Tala ilegal encuentra portillo en la ley

Pérdida del bosque no cesa en Costa Rica.Una de las modalidades actuales para evadir los controles en el trasiego ilegal de madera, es transportarla

Pérdida del bosque no cesa en Costa Rica.

Una de las modalidades actuales para evadir los controles en el trasiego ilegal de madera, es transportarla ya aserrada y cortada.

A pesar de que en 1996 la Ley Forestal prohibió el cambio de uso del suelo, la conversión de bosques en potreros mediante la socola (corta de vegetación que rodea los árboles), se ha acentuado en los últimos cinco años y esto le permite a los madereros talar en terrenos que hasta hace poco eran bosques.

De acuerdo con las últimas auditorías forestales realizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), «53% de los árboles autorizados para  corta se ubicaban en áreas donde había bosque en el 2000. Dicho cambio de uso se estima que se realizó al menos hace dos años».

La Ley Forestal (No.7575) permite el aprovechamiento del bosque a través de planes de manejo o de Inventarios Forestales (IF); esta última figura legal tiene requisitos no tan rigurosos como los planes de manejo y por eso los madereros la convirtieron en su mecanismo ideal para obtener permisos de corta de árboles.

 

 

Ya en el informe de un proyecto financiado por la Comunidad Europea y el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se advertía en el 2001 del mal uso de este mecanismo.

«La facilidad con que se obtiene un permiso de corta en potrero en comparación con la aprobación de un plan de manejo forestal, ha hecho que los productores opten por el primero como medio de obtener mayores ingresos en un corto plazo de una parte de su finca. Pero lo más preocupante es que este hecho está tentando a muchos dueños de bosque hacia la tala de estos para convertirlos en potrero, con lo cual se les facilitará obtener el permiso», puntualizaba dicho informe.

Las auditorías más recientes calculan que al menos un tercio de la madera consumida en el país proviene de árboles cortados de manera ilegal. Juan José Jiménez Espinoza, coordinador de la «Estrategia de control de tala ilegal» del MINAE, informó que la deforestación nacional oscila entre 5.000 y 10.000 hectáreas por año.

A partir del descubrimiento del artilugio empleado por los madereros, las autoridades forestales incrementaron los controles con el apoyo de tecnologías satelitales y el cumplimiento de los requisitos de los permisos.

Se intentó conocer el criterio del presidente de la Cámara Costarricense Forestal -Jaime Sotela Montero-. Sin embargo, en su oficina dijeron en varias ocasiones que estaba ocupado y tampoco devolvió las llamadas.

DEFORESTACIÓN PERENNE

Si bien la tasa de deforestación en Costa Rica se redujo notoriamente en la década pasada si se compara con la que hubo durante el apogeo de la actividad ganadera, esta se mantiene y se prevé que en el 2007 haya problemas de abastecimiento para las diversas necesidades del país.

Según el último informe del «Estado de la Nación», en la recuperación de la cobertura forestal «contribuyeron los diferentes programas de incentivos, especialmente el de pago por servicios ambientales (PSA), la disminución de los precios de la carne y el desarrollo del ecoturismo».

Cabe recordar, que en marzo de 1998 el entonces jerarca del MINAE -René Castro- anunció con gran pompa que el 40.3% (2 millones de hectáreas) del territorio nacional estaba cubierto de bosques. Los estudios en que se basó fueron fuertemente cuestionados por grupos ambientalistas, ya que provenían de imágenes tomadas por satélites y aviones especiales, desde los cuales no se distingue si un árbol está en bosque primario o en un terreno sembrado con especies de reforestación comercial (ver «Desde el cielo todo es verde», en UNIVERSIDAD del 3-4-98).

En aquel momento, las autoridades gubernamentales afirmaron que la deforestación se encontraba «técnicamente empatada». Es decir, la deforestación era compensada por el consumo de madera proveniente de plantaciones con especies de crecimiento rápido, como melina o teca.

Independientemente de cuál sea la extensión cubierta por bosques, lo cierto es que la tala ilegal se mantiene. «Lo que no se conocía, era la magnitud y la localización de los procesos, para con base en esta información, diseñar una estrategia nacional para el control de la deforestación y la tala ilegal», expresa un informe del MINAE elaborado con la colaboración de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR).

Esta fundación nació en 1989 para promover la conservación y uso sostenible del patrimonio natural de esta cordillera, en la cual se ubican  varios parques nacionales. Para el cumplimiento de esta tarea han incorporado el uso de modernas tecnologías, como los Sistemas de Integración Geográfica (SIG) y de Posicionamiento Global (GPS) -por medio de satélites-.

Es por medio de estas tecnologías que -en apoyo al MINAE- pudieron confirmar las sospechas de que había un uso indebido de los permisos de inventario forestal y por lo tanto, de tala ilegal.

Carlos Herrera Arguedas, subdirector de la FUNDECOR, recordó que después del anuncio de que la deforestación se había detenido, «comenzamos a notar que las oficinas subregionales casi no tramitaban permisos para aprovechamiento del bosque, para lo cual se necesita un plan de manejo forestal».

Por ejemplo -precisó-, en 1989 – dos años después de ser abierta la carretera a Limón- en la oficina de Guápiles se tramitaban unos 175 planes de manejo por año, y a inicios del 2002 solo se habían gestionado dos planes de manejo. Por el contrario, seguía saliendo la misma cantidad de madera de la zona.

Fue así como se pusieron a indagar junto con el MINAE qué pasaba. Aquí fueron de gran utilidad los inventarios forestales de la FUNDECOR, los cuales contienen información detallada de cada árbol y las tecnologías e imágenes satelitales permiten saber si en un terreno había bosque en el 2000, si se le cambió el uso al suelo, o cuál árbol fue talado.

MALES COMPROBADOS

Algunos de los problemas detectados por los citados análisis, quedaron expuestos en el documento preparado por el MINAE-FUNDECOR: «Mitos y realidades de la deforestación en Costa Rica».

A partir de la información obtenida en el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y de las estadísticas que lleva el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, «se demuestra que los procesos de cambio de uso y tala ilegal han evolucionado y se han adaptado a las condiciones socioeconómicas y de política forestal prevalecientes en la actualidad».

Como prueba de los cambios, dicho informe detalla que de los permisos de tala autorizados durante el 2001 bajo la modalidad de inventarios forestales, un 59% correspondieron a áreas que eran potreros antiguos, el 30% fueron en áreas que en 1996 eran bosques, y el 11% estaba a menos de 25 metros del bosque.

Una evaluación de campo más detallada de la FUNDECOR, encontró en un permiso de IF que de 8 árboles indagados, 4 no estaban dentro de la finca respectiva y además se encontraban en un terreno reportado como bosque en el 2000. De los otros cuatro que estaban dentro, tres estaban en un área que era bosque en el 2000 y solo uno se ubicaba correctamente en zona de repasto.

Los datos de FUNDECOR concuerdan con los nacionales, en que el 80% de la madera aprovechada en el país procede de áreas no boscosas y el 20% de planes de manejo.

También encontraron que 35% de los árboles extraídos fuera de los bosques, fue obtenido de manera ilegal, mientras que en los planes de manejo forestal, uno de cada cuatro fueron sobreexplotados, con tendencia al cambio de uso del suelo.

Las conclusiones más importantes de esa investigación son:

-El proceso actual de producción no es sostenible, pues la mayor parte de la madera autorizada proviene de áreas que no son ni bosque ni plantación, por lo que no se repone lo cortado.

-La Ley Forestal de 1996 restringió el aprovechamiento del bosque, pero dejó al descubierto el uso en las áreas sin cobertura boscosa.

-El cambio en el uso del suelo que se da hoy, no obedece a la expansión de la frontera agropecuaria como se creía, sino que está en función de facilitar el acceso al recurso forestal y por eso se talan los bosques, para convertirlos en sistemas agroforestales.

-La situación actual conduce a plantear una reestructuración de los controles y a buscar una mayor eficacia, principalmente con el apoyo de nuevas tecnologías.

Estas irregularidades en la utilización del recurso forestal, fue confirmado por el coordinador de la Estrategia de control de tala ilegal del MINAE, Juan José Jiménez, quien puntualizó que la tendencia de cambiar los bosques a potreros podría haberse acrecentado del 2001 al 2004.

El funcionario dijo que la cobertura boscosa anda en aproximadamente un 40%, que en su opinión es una tasa muy buena. «Hay bosque secundario que se ha ido recuperando de potreros, principalmente, por la pérdida del impulso de la ganadería, aunque también se ha perdido bosque primario, y esto es irreparable».

Comentó que no pueden dejar de conceder permisos de aprovechamiento y que una veda más bien podría incrementar las violaciones, sobre todo cuando «el MINAE no tiene la posibilidad de hacer controles en la forma que quisiéramos, y tampoco otras instituciones colaboran, como el Ministerio de Transportes, Policía de Tránsito, Seguridad Pública».

Para Jiménez Espinoza, una de las principales debilidades de la protección forestal, es que existe una demanda por madera, y por otro lado los incentivos para mantener el bosque son muy bajos.

Puso como ejemplo, que una hectárea de potrero en Sarapiquí puede ser arrendada en cerca de ¢13.000 por mes. Mientras tanto, el Estado lo que da en incentivos forestales para conservar el bosque son ¢15.000 por año.

Igualmente señaló el poco interés comercial que despierta el cultivo de especies maderables de rápido crecimiento, en vista de que se debe invertir mucho y la recuperación es a largo plazo.

MEDIDAS

Con el fin de combatir mejor los abusos, Jiménez explicó que pusieron  en práctica un plan que aplica las tecnologías antes mencionadas, para corroborar mejor la información y cotejar las solicitudes de permisos en el trabajo de campo.

También estudian -con el apoyo del FAO- las nuevas opciones que ofrecen las tecnologías actuales, para cambiar algunos dispositivos que se emplean en el control del trasiego de la madera, como las guías y placas. Estas podrían ser sustituidas por sistemas como código de barras o microcircuitos («chips»).

Entre los avances alcanzados en el 2004, un informe de la estrategia para el control de la tala ilegal cita la capacitación de 200 técnicos y profesionales -del sector público y privado-, en materia de GPS, cartografía digital y agendas electrónicas («Palm»).

De igual manera, se capacitó a 30 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública en cuanto a trámites y procedimientos para el control del transporte de madera, se adquirieron 60 agendas electrónicas con receptor de GPS, se aprobó convenio de cooperación por $257.000 con el FAO para fortalecer la lucha contra la tala ilegal, se buscarán incentivos laborales para el personal de control forestal, se inició la elaboración de una metodología para evaluar el desempeño y la rendición de cuentas de los actores del sector forestal, y se analizó una serie de eventuales reformas a la ley.

Un estudio hecho a finales del 2001 por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) sobre la tala ilegal, reveló que «el componente legal-penal de la legislación forestal del país ha demostrado ser poco eficiente en cuanto a la consecución de los fines establecidos a través de las prohibiciones y sanciones».

«La falta de cumplimiento -agrega el informe- con el principio de la tipicidad y la necesidad de tipificar acciones que no están sancionadas y que no lo están actualmente, como es el acto de socolear el bosque (sotobosque) o la sanción que debe darse sobre el maderero cuando hay tala ilegal y no sobre el dueño del inmueble, son algunos elementos que deben ser considerados a fondo».

De igual manera, los especialistas del CATIE instan a que -ante la incapacidad del Estado- en el control de este problema participe la sociedad civil.

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