Costa Rica demandó en noviembre a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la invasión de tropas sobre el sector fronterizo de isla Calero e isla Los Portillos, ubicados en la ribera derecha del río San Juan y la acusó además de causar graves daños ambientales en la zona, como consecuencia de la apertura de un canal artificial para desviar el cauce de la vía acuática.
Debido a la emergencia, el Estado costarricense solicitó a la CIJ ordenar el desalojo de personal civil y militar nicaragüense de su territorio y la suspensión del dragado en el San Juan.
La opinión casi generalizada en círculos políticos y jurídicos es que Costa Rica ganará fácilmente la demanda y logrará su objetivo ante la corte de La Haya. (Ver recuadro 1: La Corte de La Haya tiene la palabra).
No obstante, Nicolás Boeglin, un especialista en asuntos jurídicos internacionales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, opinó lo contrario y advirtió que Costa Rica “la tiene difícil” y no logrará fácilmente un triunfo en la CIJ.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Boeglin dijo que en primer lugar el caso es complejo, la Corte no dicta medidas excepcionales tan fácilmente, siempre trata de apaciguar los ánimos y de buscar un equilibrio entre las partes, además de atribuir “errores” al Canciller René Castro en los meses previos al estallido del conflicto, que fueron utilizados por Nicaragua para bajarle el perfil al diferendo ante los jueces del tribunal.
“Las medidas provisionales o cautelares (solicitadas por Costa Rica) son acciones que la Corte impulsa sólo en casos excepcionales, cuando está plenamente convencida de que existe un daño grave e irreparable que pueda afectar los derechos de las partes mientras se está discutiendo el fondo del asunto”, dijo Boeglin (ver recuadro 2: Nunca hemos dicho que sea fácil, dice Melvin Sáenz).
Boeglin dijo que pese a los alegatos del equipo jurídico de Costa Rica, encabezado por el agente residente Edgar Ugalde, sobre la urgencia de que la CIJ dicte medidas cautelares, “Nicaragua se está valiendo de algunas declaraciones que en su momento ofreció el Canciller, incluso ante la Asamblea Legislativa, en las que dijo que había seguridades y documentación técnica” para descartar la posibilidad de un daño ambiental relevante, como consecuencia del dragado del San Juan.
“Considero que fue una apreciación muy grave. Vea como ese error del mismo Canciller es utilizado (por Nicaragua) para intentar confundir a los jueces en La Haya, o por lo menos hacer ver que no hay urgencia ni un gran impacto”, añadió.
“Esa fue una apreciación muy grave, desafortunada”. “Además, hay que entender que son 16 jueces que no conocen el tema ni han seguido la crisis desde el inicio. Esto puede pesar en la valoración final de si hubo o no un daño irreparable en isla Calero e isla Los Portillos o se trata de una simple estrategia de Costa Rica”, explicó el abogado.
Por otra parte, y sin demeritar el nivel del grupo jurídico de Costa Rica, Boeglin anotó que el de Nicaragua es un “equipo muy fuerte”, con el estadounidense Paul Reichler a la cabeza. Reichler es considerado en Nicaragua como un “viejo zorro” pues logró una victoria, en los años 80, para los nicaragüenses cuando el entonces gobierno sandinista demandó a Estados Unidos ante La Haya, tras responsabilizarlo del minado de sus puertos y de ayudar económica y militarmente a los grupos de la “contra”.
“Es un equipo muy fuerte, que conoce muy bien el teje y maneje en La Haya. Nicaragua no se ha quedado atrás en la preparación de la defensa, con la que busca, simple y sencillamente, desvirtuar el carácter urgente e irreparable del daño ambiental”, denunciado por Costa Rica, alertó.
“Considero que es un pulso sumamente difícil, en estos casos no hay que cantar victoria por adelantado sino esperar la resolución de la Corte”, dijo Boeglin.
Por otro lado, el académico dijo estar sorprendido y no entender las razones por las cuales Costa Rica no incluyó la denuncia sobre isla Calero y Los Portillos, elevada en noviembre, como “un caso de daño ambiental de carácter irreversible”.
“Esto a mí me sorprende mucho. No entiendo por qué no lo hicieron si había documentación y datos de sobra”, añadió.
“La violación a la soberanía nacional es algo muy grave, pero es muy fácil revertirlo, con sólo una orden de desalojo que dicte la Corte. En cambio, el daño ambiental que se está causando es muy difícil que se pueda revertir, porque las aguas están comenzando a erosionar el canal artificial (construido por Nicaragua en suelo costarricense) y eso tendrá una afectación muy grande en esa zona”, sentenció Boeglin.
La Corte de La Haya tiene la palabra
Costa Rica y Nicaragua acudieron del 11 al 13 de enero a La Haya, Holanda, a una audiencia convocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para conocer los alegatos y réplicas en torno a la demanda que el Estado costarricense elevó contra el vecino país por la invasión a su territorio y los “graves daños ambientales” causados en el humedal de isla Calero e isla Los Portillos, como consecuencia del dragado del fronterizo río San Juan.
Se trató del primer gran pulso judicial que sostuvieron los dos países desde que estalló el diferendo fronterizo en octubre.
Costa Rica, según dijo un vocero de la Cancillería, viajó a La Haya con todo el arsenal a su alcance y con la valija “repleta de documentación, pruebas y argumentos” para sustentar la denuncia contra Nicaragua.
Fueron tres días de sesiones, durante los cuales Costa Rica presentó su denuncia y lanzó las acusaciones contra Nicaragua el martes 11. Nicaragua, por su parte, tuvo, por igual, un espacio de tres horas para responder a los reclamos costarricenses.
El escenario fue similar el segundo día, durante el cual los representantes costarricenses se enfocaron en responder a los señalamientos de Managua.
El último día de la audiencia, el jueves 13, fue utilizado por los 16 jueces del tribunal para lanzar una serie de preguntas a los representantes de las partes. “Costa Rica hizo una sólida presentación, convencida de que la razón está de nuestro lado”, dijo el Canciller René Castro, quien estuvo en La Haya coordinando las acciones del equipo jurídico costarricense.
En declaraciones de prensa, Castro denunció que la defensa nicaragüense se dedicó a minimizar y restar importancia a las denuncias costarricenses, “a tratar de preguntarse por qué tanta alharaca de Costa Rica por un territorio tan pequeño” (el sitio donde se centra la disputa alcanza unos 2,2 kilómetros cuadrados) e incluso se planteó la posibilidad de valorar una indemnización por eventuales daños causados en suelo nacional, lo que el Gobierno consideró inaceptable, indicó. El diferendo se trasladó este lunes a Cuernavaca, México, donde el gobierno de ese país y el de Guatemala trataron de buscar una salida amigable al conflicto. Por su parte, Castro inició también el pasado lunes 17 de enero una ofensiva diplomática por Europa, cuyo primer escalón fue Inglaterra, para fortalecer las posiciones de Costa Rica.
Melvin Sáenz
Costa Rica confía en obtener buenos resultados
El embajador de Costa Rica asignado a Nicaragua, Melvin Sáenz, dijo a UNIVERSIDAD que el Gobierno de Costa Rica “nunca se ha planteado la tesis de que este caso (la demanda contra Nicaragua) sea fácil” de ganar, pero confía en que la Corte de La Haya otorgue la razón a Costa Rica.
“No nos parece que sea fácil, entendemos que estamos ante un buen caso, con buena prueba, hemos hecho una buena presentación”. “Pero no es un jamón, va a requerir de un esfuerzo serio de parte de la Corte” para poder solucionar el diferendo, opinó Sáenz.
