La autoexclusión que hizo el candidato oficialista Johnny Araya de participar en la campaña para la segunda ronda presidencial apagó la contienda para elegir presidente el próximo 6 de abril y convirtió al abstencionismo en el verdadero reto a vencer por el aspirante del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís.

Solís cerró su campaña el pasado fin de semana, tirado a las calles, en medio de banderas rojiamarillas, pidiendo a la gente salir a votar para combatir la amenaza del abstencionismo, mientras su retraído rival permanecía en la tranquilidad de su casa.

La campaña entró en la tregua previa a la elección del domingo, y cuando la disputa y el debate normalmente deberían ser intensos, en la recta final de la campaña ya no se vio el trajín electoral, ni el interés que hubo antes de la primera ronda del 2 de febrero.

La caída del interés tras la decisión del abanderado del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) de cesar su campaña, aunque formalmente sigue inscrito como candidato, y haber quedado Solís, aspirante del PAC, sin rival con quien medirse, mientras continuaba recorriendo el país pidiendo votos y propios y extraños lo ven como el virtual presidente electo.

Esto después de quedar en primer lugar en la primera vuelta, con menos de un punto de diferencia sobre su inmediato seguidor.

Ante el giro extraño de la campaña, se comprende el temor a una rala votación y a un aumento significativo del abstencionismo, que según la experiencia local e internacional tiende a subir en una segunda ronda electoral.

Un ausentismo en las urnas restaría el apoyo que necesitaría Solís en caso de ganar, para un gobierno al que se le anuncian tiempo complicados, y que llega con solo una bancada de 12 diputados electos, de un total de 57, lo cual lo enfrenta a grandes esfuerzos de negociación para aprobar sus proyectos a partir de próximo 8 de mayo.

Análisis políticos extranjeros han calificado la decisión del candidato oficialista como una afrenta a la democracia costarricense.

Para Carlos Malamud, investigador para Latinoamérica del Instituto Elcano de Madrid, más que de valentía y comprensión habría que haber hablado de la “falta de responsabilidad democrática” del exalcalde de San José.

En su opinión, son fáciles de desmontar las razones dadas por Araya, sobre la voluntad de cambio y falta de recursos para continuar la campaña.

Su actitud busca deslegitimar la elección y rebajar el apoyo popular que podría obtener Luis Guillermo Solís. La actitud del PLN puede deberse a motivaciones políticas, ya que un gobierno debilitado del PAC que no siente las bases de una profunda reforma de las instituciones costarricenses podría facilitar su retorno al poder dentro de cuatro años.

“Seguro que lo volverán a intentar y están en su legítimo derecho de hacerlo, aunque no al precio de deslegitimar a la que hasta ahora era una de las más avanzadas democracias de América Latina”, apuntó el analista.

ABSTENCIONISMO

EL eventual incremento del abstencionismo, visto desde el punto de vista económico, significaría un aumento del costo de cada voto en esta segunda ronda.

Héctor Fernández, director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que para esta elección el TSE destinó ¢2.300 millones.

A ese costo se sumarían los gastos que de los partidos en esta parte de la campaña.

En general, el TSE estableció que para las elecciones del 2014 un monto máximo para deuda política de ¢18.147 millones, los cuales se distribuirán entre los partidos que obtuvieron al menos un 4% de los votos o que lograron elegir al menos un diputado.

Al PLN le correspondería cobrar un total de ¢5.259 millones y al PAC ¢5.138, previa liquidación de sus gastos.

Después de la primera ronda, de esa suma, al PLN le habrían quedado aun por gastar ¢700 millones y al PAC más de ¢3.000 millones, según los gastos reportados hasta entonces por los partidos.

En el caso del PAC, se dijo que pensaban invertir no más de ¢1.200 millones en la segunda ronda. Sin embargo, mientras las agrupaciones no presenten sus  liquidaciones al TSE, no se podrá conocer el monto final.

Punto aparte es el costo del voto en las mesas electorales en el extranjero, que en este proceso se abrieron por primera vez, y donde se inscribieron un poco 12.564 costarricenses electores, pero solo se presentaron a votar una mínima parte (2.271), lo que significó un ausentismo del 78% en la primera ronda, que presumiblemente aumentaría el domingo.

El costo del traslado del material electoral, los pasajes y los viáticos del medio centenar de funcionarios que el Tribunal envió a las mesas de votación en el extranjero fue de alrededor de ¢66 millones, y hasta que no se haga la liquidación el Tribunal no tiene la estimación del costo en esta ocasión.

Lo anterior, además considerando que los costos aumentaron tras el aumento del tipo de cambio del dólar que hubo de febrero a esta parte, pero por otro lado el Tribunal decidió trasladar o no abrir mesas de votación el próximo domingo en una decena de países, lo que significaría cierto ahorro.

De acuerdo con las estadísticas del TSE, entre las elecciones de 1962 y 1994 el abstencionismo osciló entre un 18 y 21%.  En los comicios de 1998, al resquebrajarse el bipartidismo del PLN y la Unidad Social Cristiana, el abstencionismo electoral dio un salto al 30%, y desde entonces se mantuvo en alrededor de 31%, con excepción de la campaña del 2006, cuando ascendió a casi 35%.

Algunos observadores de la política nacional apuntan que el actual proceso acabó de demostrar que la campaña electoral costarricense dura más de lo necesario, y que es excesivo el lapso de dos meses entre la primera y la segunda ronda, lo que además resta tiempo al candidato ganador para formar equipo de gobierno.

Por ello, una de las primeras tareas en la nueva legislatura debería ser la reforma del código electoral para acortar los tiempos y de paso cortar el desperdicio de recursos que genera la campaña.

Plazo adecuado

El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, declaró que desconoce las razones por las que los constituyentes dejaron el plazo vigente de dos meses para la celebración de la segunda ronda electoral, pero para efectos de la administración electoral dos meses es un plazo adecuado, teniendo en cuenta la eficiencia del organismo electoral costarricense frente a otros del continente.

En su opinión, el hecho de que este plazo sea mayor que en otros países −como El Salvador, que acaba de celebrar segunda ronda en el plazo de un mes−, comporta ventajas para la administración electoral, a la que solo el proceso de impresión y distribución de las papeletas lleva más de un mes de tiempo.

Por otro lado, la segunda ronda también abre un espacio en ciertos contextos –que no han sido los de esta elección− para la negociación y  conformación de alternativas viables de Gobierno. Y es que la segunda ronda permite la generación de una serie de acuerdos políticos para crear gobernabilidad en el siguiente gobierno y dos meses parece un plazo razonable, señaló Sobrado.