En una asamblea general de trabajadores, los afiliados de ANTTEC dieron su voto de apoyo a la dirigencia sindical para realizar acciones de protesta.
El empleo de casi 4 mil trabajadores ocasionales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está en peligro si se mantiene la directriz del Ministerio de Hacienda de obligar a la institución a destinar ø10 mil millones de su presupuesto de este año como superávit para las arcas del Estado.
Así lo consideran líderes de los ocho sindicatos que conforman el Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE, para quienes las autoridades máximas de la entidad no han medido las consecuencias que la medida producirá en las comunidades, calidad del servicio y estabilidad laboral de los empleados.
Por eso realizaron este jueves 19 de setiembre una marcha que salió de las instalaciones centrales del ICE en La Sabana hacia Casa Presidencial, en la que participaron cientos de trabajadores de la institución.
La polémica sobre el recorte la desató el envío de correos internos a trabajadores del ICE por parte de jefes superiores que ordenan la paralización de obras en el sector energía y el anunció de que a partir del 20 de setiembre no se renovarán los contratos a 1.190 empleados ocasionales.
Según Jorge Walter Bolaños, Ministro de Hacienda, fue el Consejo Directivo del ICE el que ofreció contribuir con ¢10.000 millones de superávit cuando en una sesión de trabajo el titular de Hacienda les pidió aliviar el faltante de recursos del Estado que ascenderá a finales de año a ¢275.000 millones.
Estas declaraciones fueron negadas por Pablo Cob, Presidente Ejecutivo del ICE, quien aseguró que en una carta enviada el 7 de agosto por Bolaños, el Ministro sugirió el monto mencionado.
Los ¢10.000 millones representan una sexta parte del total de dineros que deberán generarse por superávit para hacer frente a la crisis según las autoridades de Hacienda.
Para los líderes sindicales es necesario que se recorten gastos superfluos como la compra de equipos menores, eventos en hoteles, alquileres, comidas, distintivos y papelería entre otros, que permiten la austeridad y eficiencia en la institución y no afectan el normal desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y de electricidad, apuntó Jorge Arguedas, Presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC).
Por su parte, el Sindicato de Ingenieros (SIICE), sostiene que el recorte paraliza cuatro proyectos de generación eléctrica, que generarán 378 megavatios, mientras el crecimiento anual de la demanda nacional es de 85 megavatios.
El gremio añadió que se perjudican los estudios de los futuros planes de Pocosol (San Ramón), Brujo 1 y 2 (Pérez Zeledón) y RC500 (San Vito de Coto Brus).
Lo mismo sucedería con la construcción y reforzamiento de líneas de transmisión eléctrica como la interconexión Atlántica con Panamá, y la construcción de subestaciones para distribuir energía, agrega el sindicato.
Según los sindicatos, el monto exigido por el gobierno pone en peligro la estabilidad laboral, afecta la calidad y desarrollo de los servicios y atenta contra la credibilidad y la capacidad que tiene el ICE para desarrollar eficientemente los servicios actuales y futuros.
Además, se contrapone con lo expuesto por el Presidente de La República, Abel Pacheco, cuando anunció en mayo pasado su programa de gobierno en el marco conceptual de austeridad y públicamente informó al país que tales políticas no afectarían los servicios que brinda el ICE, ni la estabilidad de los trabajadores, recordó Fabio Chaves, presidente del FIT.
EFECTOS INMEDIATOS
Mientras el Subgerente de Administración, Armando Balma, insiste en que no se despidarán trabajadores fijos, se ejecutan las órdenes de no renovar contratos en obras de energía.
De momento, los proyectos afectados son geotérmico Miravalles V (Bagaces, Guanacaste), Pirrís (zona de Los Santos) y Cariblanco (Sarapiquí) y), según confirmó a la prensa el director de la Unidad Ejecutora de Proyectos del ICE, Salvador López.
El recorte provocará el incumplimiento de pagos ineludibles y rompimiento de contratos en marcha, exponiendo al ICE y a los funcionarios que firmaron los contratos a posibles demandas legales.
También, agregaron los sindicalistas, se impide las compras de equipos, maquinaria y vehículos para la normal atención de los proyectos, operación de los sistemas y atención de las averías en ambos sectores.
Como si fuera poco, se afecta a comunidades rurales donde el ICE realiza proyectos, al no poder la institución cumplir con los compromisos de ejecución de obras como puentes, caminos, contratación de fuerza laboral de la zona. También afecta a las poblaciones que realizaron inversiones para atender requerimientos básicos de trabajadores del ICE que laboran en esas zonas, agregaron.
Para el presidente del FIT no se trata solo de ¢10.000 millones que deben recortarse del presupuesto sino que, según lo proyectado para este año, el ICE debía cubrir otros ¢10 mil millones adicionales al presupuesto para ejecutar las obras planeadas. Así «en realidad el faltante será de al menos ¢20 mil millones a diciembre próximo, con lo cual el problema se acentúa», agregó a UNIVERSIDAD.
Cháves dijo que las autoridades institucionales giraron instrucciones para paralizar los trabajos en líneas de Transporte y Expansión en comunidades rurales y se ha girado el preaviso a cientos de trabajadores a los que se les indica que se serán cesados de sus funciones dentro de 15 días.
Adicionalmente, las directrices emitidas por el equipo económico impide que el ICE pueda utilizar cerca de ¢60.000 millones colocados en bonos del Estado y de la banca con lo cual se impide el desarrollo y ejecución de obras, continuó.
PROBLEMAS SIN RESOLVER
«Falta una política de autonomía institucional, que le permita al ICE funcionar sin ataduras y sin la zozobra de que una vez proyectados los gastos, el gobierno de turno defina que debe destinarse parte de los recursos a la reducción de la deuda», consideró Arguedas, presidente de ANTTEC, otro de los sindicatos de la institución.
Recordó que en la última década el ICE fue sometido a restricciones, lineamientos y leyes de los diferentes gobiernos, que cercenan constantemente su capacidad administrativa, financiera y de inversión.
«Ahora, una vez más se asume la estrategia aplicada hace dos años, cuando al ICE no se le permitía utilizar su capacidad de invertir, y se promovía su privatización, so pretexto de demostrar que la institución es incapaz de llevar los servicios de telecomunicaciones y electricidad a los costarricenses», aseveró Chaves.
Pero el ICE no solo tiene esos problemas, hay situaciones no resueltas por las autoridades que desangran financieramente a la institución.
Tal es el caso del modelo de cogeneración eléctrica adoptado a través de las leyes 7200 y 7508, cuyos efectos lesivos han sido determinados por comisiones legislativas investigadoras, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República.
Estas instancias coinciden en que la mayoría de los contratos al amparo de estas leyes, son leoninos para las finanzas públicas, por cuanto consumen casi el 30% de los recursos económicos del sector eléctrico del ICE, con una producción eléctrica privada que no alcanza el 15% de su generación.
Por eso, para el FIT, el gobierno debería girar las instrucciones necesarias para que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) elimine esta lesiva distorsión y ponga orden a lo generadores privados.
Además debería exigir a la alta administración del ICE iniciar los juicios de lesividad contra las empresas que están usufructuando los dineros de todos los costarricenses.
En tal sentido, Mayid Halabi representante de los trabajadores ante el Consejo Directivo del ICE, dijo que tras ser comisionado por ese ente para proponer una solución al problema, entregará en dos semanas el informe final al Consejo Directivo.
«Hemos detectado algunas irregularidades que deben ser subsanadas lo más pronto posible, pero no puedo adelantar más detalles porque el informe aún no se ha presentado ante el Consejo Directivo del ICE», agregó.
Por su parte, Chaves explicó que «ante las restricciones a que se ha visto sometida la institución para adquirir préstamos de largo plazo para el desarrollo de sus sistemas, se ha obligado al ICE a recurrir a diferentes modelos de inversión, a más corto plazo de pago, a mayor interés en los prestamos y contratos, ampliando con esto las ganancias de las empresas transnacionales, pero poniendo en peligro la estabilidad económica de la institución, al tener que hipotecar los recursos de tarifas futuras, para poder cumplir con los compromisos de pagos de los contratos adquiridos».
Por eso, el FIT aboga porque el gobierno saque al ICE del consolidado del sector público y le permita acceder de nuevo a prestamos de desarrollo a largo tiempo.
ANUNCIAN RECORTES
El pasado 9 de setiembre, un correo interno en el ICE, enviado por Salvador López, indica que anulan a partir de la fecha, los contratos vigentes con maquinaria alquilada y que no se ampliarán los contratos existentes.
También se suspenden a partir de esa fecha los contratos de vehículos alquilados y la adquisición de materiales, servicios o activos por parte del Fondo de Trabajo, Compra directa o licitación.
Indica además que no se autoriza ningún nombramiento de personal ocasional ni la ampliación de ningún contrato vencido y que se limita en su totalidad el uso de horas extras en todas las áreas.
Con dicha medida se afectan los proyectos hidroeléctricos de Pirris, Miravalles V, Cariblanco; las remodelaciones de las plantas de Cachí y La Garita y las líneas de transmisión Atlántico, Chorotega, norte, el plan de reforestación de la cuenca del Río Reventazón y la reconstrucción nacional de las líneas de transmisión.
Adicionalmente se detienen las investigaciones para proyectos hidroeléctricos de Savegre, Brujo I y II, Toro III y Boruca.
