En tiempos de déficit fiscal, en los que el Gobierno busca entre guiños y sonrisas convencer sobre la necesidad de una reforma fiscal con incremento de impuestos incluidos, durante el 2014 las entidades de gobierno no ejecutaron ₡307.000 millones de los presupuestos asignados.
Esta es una de las principales denuncias que hace la Contraloría General de la República (CGR) en su Memoria Anual 2014, donde queda en evidencia una subjecución presupuestaria equivalente a más o menos un 1% del Producto Interno Bruto.
La crítica de la contralora general, Marta Acosta, llegó acompañada de un recordatorio sobre lo insuficiente de la reforma fiscal que pretende el Gobierno para resolver el problema y la necesidad de tomar medidas de largo plazo en los principales disparadores del gasto: las remuneraciones y las transferencias directas.
“Nuestra economía ha tenido una espacio de distención por la caída de los precios del petróleo, baja en las tasas de interés, tipo de cambio e inflación. Pero, de no adoptarse prontas medidas de impacto, el Estado se verá sometido a una alta presión fiscal que podría afectar la calidad de los servicios y la estabilidad económica del país”, advirtió Acosta.
SE PIDE, PERO NO SE GASTA
En términos generales, de los ₡6.788.261 millones presupuestados, la Contraloría señala que se gastaron ₡6.480.615 millones, lo que significa una ejecución del 95,5%.
Sin embargo, varios ministerios e instituciones mostraron durante este periodo tasas muy inferiores de ejecución, como es el caso del Ministerio de Comercio Exterior (78,7%), el Ministerio de Hacienda (81,5%), el Ministerio de Relaciones Exteriores (83,5%) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (83,9%).
El Ministerio de Educación Pública (MEP), que es el que recibe la tajada más grande del pastel en el Presupuesto Nacional, tuvo una ejecución presupuestaria del 96,2%, pero esto significa que dejó de utilizar ₡73.974 millones asignados.
De no adoptarse prontas medidas de impacto, el Estado se verá sometido a una alta presión fiscal que podría afectar la calidad de los servicios y la estabilidad económica del paísMarta Acosta, contralora general
Sobre el MEP, la Contralora alertó que a pesar de la implementación del nuevo sistema de pagos Integra2, en el 2014 se determinaron posibles sumas pagadas de más por ₡34.431, 5 millones, de los cuales se confirmaron ₡15.315,6 millones (45%) y de estos, se han recuperado hasta el momento ₡8.349,7 millones.
La Contralora acusó que el desequilibrio fiscal se ha generado producto del “descontrol del gasto público”, donde la deuda se está incrementando a un ritmo del 3% del PIB por año y que hoy alcanza un 39,3% del PIB.
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Los problemas de financiamiento del Gobierno han llegado al punto en que un 4% de los gastos corrientes se financian con deuda, lo que −según advirtió Acosta− contraviene el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Consultada por UNIVERSIDAD sobre las implicaciones del incumplimiento de esta ley, Acosta comentó que es poco lo que se puede hacer en materia de sanciones, pues si el Gobierno no tiene recursos para sus gastos debe financiarlos de alguna forma.
SOLUCIÓN A LARGO PLAZO
Sobre las soluciones para el déficit, señaló que las propuestas de reforma fiscal que se han planteado hasta el momento no son suficientes, dado que con dificultad generarían poco más de un 2% del PIB adicional, cuando el déficit ronda el 6%.
Insistió en la necesidad de medidas de largo plazo, que incluyan cambios estructurales en las remuneraciones y transferencias, lo que implica un análisis cuidadoso de los salarios en el sector público, de las subvenciones y exoneraciones vigentes.
“Es un tema que venimos arrastrando desde el 2009. Hemos insistido en medidas estructurales para corregir en el mediano y largo plazo. El ajuste al Presupuesto Nacional, si bien es una medida positiva, no es suficiente. Aparejado a eso se deben tomar medidas en el empleo público, pensiones, exoneraciones, programas que generan gastos, pero que no generan resultados”, acotó.
Sobre estos programas, Acosta mencionó los casos del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), sobre los cuales la Contraloría ha sido insistente en señalar sus deficiencias.
“Que haya que corregir situaciones no significa que haya que cerrar las instituciones”, aclaró Acosta sobre estas entidades.
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