Los empleadores pretenden que se apruebe una propuesta para flexibilizar las jornadas laborales. (Foto: archivo)
El grave caos vial que vive Costa Rica y que produce molestias generalizadas en la población, llevó al Gobierno a tomar medidas para flexibilizar temporalmente los horarios de los trabajadores públicos, pero a la vez, despertó el interés de los empresarios de revivir dos proyectos de ley que pretenden modificar el Código de Trabajo en esta materia, lo cual genera alerta en los sindicatos.
Una gran parte de las organizaciones sindicales del país se han manifestado, en el pasado, en contra de dos proyectos de ley que esperan por ser aprobados en la Asamblea Legislativa, en los cuales se permitiría a los patronos flexibilizar los horarios laborales, y que han vuelto al tapete, debido al problema vial.
Según miembros de organizaciones sociales, el sector empresarial presionó para que se analicen los proyectos en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, de manera que se realicen los ajustes necesarios y se puedan implementar cambios al Código de Trabajo, en cuanto al tema de la flexibilidad de horarios y jornadas.
La semana pasada la mencionada comisión legislativa iba a comenzar la discusión y análisis de uno de los proyectos, para la flexibilización laboral en situaciones de crisis; sin embargo, el ambiente no era el adecuado y se trasladó para arrancar esta semana.
Algunos de los cambios que se implementarían −de aprobarse el proyecto− es la posibilidad de que los empresarios modifiquen las jornadas laborales, y hacer trabajar a sus empleados hasta 12 horas diarias, suprimir turnos laborales, pago de tiempo extraordinario, entre otros, según cuestionaron los dirigentes.
De acuerdo con los representantes sindicales, se podrían generar las condiciones apropiadas para que se reduzca el salario en momentos de crisis, al rebajar las jornadas laborales y permitir dar vacaciones anticipadas, lo cual es un problema, pues estas son hechas para disfrutar cada año y garantizar la salud ocupacional de las personas, mediante un descanso en el período anual.
Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), considera que es inconcebible que el Gobierno y el empresariado pretendan flexibilizar las jornadas laborales.
“Solo eso faltaba, que con la excusa de las presas –que el propio Gobierno no ha podido o querido resolver− busquen eliminar conquistas históricas, que costaron la vida a muchos obreros. El único objetivo es la mayor ganancia a un menor costo, reduciendo los turnos, las garantías y seguridad social, ante lo que definen como competitividad o eficiencia, y que para nosotros es sinónimo de esclavitud laboral”, argumentó Rodríguez.
La dirigente hizo énfasis en que esta situación generaría muchos problemas para la vida familiar de los trabajadores, pues abriría las puertas al establecimiento de horarios excesivos, teletrabajo, contratos a tiempo parcial, haciendo creer a los empleados que ellos decidirían la jornada que más les conviene.
Para Rodríguez, nada concilia menos la vida de un trabajador, que tener largas jornadas, aunque sea por cuatro días, como plantea la iniciativa que analizarán en el Congreso, que aumentará el tiempo fuera del hogar –agravado por el congestionamiento del tránsito−, para llegar a la casa a apoyar las tareas escolares de los hijos, realizar las labores domésticas o el cuidado familiar.
Este criterio es apoyado por Mauricio Castro, abogado laboralista y asesor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, quien señaló que la concentración del trabajo en cuatro días se vería traducida a 12 horas laborales; si a eso se le suman las presas, los empleados perderían contacto con sus familias.
“El sector empresarial dice que si se aprueban los proyectos se resolverá el caos vial; eso mismo han dicho en tiempos de crisis o cuando aumenta el precio del petróleo; incluso semanas atrás dijeron que no pueden replicar lo que el Poder Ejecutivo está haciendo, porque no existe una ley que se los permita, pero esto no es cierto”, aseguró Castro.
Según el experto, la ley actual permite a los empleadores reacomodar las jornadas en los cinco días de la semana; por ejemplo: adelantar el horario de entrada y de salida, pero no pueden hacerlos trabajar más horas al día.
“Pero, lo que los empleadores quieren es abaratar costos sin pagar temporadas extraordinarias, por lo cual empezaron el proceso de presión para pasar estos proyectos en la Asamblea. Aunado a esto se generarían otros efectos negativos, como aumentar el desempleo femenino, ya que son las mujeres quienes hacen frente a los cuidados del hogar y la familia”, agregó.
Ante una nueva normativa, las mujeres se verían en la obligación de dejar sus puestos de trabajo, pues no podrían hacer frente a la atención de los hijos, adultos mayores o labores del hogar.
Para Jorge Arguedas, secretario general de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC, este no es el momento adecuado para discutir este tipo de proyectos, pues el Gobierno tiene muy poca credibilidad y no se podría confiar la discusión de un tema que afecta a todos los trabajadores.
“En realidad se sabe que más allá de resolver el problema de las jornadas y la saturación de las calles, lo que pretenden con la aprobación de estos proyectos es prohibir la huelga en el sector público. Además consideramos que hacer las jornadas más largas es más bien un aspecto negativo; son luchas ganadas hace muchos años y sería devolvernos en los derechos laborales; muchas veces esas normativas en momentos particulares, se convierten luego en la constante de los trabajadores y ya no hay vuelta atrás”, advirtió Arguedas.
EN COMISIÓN
Dado que es una temática conflictiva y que toca fibras básicas del Código de Trabajo, la semana pasada la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa decidió que no era un buen momento para discutir el proyecto, por lo que trasladó el análisis para estos días.
La diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana y miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, confirmó a UNIVERSIDAD que desde su despacho se hizo la revisión del proyecto, a la luz de los derechos de los trabajadores; asimismo, realizaron consultas previas con diversos sectores.
“Determinamos que la mayoría de criterios son negativos para apoyar esta iniciativa, porque le da al patrono la potestad de pasar por encima del empleado y existe un asunto de progresividad en la legislación: no podemos crear ninguna medida que sea inferior a la que han logrado los trabajadores; podemos seguir ganando, pero no retrocediendo”, dijo Venegas.
Desde su punto de vista, esta iniciativa solo beneficia a patronos y afecta severamente los derechos de los trabajadores; incluso podría tener problemas de constitucionalidad.
Adicionalmente, detalló Venegas, podría abrir un portillo a la legalización del subempleo, lo cual afectaría directamente a las mujeres y jóvenes, que son los más vulnerables en estas condiciones contractuales.
En este sentido, las mujeres son quienes atienden las necesidades de sus familias, y la afectación para los jóvenes estaría vinculada con su expulsión del sistema educativo universitario, pues con la ampliación de jornadas, sería imposible que concluyan sus estudios superiores.
“El Gobierno debería abocarse a generar empleo de calidad −en particular para los jóvenes−, así como producir una mayor equidad en la distribución de la riqueza; pero, por el contrario, se dedica al ingrato oficio de escamotear los escuálidos derechos laborales”, lamentó Martha Rodríguez, de la Undeca.
