La Superintendencia  General de Entidades Financieras (SUGEF) trasladó a la Contraloría General de la República (CGR) una denuncia del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, para que se investigue la posible transgresión de regulaciones y tráfico de influencias en un acuerdo entre la Corporación Pipasa S.A. y el Banco Popular (BP). Esto por cuanto esta entidad de interés público –aduce el diputado- financió una y otra vez la adquisición de franquicias de la compañía en puntos de venta que no habían sido rentables y sus dueños habían quebrado.

Supuestamente sin tener un plan de inversiones, entre el 2004 y el 2009 el BP financió 48 operaciones de franquicias adquiridas por empleados de Pipasa y otras personas, muchas de las cuales no pudieron hacer frente a los gastos y tuvieron que devolverlas.

Para buena parte de los franquiciados (operadores de centros de carnes con la franquicia) el sueño de independizarse con un negocio propio se transformó en una pesadilla que están viviendo aún, ahogados en deudas, con sus casas hipotecadas, e incluso sin trabajo, como relataron algunos de ellos a este Semanario.

Cuando ocurrieron los hechos, la Corporación Pipasa era propiedad del Grupo Sama, en la cual tiene participación el expresidente Óscar Arias y la Conferencia Episcopal era socio mayoritario, hasta hace poco tiempo. En junio del 2011 Pipasa fue adquirida por la corporación estadounidense Cargill.

En oficios dirigidos el mes pasado a la SUGEF y a la junta directiva del BP, Villalta explica que las agencias de Pipasa administradas por hombres y mujeres emprendedoras con los préstamos del Banco quebraron sistemáticamente.

Aún así la entidad continuó entregando préstamos a nuevos franquiciados con contratos que mantenían las mismas condiciones que produjeron las quiebras anteriores.

Algunas de estas personas que tuvieron que devolver el negocio por no poder salir adelante con las cuentas, y otras que aún se mantienen, viven una pesadilla con embargos de sus casas y propiedades, y deudas que mantienen con el Banco y otras entidades donde se financiaron para refundir los préstamos y pagarle al Banco.

Siete de esas personas interpusieron una demanda que se tramita en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Distrito Judicial de San José, en la que solicitan la nulidad de los contratos de franquicia firmados, por considerarlos contratos “leoninos”.

Desde el punto de vista legal alegan que el contrato que los pusieron a firmar es leonino, porque está totalmente desequilibrado a favor de la empresa.

Además, es un contrato “desnaturalizado”, porque tenían que entregar una suma por la franquicia, que no era igual para todos, pues en unos casos se les pidió ¢12 millones y otros ¢23 y otros ¢30 millones.

Tenían que entregarle a la empresa el 79% de las ventas diarias, y el 21% restante supuestamente era el porcentaje de ganancia que les quedaba.  Pero ese llamado porcentaje de ganancia en realidad era un margen de tolerancia que les daba la empresa, de donde tenían que pagar todos los gastos de operación  del puesto de venta, y el margen no les permitía subsistir, además de otros problemas que debían enfrentar como competencia desigual con precios y descuentos mejores que la empresa daba a otros distribuidores.

Desde otro punto de vista, relacionado con los fines de interés social que tiene el BP, se señala que a las personas las pusieron a firmar garantías para concederles un crédito tomado de fondos públicos de la Banca de Desarrollo, dinero que fue a parar a las arcas de Pipasa, con pleno conocimiento del Banco de que eran para esa empresa, y una vez transferidos los fondos, la empresa fue vendida a norteamericanos.

INVESTIGACIÓN

El BP le envió una respuesta preliminar al diputado, donde dice que está investigando el caso, y niega que tantas franquicias hayan quebrado (ver recuadro “El Banco seguirá…”

“Lo que pasa es que a muchas de las franquicias quebradas Pipasa les pagó la deuda como para tapar la cosa. Pero le estamos haciendo un réplica al Banco, porque tenemos la evidencia de que son muchas las franquicias que quebraron”, dijo Villalta.

A pesar de que eran negocios mal planteados, con una estructura no rentable, con el mismo contrato el BP lo financia a otras personas, en algunos casos hasta tres y cuatro veces. Cómo es que si a los pequeños productores les ponen todo tipo de trabas y requisitos para darles un préstamo, aquí aparece el BP financiando una y otra vez contratos fallidos, destinados a quebrar. La única explicación es que hay un interés político de favorecer a la Corporación Pipasa, que en esa época pertenecía al Grupo Sama, consideró Villalta.

El diputado pidió el mes pasado a la SUGEF una investigación, por la preocupación de que en este caso el BP haya ignorado las regulaciones técnicas y financieras de la entidad reguladora, y haya flexibilizado las regulaciones sobre el manejo del crédito para financiar de manera reiterada negocios destinados al fracaso de una corporación privada, que al momento en que ocurrieron los hechos era controlada por personas vinculadas a políticos influyentes.

El superintendente Francisco Lay respondió que en este caso se trata de financiamiento otorgado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME), un fondo especial que no está sujeto a las regulaciones emanadas de la SUGEF, según establece la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Nª 8262).

Sin embargo, por ser fondos públicos que se dan en administración, el FODEMIPYME está sujeto a los controles emanados de la CGR, por lo que traslada la denuncia al órgano contralor, a fin de que valore lo que corresponda de acuerdo con sus competencias.

Óscar Picado, uno de los que presentó la demanda, dijo que la actual dueña de la Corporación Pipasa, Cargill, se escuda en el hecho de manifestar que esta situación no es de su responsabilidad sino de la administración anterior. Sin embargo, los franquiciados que mantenemos el negocio vigente con ellos somos objeto de las mismas políticas de descuentos, competencia desleal, cobros injustos, baja rentabilidad de los negocios, y existe el temor de pérdida de propiedades.

Jorge Calderón, gerente regional de asuntos corporativos de Cargill Centroamérica, dijo que Cargill dio continuidad a los contratos de este tipo existentes antes del 1 de junio del 2011, fecha en la que se dio la “combinación” con Pipasa.

Añadió que esos contratos continúan siendo los mismos, con excepción de una pequeña modificación realizada en junio de este año para estimular los esfuerzos realizados por los franquiciados. Ahora hay más ventajas para los franquiciados por contar con una mayor cantidad de marcas y de productos, tras la fusión corporativa que incorporó las líneas de producto de Cinta Azul, aseguró.

Afirmó que “los contratos individuales, con base en los cuales algunas personas que en el pasado operaron centros de carnes optaron por llevar sus diferencias a sede judicial, no se encontraban vigentes al momento de la combinación entre Cargill y Pipasa”.

Sobre el tema se buscó obtener el punto de vista del presidente de Sama, Víctor Oconitrillo, a quien se le dejó recado en el despacho, pero no devolvió la respuesta.

El Banco seguirá financiando franquicias

Entre las respuestas del gerente general del BP, Gerardo Porras, están las siguientes:

•En 2004 la empresa Pipasa propuso a varios de sus empleados que asumieran como propietarios una serie de establecimientos de venta de pollo fresco bajo el modelo de franquicia.

•Al BP se le propuso, igual que a otras entidades, que participara en el financiamiento de estos pequeños empresarios, para lo cual se procedió a verificar que cumplían con los requisitos que exige la normativa interna y externa, y se hicieron todos los análisis técnicos necesarios para determinar que el negocio era promisorio.

•No existía un acuerdo explícito entre el BP y Pipasa, sino que era parte de la garantía de respaldo como empresa franquiciadora que permitía al Banco aceptar con más confianza los financiamientos.

•Del 2004 al 2009 el BP financió 48 operaciones de franquicias, tanto por medio del financiamiento convencional como del Fondo de Desarrollo FODEMIPYME. No obstante, desde hace tres años no se colocan nuevos casos de este plan de inversión, principalmente por cambios en los modelos y estructura de la empresa franquiciadora.

•No se observan quiebras sistemáticas; de las 48 operaciones formalizadas, 25 ya fueron canceladas satisfactoriamente. De las 23 restantes únicamente dos presentaron problemas de pago.

•El BP seguirá apoyando iniciativas que promuevan el desarrollo de franquicias, ya que considera que este modelo es un instrumento que promueve la democratización de la economía.