La Setena tiene en sus manos desde la semana anterior, un recurso que pide la nulidad de la viabilidad ambiental para la refinería conjunta entre Recope y la CNPC de China. (Foto: Luis Roberto Rojas)

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) fue mucho menos exigente al definir los términos de referencia para la evaluación ambiental de la nueva refinería que pretende desarrollar Recope en Moín, que lo que se le pide a una simple gasolinera.

Así lo denuncian el exsecretario general de la Setena, Allan Astorga, y el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quienes presentaron la semana anterior una petición de nulidad absoluta a la viabilidad ambiental que se otorgó al proyecto de la refinería conjunta entre Recope y la empresa CNPC de China.

La solicitud ante la Setena incluye una “medida cautelar urgentísima”, para que se detenga toda acción de tala de bosque y cambio en el uso de suelo, en la finca donde Recope pretende ampliar la vieja refinería, que es desde hace muchos años un foco importante de contaminación para los mantos acuíferos en Moín.

EVALUACIÓN DEFICIENTE

Los expertos encontraron una larga lista de deficiencias en los parámetros que dio la Setena para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que sirvió para que el proyecto recibiera una viabilidad ambiental llena de vicios de nulidad.

Astorga explicó que el primer gran problema surge en la definición de los términos de referencia para el EIA, que se fijaron tras una visita de funcionarios de la Setena a la actual refinería, sin que se abriera un expediente para el proyecto, como la propia entidad lo hizo constar.

Según el procedimiento establecido, Recope debió  presentar las características del proyecto mediante un formulario D1, para luego recibir los términos de referencia; pero,  este requisito se completó 7 meses después.

“En lugar de tomar esto como un megaproyecto en una zona de muy alta fragilidad ambiental, la Setena lo tomó como si fuese una simple remodelación de la vieja refinería, exigiéndole a Recope en la evaluación ambiental mucho menos requisitos que los que se les pide a una simple gasolinera”, criticó Astorga.

De esta forma, la evaluación ambiental de la refinería se aceptó sin análisis de aguas superficiales y calidad del agua, medio ambiente marino, medio ambiente biológico acuático (la refinería está muy cerca de la costa), estudio de impacto vial de la obra, proceso participativo de percepción local sobre el proyecto, análisis financiero y económico, y pronóstico de la calidad ambiental, entre otros.

Los especialistas recordaron que la Sala Constitucional señala en el voto 1174- 05 que la aprobación de un EIA “requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales”, lo cual no ocurre en este caso ante las omisiones planteadas, que son además ilegales.

MÁS COMBUSTIBLE, MÁS CONTAMINACIÓN

La Setena tampoco cuestionó el impacto de un proyecto como este, en la intención del país (reflejada en varios documentos oficiales del Ministerio de Ambiente) de reducir su consumo de combustibles derivados del petróleo, y por ende, bajar la contaminación por esta fuente.

Por el contrario, en el EIA Recope estima que para el 2030 el consumo de hidrocarburos en el país se habrá casi duplicado, tratando de justificar así la necesidad de construir la refinería, pues de lo contrario el país tendría que seguir importando productos de petróleo terminados.

Aquí la Setena tampoco acudió a la Guía General de Evaluación Ambiental, donde se pueden seleccionar la opción planteada en el proyecto, la opción más favorable para el ambiente o la “opción cero” (no hacer el proyecto), donde las dos últimas no fueron consideradas.

Astorga y Sagot hallaron irregularidades en el uso de un decreto emitido en el año 2006, donde se declara de “interés público” los proyectos de Recope, con lo que se autoriza a la entidad talar árboles y hacer cambio de usos de suelo.

Sagot expuso que este tipo de decretos requieren de un estudio previo que justifique la declaratoria de “interés público”. En este caso fue la Setena la que solicitó a Recope presentar este estudio, pero la entidad entregó otro tipo de documento, que la secretaría simplemente dio por aceptado sin observación alguna.

El abogado aseguró que existen suficientes motivos para que la Setena tenga que anular la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de la refinería, y de no hacerlo, existen suficientes argumentos para llevar el caso a los tribunales, como sucedió con el proyecto minero Crucitas.

Refinería se levantaría sobre áreas contaminadas

La refinería de Recope está asentada sobre mantos acuíferos muy superficiales, que han sido expuestos a la contaminación por muchos años, y que están muy cerca de la costa. (Foto: Luis Roberto Rojas)

Otro de los puntos por los cuáles Álvaro Sagot y Allan Astorga consideran que se debe anular la viabilidad ambiental de la refinería, es el hecho de que Recope no planteara en su Estudio de Impacto Ambiental ninguna medida de mitigación a la contaminación que la vieja refinería ha provocado por muchos años.

Los expertos toman como referencia una tesis realizada en el 2006 para la Maestría en Hidrogeología de la Universidad de Costa Rica, titulada «Estudio de contaminación por hidrocarburos tipo BTEX, en el Plantel de Recope, Moín, Limón».

Dicho estudio muestra que en el área donde está la actual refinería (y donde se levantará la nueva) existen mantos acuíferos muy superficiales, que han estado expuestos a la contaminación desde los años 60.

«Existe una capa de HC (hidrocarburos) de hasta 73 centímetros de espesor flotando sobre el nivel de agua subterránea en el sector noroeste del pozo de monitoreo P-8, lo que ha provocado una depresión del nivel de agua y, por lo tanto, ha causado una anomalía en el curso normal del flujo de agua», indica la tesis.

Esta contaminación pasa a la cercana quebrada Bartolo (que corre al río Moín y de ahí al mar Caribe), mientras que también se detecta contaminación en los materiales geológicos del suelo y subsuelo de la refinería, así como deficiencias en la impermeabilización de la laguna de tratamiento de aguas superficiales.

Ante esta realidad, Recope no planteó (ni Setena pidió) una sola medida de remediación, por lo que se iba a colocar sobre ese sitio contaminado una nueva refinería, que podría procesar casi 65.000 barriles de petróleo al día, sobre mantos acuíferos que en algunos sectores están a solo medio metro de profundidad.

¿Evaluación rigurosa?

Allan Astorga y Álvaro Sagot elaboraron una lista de las inconsistencias y debilidades encontradas  en el proceso de evaluación ambiental de la nueva refinería que pretende desarrollar Recope con la CNPC de China; a continuación se ofrece un detalle de ellas.

-Proyecto se plantea como una “remodelación” de la vieja refinería, pese a que es una instalación nueva con tecnología distinta y de mayor capacidad.

-La Setena dio los términos de referencia sin abrir expediente, y recibió el formulario D1 (descripción del proyecto) siete meses después.

-En un país que pretende ser carbono-neutral para el 2021, Recope estima que el consumo de combustibles para el 2030 se habrá casi duplicado.

-No se consultó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), ni se utilizó la matriz de esta institución para valorar el tema de aguas en la refinería.

-Recope entregó un estudio donde la mayoría de los mapas están a escala 1:50.000,  cuando se requieren mapas con un nivel de detalle de 1:10.000 o más.

-Una tesis de la UCR señala que en la zona de la refinería existen dos fallas geológicas, pero Recope no se detuvo a ver en su estudio de impacto ambiental si están activas o no.

-No se presentó el formulario arqueológico.

-Para una refinería de 65.000 barriles de petróleo diarios, se presentó un plan de riesgo muy general y de solo 9 páginas de extensión.

-En lugar de convocar a una audiencia pública por la importancia del proyecto, Recope hizo una “encuesta” en 70 viviendas de la zona cercana al área del proyecto.

-Aunque no es ilegal, el Estudio de Impacto Ambiental fue realizado por funcionarios y exfuncionarios de Recope, por lo que habría conflicto de interés.

-Pese a que se trata de un “megaproyecto” por su tamaño y características, la Setena solo asigna 4 funcionarios para revisar la evaluación ambiental de la refinería.