Camelia Morales (centro) salió de la zona de La Fortuna, en Salitre, para ofrecer declaraciones a la emisora de Radio 8 de octubre y a la Red de Mujeres Rurales.
Finqueros y peones no indígenas armados invadieron tres propiedades que eran custodiadas por aborígenes de la Asociación Integral de Desarrollo (ADI) de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.
El domingo 23 de noviembre, María de los Ángeles Ortiz, su compañero, sus cuatro hijas y un indígena de apellidos Santos Figueroa debieron huir de sus hogares en el sector de Las Rosas, pues un grupo de peones armados irrumpieron en ellas y amenazaron a sus moradores con tiros al aire. Días antes, el miércoles 16, otro grupo ingresó a una parcela de La Fortuna, una de las zonas más recónditas del territorio, donde vivía Camelia Morales y su compañero.
Las tres propiedades invadidas figuran entre los 15 terrenos tomados por miembros de la ADI a principios de julio ante la justificación de que se encontraban en manos de personas ajenas a la comunidad bribri.
ACUERDO ROTO
Las acciones de recuperación de tierras que los indígenas tomaron en julio habían causado una reacción sin precedentes entre finqueros y peones, quienes bloquearon la carretera principal que atraviesa Salitre para exigir soluciones al Poder Ejecutivo. Además, se presume que el grupo también quemó varias casas pertenecientes a indígenas bribris que simpatizan con la ADI.
En esa ocasión, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, encabezó una delegación para negociar el cese de hostilidades en Salitre. Para levantar el bloqueo, el Ministerio de la Presidencia se comprometió a identificar y evaluar la situación de las fincas conflictivas en Salitre y acordó que los indígenas conservarían dichas tierras hasta que hubiera una resolución.
Sin embargo, luego de 5 meses de tregua, los finqueros tomaron ofensivas en tres de las fincas consideradas en el acuerdo gubernamental. Álvaro Paniagua, director del Área de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes, explica que los finqueros reclaman que ellos compraron esas tierras de manera legítima a indígenas. Empero, él indica que las transacciones fueron hechas después de la Ley Indígena y por lo tanto son nulas.
“Los finqueros que se atribuyen esas propiedades viven fuera del territorio; no es que hayan quedado en la calle luego de que los indígenas recuperasen esas fincas”, dice Paniagua, quien visitó las zonas en disputa y registró que los ocupantes trabajan para los finqueros, así como la presencia de armas de fuego.
Ante las observaciones de la Defensoría, el departamento de la Fuerza Pública de Buenos Aires acudió a las tres fincas. La policía local reportó que las personas atrincheradas en la casa de Camelia Morales entregaron voluntariamente una pistola de 9 mm sin documentar que, según ellos, encontraron en el inmueble.
NUEVO EPISODIO
Roxana Figueroa, miembro de la ADI de Salitre y colaboradora activa en la recuperación de tierras indígenas, está convencida de que las personas no indígenas han sido alentadas por la reciente detención del líder comunal Sergio Rojas.
A Sergio Rojas se lo investiga por el supuesto delito de administración fraudulenta con ¢75 millones y $900 mil que el Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica (Fonafifo) otorgó a la ADI. La denuncia fue presentada por indígenas de la comunidad ante el Ministerio Público.
Por otra parte, Paniagua sostiene que el conflicto de tierras se avivó por la ausencia de respuestas por parte del Poder Ejecutivo: “Los finqueros se cansaron de esperar. Han pasado 5 meses y el Gobierno no hace nada con esas 15 fincas”, dice.
Las tres familias indígenas que debieron huir de sus hogares durante la última semana de noviembre interpusieron solicitudes de auxilio policial para que las autoridades desalojen a las personas que entraron a las propiedades. Sin embargo, la Fuerza Pública denegó la toma de acciones en la finca de La Fortuna el lunes 1 de diciembre y no se ha dado respuesta para las demás.
Paniagua señala que la decisión de la policía bonaerense contradice el acuerdo gubernamental de julio, donde se estableció que las 15 fincas involucradas quedarían en manos de los indígenas hasta que se esclareciera la situación legal de cada una. “Esta acción de la policía puede abrir el camino para que los finqueros invadan otros terrenos”, añade.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de la Presidencia declaró que evalúa la decisión que tomó la Fuerza Pública. En cuanto a las fincas, el Ministerio aún no tiene criterio sobre la situación legal de cada una.
Camelia Ortiz y su compañero se guarecen en casa de familiares suyos. Sin embargo, dice que peleará por su propiedad y morirá por ello si es necesario. En Salitre, nadie renuncia a la tierra.
Mujeres bribri defienden su tierra
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica no fue a la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el martes 25 de noviembre en San José. En cambio, un grupo de mujeres rentó una buseta y viajó hasta el territorio bribri de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.
Allí, la mayoría que participan en el proceso de recuperación de tierras son mujeres indígenas. “Las mujeres somos más cuidadosas. Nos hemos dado a la tarea de recuperar para dejar una herencia”, explica Roxana Figueroa, indígena de Salitre.
La cultura bribri es matrilineal: los clanes se definen y se perpetúan por lazos maternos. De esa manera, la mujer es quien se encarga de heredar la tierra y, por tanto, su cultura. “Las mujeres somos guías y los hombres son nuestro apoyo”, señala Yamileth Morales, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre.
Ambas reciben la visita de una decena de mujeres de la Red, curtidas por el trabajo. Todas acuden a ver los restos del rancho de Elba Ortiz, cuya casa fue quemada durante el piquete que levantaron los finqueros no indígenas en julio. El grupo escucha atento a Yamileth cuando describe la noche en que varias bombas molotov se estrellaron contra aquel rancho. Todavía hay ropa quemada y muebles calcinados en el piso de tierra.
“Cuando hay estas tensiones pensás de todo. Pensás que lo que hacés no tiene sentido y dan ganas de dejar todo tirado; en ese momento pensás: ¿De qué valen los derechos indígenas?”, dice Roxana.
El grupo de mujeres −proveniente de San José, Heredia, Pérez Zeledón y otros territorios indígenas− llegó pocos días después de que los finqueros tomaran por la fuerza tres fincas que habían sido recuperadas por indígenas de la ADI.
“Intenté ponerme en los zapatos de ellos: sentirme perseguido en la montaña. Antes salimos a la calle y un señor estaba vigilando. Uno es incapaz de imaginar lo que es tener a un enemigo tan cerca”, comenta Grace Navarro, vecina de Pérez Zeledón.
“Muchos indígenas sabíamos dónde estaba nuestro territorio, aun antes de la Ley indígena de 1977. Aquí estamos y pedimos que el Gobierno nos dé nuestros territorios, que es un cabito de tierra”, dice altivamente la indígena Luisa Bejarano.
La Red de Mujeres Rurales sostiene que el Estado alimenta la invasión del territorio cuando permite la impunidad ante las agresiones en Salitre. “Entendemos la discriminación que todas hemos sufrido, de una u otra manera; así nos respetamos en nuestras diferencias”, explica Alejandra Bonilla, organizadora de la Red.
Anochece y el grupo se sienta en medio del monte, bajo unos árboles. “Si yo no estuviera acá creería que es otra historia la que se vive. Si nos ayudamos, los problemas son más llevaderos”, le dice Grace a todas las demás.
