Sindicatos denuncian irregularidades en contrato de reaseguros del INS

Presuntas anomalías en contratación de reaseguro habrían costado al INS $11 millones.

Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) actualiza y amplía acusaciones sobre presuntas actuaciones anómalas y pérdidas millonarias de fondos públicos en la contratación del reaseguro para la póliza U-500, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La denuncia, presentada en marzo pasado por la Unión Nacional de Personal del INS (Upins) conjuntamente con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita a la CGR realizar una investigación administrativa contra la junta directiva del INS de los períodos 2006 – 2010 y 2010 – 2014, incluido el expresidente ejecutivo de la institución, Guillermo Constenla.

La pretensión es que se sienten responsabilidades sobre supuestos atropellos a la normativa sobre la contratación del reaseguro y por la pérdida de al menos $11 millones (unos ¢5.900 millones al cambio actual) que habría tenido el INS con un juicio que entabló en tribunales de Miami, Estados Unidos, para cobrar a dos reaseguradoras un supuesto sobreprecio de ¢1,3 millones.

La denuncia está en trámite, y en atención a la normativa vigente no es posible dar los nombres de denunciantes ni denunciados, ni dar acceso al expediente, confirmó la oficina de prensa de la CGR.

El caso tiene relación con la renovación del reaseguro en el periodo 2009 – 2010 a la firma estadounidense Hemispheric Reinsurance Group (HRG) y el pago de un supuesto sobreprecio.

Alegando el cobro del sobreprecio, estimado en cerca de $1,3 millones, el INS demandó en las cortes de Miami, Estados Unidos, a HRG y al subcontratista de este, la londinense Howden, juicio que el INS perdió y fue condenado al pago de costas.

Se trata de un asunto posterior al conocido en el 2000 en torno a la contratación del reaseguro de la póliza del ICE con la empresa inglesa PWS, en el que se habría cobrado un sobreprecio al INS de $2,2 que fue desviado a cuentas privadas.

Por este caso están procesados penalmente el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadski, y otras seis personas acusadas de peculado.

Tras una apelación de la Fiscalía, el Juzgado Penal de Hacienda revocó en junio pasado el sobreseimiento que se había dictado en esta causa y ordenó la apertura de juicio oral y público.

El juzgado no ha resuelto una apelación presentada por los imputados, y no hay aún fecha para la audiencia, informó la oficina de prensa de la Corte Suprema.

En su oportunidad, el Ministerio Público informó que se trata de los expedientes 01-9428-042-PE y 05-000002-621-PE, en los que la Fiscalía de Casos Especiales acusó a los imputados de distraer fondos públicos relacionados con la colocación en el mercado internacional de la póliza de reaseguros, mediante la reaseguradora PWS por parte del INS para asegurar al ICE.

Ambas instituciones públicas costarricenses, así como los deberes de la función pública, figuran como perjudicados.

CONTRA REGLAMENTO

Precisamente la denuncia de UPINS – ANEP reprocha que las autoridades desatendieran directrices de la CGR emitidas a la junta directiva del INS a raíz de las irregularidades administrativas detectadas en el escándalo con la PWS, con el propósito de regular de manera específica la contratación del reaseguro.

Señala que, luego que la Dirección de Reaseguros del INS recomendó un procedimiento para contratar el reaseguro en el 2009, y ya se había seleccionado a la empresa que se iba a contratar –una decisión que por ley y reglamento le compete exclusivamente a la entidad aseguradora, es decir el INS – las autoridades del ICE solicitaron variar el procedimiento para incluir otros corredores, entre ellas HRG.

Esta firma terminó siendo la escogida y el INS permitió de esa forma la intervención del cliente (ICE), lo que es totalmente irregular a la luz de la reglamentación sobre la contratación del reaseguro.

Incluso la Superintendencia General de Seguros se pronunció al respecto, indicando que es potestad del INS llevar a cabo un proceso de análisis para determinar la conveniencia del uso de un reasegurador o un corredor, sin que tal potestad pueda ser sustraída por requerimientos de un asegurado.

Cabe mencionar que un procedimiento administrativo (DJ-66-2010) de la CGR originado tras esas actuaciones, determinó la responsabilidad administrativa del entonces director de reaseguros y posterior gerente del INS, José Ángel Villalobos, y dos funcionarias más de esa dependencia.

Además la resolución final (PA-87-2010) del procedimiento recomendó valorar la posibilidad de abrir una investigación al señor Constenla, por cuanto este instruyó, sin justificación técnica, a los funcionarios de la Dirección de Reaseguros para que se apartaran del procedimiento inicialmente seleccionado para la renovación del reaseguro de la póliza U-500.

Asimismo, dicho órgano calificó de “falta grave” la actuación de los mencionados funcionarios de reaseguros, que eran expertos en la materia y no podían alegar desconocimiento de cómo proceder en la contratación, la cual debía ser decidida por el INS y no por el cliente (ICE).

No obstante, la CGR consideró como atenuante que los funcionarios habían recibido instrucciones del presidente ejecutivo, y las sanciones fueron de una suspensión de 15 y diez días sin goce de salario.

Al cierre de esta edición no había llegado respuesta de la administración del INS ante la consulta que hizo a través de la oficina de prensa, acerca de si la institución cumplió la resolución del órgano contralor.

También se consultó la opinión de tres directivos actuales del INS que integraban la junta directiva anterior (Luis Alonso Gutiérrez, Moisés Valitutti y Edgar Brenes), sobre la responsabilidad que se les atribuye como miembros de ese cuerpo colegiado.

La respuesta  de los señores Gutiérrez y Valitutti (Brenes se encontraba fuera del país), fue que no hay comentarios al respecto, porque  no tienen información de la existencia o no de alguna denuncia.

Por su parte, Guillermo Constenla dijo que la acusación es un refrito del tema, que ya se había ventilado en los tribunales, y no tiene interés en referirse a las acusaciones del sindicato (ver recuadro).

José Luis Soto, secretario general de Upins, recordó que las incidencias del reaseguro de la póliza U500 salieron a luz pública por primera vez con ocasión del llamado terremoto de Chinchona (2009), que dañó el proyecto hidroeléctrico Cariblanco que el ICE tiene en la zona de Sarapiquí.

En esa ocasión, la directiva del INS acordó pagarle al ICE $13 millones ex gratia (fuera de contrato, sin justificación técnica) como parte del finiquito del reclamo por los daños en dicha hidroeléctrica.

Fue un pago que se dio en el marco de un arreglo con la entidad estatal, en tanto la recuperación de las compañías reaseguradoras que debían cancelar el reclamo no acudieron en un 100% de la pérdida.

“Por alguna razón que desconocemos, el INS no recuperó en tiempo y en su totalidad de los reaseguradores la pérdida que debía enfrentar como asegurador”, manifestó Soto, quien añadió que no se ha logrado saber cuál fue el porcentaje del riesgo que reaseguró el INS, ni cuál fue la suma total que el INS pagó al ICE.

Por su parte, el auditor interno del INS, Leonel Fernández, dijo que no tenía nada que decir sobre la supuesta actuación impropia que tuvo su despacho en relación con el juicio en Miami, pues dijo que no tenía conocimiento de la denuncia presentada a la CGR ni ha sido involucrado.

“Cuando corresponda, si es que nos corresponde, manifestaremos lo que corresponda”, dijo.

 

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“Es un refrito”

“No les voy a dar gusto a estos señores de perturbarme por este refrito que están haciendo sobre la U500”, manifestó el expresidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla.

El expresidente del INS dijo que en su oportunidad Upins le presentó una acusación penal en relación con ese asunto, y él fue sobreseído por una sentencia del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de las 13 horas del 25 de febrero de 2013.

“No me voy a referir más, mi paz y la de mi familia es más valiosa que estar en un diferendo con los señores del sindicato que me hicieron sufrir muchísimo, por mis posiciones muy firmes en relación con todo lo que ellos quisieron hacer que iba en contra de los intereses de la institución”, afirmó.

Observó que las investigaciones administrativas son para funcionarios públicos y él ya no es funcionario público.

“Si a la Contraloría se le ocurre hacer la investigación que la haga. Yo cumplí honestamente con mi deber; en este país gracias a Dios somos un Estado de derecho; los tribunales de justicia ya se pronunciaron, y hay un principio constitucional según el cual nadie puede ser juzgado de nuevo por los mismos hechos. Que sigan los del sindicato en su persecución, deberían preocuparse por las cosas que no se están haciendo bien actualmente”, expresó Constenla.

 


 

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Opacidad y dudas

Entre las “opacidades y dudas” que los sindicatos UPINS – ANEP piden a la CGR investigar, señalan el hecho de que el INS renovó varias veces la contratación con HRG, a pesar de que la empresa no se había inscrito como corredor ante el INS, y no había incumplido con el envío de información esencial del reaseguro, tales como notas de cobertura y el precio del reaseguro que efectivamente cobraban las reaseguradoras.

Se nombró un “representante” local del corredor, en una acción totalmente innecesaria para este tipo de contratos y negocios y sin antecedente alguno en la historia del INS. El representante era Carlos Retana, quien mantenía una firma de asesoría de seguros y reaseguros en asocio con el reconocido líder cooperativista y dirigente del Partido Liberación Nacional, Rodolfo Navas, firma que fue investigada por la Superintendencia General de Seguros por actuaciones de intermediación sin autorización de ese órgano de control.

No lo detalla la denuncia pero, según el sindicato, se dio el hecho, comprobable en archivos, que esta gente presentó al INS a la empresa Windpro, que fue la contratada originalmente, y esta, sin autorización del INS, derivó el contrato a HRG de Miami, un corredor poco conocido en el mercado internacional, sin capacidad para acceder al mercado Lloyds de Londres, el principal mercado al que hay que acudir para tener acceso a aseguradoras del sector de energía.

No obstante, el INS mantuvo la contratación con HRG y contacto con el mencionado representante local.

Más adelante, por instrucción de Constenla se terminó anticipadamente el contrato con HRG por considerar que existía un sobreprecio en el reaseguro y se le pasó a la reaseguradota Willis Re, corredora que para ese entonces había comprado todas las acciones de HRG.

En procura de recuperar civilmente lo que aparentemente fue cobrado de más por los corredores de reaseguros en la renovación de la póliza U-500 periodo 2009-2010, el INS demandó a HRG y Howden en las Cortes de Miami, con una pretensión de un $1,3 millones aproximadamente.

Las empresas ofrecieron un acuerdo conciliatorio por $1,5 millones pero la directiva del INS insistió en continuar el litigio, con la única oposición del directivo Henry Ramírez Azofeifa, quien mantuvo una posición crítica ante la contradicción de la postura del INS de que por recuperar 1,3 millones iba a pagar gastos en abogados que ya superaban con creces dicha suma.

Finalmente, resultó que el juez de Miami resolvió que no había incumplimiento contractual ni responsabilidad de las empresas demandadas y condenó al INS al pago de aproximadamente $10 millones.

Así a esa suma se añaden los gastos administrativos en viajes de la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia del INS, las Jefaturas de la Dirección de Reaseguros, el Auditor, y funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Reaseguros que fueron ofrecidos como testigos en Miami.

Otra irregularidad es que la Auditoría Interna del INS se involucró directamente en dicho proceso, visitando con el Presidente Ejecutivo a funcionarios en Miami, lo cual constituye un manejo irregular de la situación y un desprecio de la necesaria distancia y objetividad que por ley debe tener ese despacho, a fin de contar con la legitimidad e independencia para investigar y pronunciarse sobre los hechos, señala entre otros puntos la denuncia sindical.

 

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