las apuestas deportivas, casinos y casas de cambio.
En esa ocasión, el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, reconoció «la necesidad de buscar una solución definitiva a la operación de las apuestas deportivas.» («EE. UU. critica falta de control sobre apuestas», La Nación, 5/3/05)
Pero el trabajo académico en cuestión, examinó también el comportamiento de estas empresas en materia tributaria, y llegó a determinar procedimientos por los cuales un número indeterminado de ellas evaden el pago de impuestos o incumplen su papel de retenerlos en la fuente, en buena medida gracias a la actitud laxa que tienen hacia ellas algunos políticos y el Estado costarricense.
«NO HAY UTILIDADES»
La tesis encontró que los «sportsbooks» incumplen con deberes legales como los de presentar declaraciones juradas del pago de impuestos en los plazos establecidos, «o lo hacen tratando de engañar a la administración tributaria sobre su realidad económica.»
Tampoco cumplen con el deber de llevar una contabilidad transparente. «Muchas de estas compañías llevan una contabilidad para las autoridades costarricenses y otra para lo que al orden real de la empresa se refiere. Las compañías tienen un grupo de contadores costarricenses para la contabilidad local y tiene otro grupo de contadores que los asesora de manera externa, que los primeros nunca pueden tocar o llegar a ver.»
Por lo tanto, también incumplen el deber tributario de colaborar con las autoridades en la provisión de información sobre la real situación financiera de sus negocios, agrega.
Los impuestos que son defraudados -explica el documento- son el de la renta, al salario y el relativo al envío de remesas al exterior, todos los cuales están regulados por la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En el caso del primero, sostiene que deberían pagar el 30%, porque obtienen utilidades al desarrollar una actividad lucrativa de fuente costarricense. Sin embargo, el argumento utilizado por estas empresas para no pagarlo -y que es aceptado por las autoridades locales- es que se limitan a funcionar como un centro de llamadas telefónicas y de comunicación electrónica, pues el dinero de las apuestas es depositado en cuentas bancarias de paraísos financieros como Aruba o Antigua, en el Caribe.
Así, el estudio calculó que en «temporada baja», esto es, cuando no hay campeonatos o competencias de interés masivo, una compañía promedio -no de las más grandes- ubicada en Costa Rica, puede registrar apuestas por unos $2 millones y medio mensualmente. Pero en «temporada alta», estos ingresos ascenderían a unos $20 millones al mes. Sin embargo, otros cálculos estiman movimientos de hasta $22 millones por semana para algunos sportsbooks.
No obstante, el director financiero de una Municipalidad local, donde están ubicados algunos de estos centros de apuestas, entrevistado para la tesis, explicó que «ellos declaran un ingreso y una renta, que son prácticamente para cubrir sus gastos. Algunos reportan utilidades de ¢2 a 3 millones.»
MITA Y MITA
En cuanto a la defraudación del pago de los impuestos al salario -o incumplimiento del papel de retenedor de las cuotas obrero-patronales que deben pagarse a la CCSS-, a partir de entrevistas con personas que laboran en estas empresas como telefonistas o «clerks», la investigación encontró que las empresas dan «información falsa con respecto a los puestos y montos de las planillas.»
«Así, por ejemplo, todos aparecerán ganando ¢110 mil, y es sobre eso que cotizan a la Caja», pero la otra parte de su sueldo verdadero -que oscila entre $700 y $1.000 mensuales para los «clerks», $1.500 o más para los supervisores, y entre $4.000 a $7.000 para el gerente-, «les es entregada por medios electrónicos como Net teller, que es como un banco por Internet. Esa transferencia se hace de cualquier banco físico a las cuentas de Net teller, que es dinero virtual. Después el trabajador lo retira en cualquier cajero automático afiliado a la red, pero donde no se puede decir que fue un depósito de salario sino una transferencia cualquiera», se explica.
Las colillas de la CCSS que la tesis aporta como evidencia muestran, también, que las ocupaciones por las que devengan sus salarios estas personas, son las de «secretario» o «digitador de datos».
En cuanto a la defraudación del impuesto sobre las remesas al exterior, estos «sportsbooks» también incumplirían la función de agentes retenedores, que les asigna la ley, porque gran parte de las utilidades generadas por sus operaciones aquí se envían a personas domiciliadas en el exterior, como los dueños de los negocios, agentes a los cuales se les paga una comisión, y a jugadores, en caso de que se les pague alguna ganancia, sin hacer las deducciones del caso.
«Nunca estas compañías retienen y pagan al fisco el impuesto que corresponde -entre el 5% y el 15%- a sabiendas de que los ingresos son generados por una fuente costarricense, puesto que la actividad es llevada a cabo en Costa Rica», añade la investigación.
En lugar de aplicarles la legislación, y atendiendo a sus amenazas de irse del país si tuvieran que aumentar su pago de impuestos, las autoridades, a través de la Asamblea Legislativa, apenas crearon un impuesto extraordinario para las «empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas», en la Ley de Contingencia Fiscal 8343, que varía según el número de trabajadores, sin considerar la renta real que obtiene el negocio: si la empresa opera con hasta 20 de ellos, debe pagar ¢10 millones; de 21 a 60 empleados, ¢16 millones; y más de 61, ¢24 millones.
Los puestos de trabajo que generan estas empresas, son ocupados mayoritariamente por personas jóvenes que estudian -dada la flexibilidad de horarios- y obtienen ingresos superiores a los de empleos convencionales.
Pero el empleo en los centros de apuestas electrónicas también desestimula a los jóvenes de continuar con sus estudios a cambio de ingresos de corto plazo, y no tienen garantía de estabilidad laboral.
Entre los «socios» políticos o profesionales que ha sabido construirse esta poderosa industria, se encuentran el expresidente del Banco Central, Jorge Guardia, quien -según informó La Nación, en marzo del 2003-, ahora es abogado de una de estas empresas, SBG, y el candidato presidencial del Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara, quien ha defendido reiteradamente el statu quo de esta actividad.
Sobre este tema, Federico Malavassi, diputado del ML, dijo a UNIVERSIDAD que «el Estado no ha podido dar un marco de legalización a los «sportsbooks», y por eso no los ha comprometido con la sociedad». (Ver también: «La gente está contenta»)
Más recientemente, también el presidente de la Asamblea Legislativa, el socialcristiano Gerardo González -quien anunció que no aligerará el trámite de la reforma fiscal-, abogó por no obligarlas con más impuestos, para evitar que abandonen el país.
Esto último arrancó un ácido comentario de su correligionario, Óscar Aguilar Bulgarelli, quien dijo que «ha sido comprobado por la Comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el financiamiento de los partidos políticos, que las casas de apuestas fueron interesantes surtidores de deuda política, han comprado conciencias y vergüenzas de ciertos partidos, que los defienden. Pero, al permitir la evasión de estas compañías, se obliga a los costarricenses a pagar lo que ellos deben al fisco, a través de nuevos y mayores impuestos.» (Ver: «Hace falta vergüenza»)
Al cierre de edición -26 de setiembre-, no se había recibido respuesta de González ante una consulta hecha sobre el tema.
Federico Malavassi:
«La gente está contenta»
El diputado Federico Malavassi, del Movimiento Libertario comentó en los siguientes términos los hallazgos de la investigación:
«No conozco los fundamentos de la tesis para tener certeza de verdad real: si es una muestra probabilística o representativa; si es un caso aislado o más. Pero seguro eso se encuentra también en las tiendas, en un país donde no hay cultura tributaria porque la gente ve que los políticos malgastan el dinero de los impuestos. Ahora, aceptando que pudiera ser cierto, el tema principal es que el Estado no ha podido dar un marco de legalización a los «sportsbooks», y por eso no los ha comprometido con la sociedad. Entonces, están con el gatillo listo para llevárselos.
En lo del impuesto a los salarios, no tengo la menor idea. La gente que trabaja allí dice que está contenta, que gana bien y puede pagar sus cuentas, sus gastos de matrimonios jóvenes. Y no entro en el detalle de si está bien reportado a la Caja. Ni los equipos de fútbol ni la Asamblea Legislativa misma, están al día con la Caja. Yo he estado en la empresa privada y es muy difícil estar bien con la Caja porque siempre inventan algo.
Además hay un debate internacional sobre la tributación de los negocios de este giro, que utilizan el medio electrónico. No hay afirmaciones conclusivas. Y hay empresarios de empresarios. Algunos «sportsbooks» son un servicio de llamadas, no una casa de apuestas.»
Óscar Aguilar Bulgarelli:
«Hace falta vergüenza»
El exdiputado socialcristiano Óscar Aguilar Bulgarelli, quien tuvo acceso a los resultados de la tesis, opinó lo siguiente:
«Es un estudio muy detallado y muy científico, que evidencia la alta evasión de los «sportsbooks» y casinos. Hay centros como estos, positivos y negativos. El problema es que, detrás del nombre genérico, se ocultan los altamente negativos, que son los de las apuestas electrónicas.
Uno ve a un Presidente de la Asamblea Legislativa defendiendo la evasión de estos «sportsbooks» porque dan trabajo a 8.000 estudiantes. Si este caballero tuviera la vergüenza suficiente para cobrarles estos impuestos, el Estado podría dar becas a más de 8.000 estudiantes.
También ha sido comprobado por la Comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el financiamiento de los partidos políticos, que las casas de apuestas han sido interesantes surtidores de deuda política, han comprado conciencias y vergüenzas de ciertos partidos, que los defienden. Pero al permitir la evasión de estas compañías, se obliga a los costarricenses a pagar ese déficit a través de nuevos y mayores impuestos.»
