Legisladores consideran que los más ricos son los que menos pagan.
La clase media y baja es la que sostiene el sistema tributario nacional, mientras que la banca pública -y especialmente la privada- no paga el impuesto de la renta.
Así lo concluyen algunos diputados que reaccionaron fuertemente ante un informe de la Contraloría General de la República, del 16 de junio anterior, que cuestionó el cambio de metodología propuesta por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para calcular el pago del impuesto de renta.
El legislador independiente José Miguel Corrales aseguró que tiene varias mociones en el plenario legislativo para cambiar este sistema de cobro, el cual consideró injusto.
Entre ellas se encuentra una propuesta para suprimirle la facultad a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) que pueda autorizar el rebajo del citado tributo a la banca.
«El proyecto llegó a plenario y luego lo enviaron a una comisión especial que tenía que ver con la reforma fiscal que está discutiéndose. Nuevamente está en el plenario y las mociones son de reiteración», aseveró Corrales.
El expediente 15.516 sobre la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural tiene una moción de Corrales que modifica el artículo 141 que regula el impuesto de renta y obliga al pago del impuesto anual, en moneda costarricense, equivalente a $500.000 para los bancos o las entidades financieras no residentes en Costa Rica».
Esto con el objetivo de que también se grave el dinero que los bancos nacionales tengan colocados en el exterior.
Aseguró que la Contraloría dijo en el informe del 16 de junio que solo del 2000 al 2002 la base imponible anual, para los bancos públicos, fue de ¢30.000 millones.
«El juego que tienen es que permiten rebajarse lo que tienen que pagar de impuesto», aseguró Corrales sobre la propuesta metodológica que hizo la ABC y la aprobación que de esta hizo la Dirección General de Tributación Directa.
Sobre este aspecto se quiso consultar A Francisco Fonseca, quien es el jerarca de esta división, pero su secretaria informó que se encontraba de vacaciones.
VIGILANTES
El legislador Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifestó que le dará seguimiento a este caso y que le está pidiendo información al Ministro de Hacienda, Federico Carrillo.
«Para nada me gusta la exención de impuestos que se le hicieron a los bancos. Me pregunto qué clase de trabajo está haciendo Tributación Directa con esto. También pedí datos sobre la situación de los bancos privados que existen en el país», enfatizó el parlamentario.
Bernal Jiménez, integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios -quien recientemente la presidió- se mostró muy interesado en que algunos aspectos del proyecto legislativo 15.516 queden bastante claros y se cambie el actual sistema tributario que considera muy injusto.
Aseguró que personas cuyos salarios son de ¢200.000, ¢400.000 ó menos -sin los rebajos de cargos sociales- tienen poca posibilidad de consumo o pago porque se les rebaja el impuesto de la renta. «Con la nueva propuesta legislativa eso se elimina», aseguró el diputado.
No obstante, para él lo más importante es que cambie la base impositiva para lograr que los adinerados y las personas de menores recursos paguen lo que cada uno debe.
«Un rico puede pagar un 8%, mientras los demás pagan del 10% al 15% de impuesto de la renta. Lo que pretendo es impulsar una justicia impositiva la cual establezca una escala del 5% al 30% y que en ese rango cada uno pague lo que debe», dijo.
Además, consideró que también los títulos por valores deberían pasar de pagar de un 5% a un 8% en lo que Jiménez considera un valor único y definitivo.
«Me interesa que en lo que será la ley tributaria quede dispuesto que se gravará cualquier empresa que tenga una cuarta parte de sus valores (lo mínimo deben ser $55.000).
«Al pasar de la renta cedular al de renta global, los ricos pagarán 30%», enfatizó.
Dijo «que consideraba una barbaridad que a la renta de las viudas y ancianos se les rebaje impuestos que no les permitirían tener una vida digna. Ahora la cosa será pareja».
El legislador aseguró que habrá de aclararse «en qué posición queda la clase media: las viudas, las personas pobres o los profesionales liberales», entre otros.
TODOS CORREN …
En la Dirección General de Tributación Directa se formó un grupo especial para averiguar cuál fue el fundamento para aprobar el cambio de metodología propuesto por la ABC.
La comisión está presidida por Yamileth Vega y también se encuentran en el grupo investigador Darío Amador, Guillermo Méndez y Gerardo Durán.
Juan Luis Montoya, Procurador Tributario, aseguró que conoce el estudio hecho por la Contraloría pero hasta que las unidades de investigación de Tributación Directa saquen sus resultados se manifestará al respecto.
Otras entidades que deben rendir cuentas son la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Al consultarle al Viceministro de Hacienda, David Fuentes, qué se estaba haciendo con la petitoria de la Contraloría dijo que desde hace dos meses se conformó la citada comisión, aunque cabe aclarar que el informe del órgano contralor está fechado 16 de junio.
MILLONES DE MILLONES
Según un estudio en poder del diputado José Miguel Corrales el impuesto sobre la renta pagado por 16 bancos privados fue de solo ¢328,3 millones para el 2001. Generaron utilidades que pertenecen a los socios por ¢11.318 millones.
El legislador se pregunta: «¿Cree usted que el 30% del impuesto sobre la renta pagado por los bancos privados en relación con sus utilidades pueda ser solo de ¢328,3 millones al observar el rubro de las utilidades anteriormente citado?».
Corrales considera que es casi seguro que muchos bancos, principalmente los privados, esconden y captan ingresos a través de las «off shore» (subsidiarias en el exterior de los bancos nacionales).
En artículos sobre este tema que se publicaron en el Semanario Universidad en las ediciones 1480 y 1483 el entonces Intendente de Banca y Seguros de la SUGEF, Juan Muñoz, aseguró que es posible que el sistema bancario nacional quiebre, sin que la gente se dé cuenta, porque se desconoce el volumen de lo que manejan los bancos en sus «off shore».
La Ley del Banco Central es limitada para que las entidades financieras reguladoras del país obtengan ese tipo de información.
