El presidente Luis Guillermo Solís quiso prevenir la escalada de un escándalo y en cuestión de horas decidió el lunes pasado separar a seis asesores del Poder Ejecutivo que sugirieron aprovechar «recursos políticos» del gobierno para beneficiar al gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
“La Administración Solís Rivera ha tomado la decisión de separar a estos funcionarios de sus cargos, en tanto no puede tolerar en su accionar gubernamental la mínima insinuación ni sospecha acerca de un uso indebido de recursos de cualquier tipo”, señaló un comunicado leído por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en compañía del presidente Solís.
Los funcionarios cesados en sus cargos, Eder Artavia Quirós (Oficina de Servicios Generales de la Casa Presidencial), Marcela Ávila Segura (Instituto Mixto de Ayuda Social), Randall Céspedes Barrios (Oficina de Atención Ciudadana de la Casa Presidencial), Mariano Salas Naranjo (Ministerio de la Presidencia), Fabián Solano Fernández (Ministerio de Planificación) y Cindy Taco Quirós (Viceministerio de la Presidencia).
Ellos se vieron envueltos en una controversia pública relacionada con la divulgación del resumen de una reunión de la llamada “Juventud Progresista” del PAC, en la cual participaron, y en la que se sugirió el uso de “recursos políticos” del gobierno para fines partidarios.
El documento circuló en la asamblea nacional del partido el pasado sábado 11 de julio, donde se filtró a la prensa y se originó la polémica. Los involucrados dejaron sus puestos a disposición de los jerarcas en las instituciones en que laboran, tras lo cual se decidió su destitución, explicó la presidencia.
La decisión se tomó por el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas de la presente administración, y porque “no puede haber ninguna razón para que funcionarios utilicen recursos públicos con fines partidarios”, argumentó el presidente Solís.
Los involucrados se defendieron en un comunicado diciendo que se malinterpretó el apunte de la reunión, pues no se trató de utilizar recursos económicos del gobierno y solicitaron una investigación de los hechos.
Preguntado el ministro Alfaro si habían investigado la situación antes de decidir las destituciones, dijo que había conversado con uno de los involucrados y este le ratificó su rechazo a que hubieran cometido alguna irregularidad.
“Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de separarlos de los cargos, independientemente de si hay una comprobación o no, porque lo que estamos protegiendo aquí es la certeza de los ciudadanos de que el Gobierno no va a facilitar recursos de ningún tipo para ningún partido político u organización”.
El presidente Solís agradeció el trabajo “comprometido, fiel y talentoso” de los funcionarios despedidos.
JUVENTUD
Previamente, el comité ejecutivo de la Juventud Nacional del PAC aclaró en un comunicado que la Juventud Progresista es una de muchas agrupaciones internas del PAC, y las manifestaciones expresadas en el documento no representan en ninguna medida el pensamiento de la totalidad de la juventud.
“Sobre el contenido del documento sólo podrán responder las personas involucradas en el mismo, quienes deberán dar las explicaciones correspondientes.
La Juventud del Partido Acción Ciudadana está y seguirá comprometida con los principios éticos y transparencia que ha profesado históricamente este Partido”, señaló.
La situación originó una crisis interna en el PAC, con duras críticas del fundador y diputado de la agrupación Ottón Solís, quien pidió la destitución de los involucrados, lo mismo que la renuncia de Margarita Bolaños, presidenta del PAC, por haber supuestamente avalado el uso de recursos del Gobierno.
Ottón Solís felicitó el lunes al mandatario por su decisión “inmediata y transparente”, la que interpreta como una muestra del cambio prometido con el presente gobierno y de que el PAC es distinto a los otros partidos.
Por su parte, Bolaños dio por concluido el asunto. “La decisión del Gobierno está tomada. Ellos (los funcionarios) tomaron la decisión de poner sus cargos a disposición y someterse voluntariamente a la Procuraduría de la Ética y la Contraloría, y ahora esperaríamos una decisión”, expresó.
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