Las diferencias entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los bancos comerciales del país sobre cuál porcentaje se debe pagar a las entidades financieras en un eventual sistema de pago electrónico, tiene en suspenso el proyecto para automatizar las tarifas del transporte público, un negocio que mueve ¢180.400 millones anuales.
En junio de este año, los bancos y el Banco Central (BCCR) presentaron al MOPT una propuesta para implementar un sistema de pago electrónico utilizando las tarjetas del sistema bancario nacional, y tratando los pasajes de bus como cualquier otra transacción, como las compras del supermercado, una comida en un restaurante o el diésel en una gasolinera.
Para esto, los bancos proponen cobrar, de cada tiquete, una comisión bancaria cercana al 2%, que es actualmente lo que cobran a los taxistas cuando reciben pagos con tarjetas. Las autoridades del MOPT, lideradas por el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, consideran que esta comisión debe ser menor.
“En parte es una preocupación de costos y esa es la preocupación principal, pero también sabemos que hay otros comercios donde se les cobra más bajo”, explicó Urbina.
Las comisiones bancarias son el porcentaje que ganan los bancos sobre el monto pagado por medio de sus tarjetas de débito o crédito en cualquier negocio y ese porcentaje es variable y lo definen los bancos con cada comercio en particular y dependiendo de su volumen de ventas.
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Por ejemplo, los bancos cobran a las gasolineras 1% del total vendido con tarjeta y en comercios con menor volumen el monto puede llegar hasta el 6%.
Si la totalidad de los pasajes de autobús se pagaran mediante una tarjeta bancaria con una comisión del 2%, el sistema bancario costarricense tendría ingresos por cerca de ¢3.600 millones.
Urbina y sus asesores temen que esta comisión impacte de manera negativa las tarifas y llegue a encarecer los costos para los usuarios del transporte público nacional.
Sin embargo, tanto el Banco Central como la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) sostienen que operativamente es más barato usar este sistema que recibir pagos en efectivo, por lo que el impacto tarifario sería nulo o mínimo.
El MOPT y los bancos acordaron que las tarjetas bancarias de los costarricenses es el mejor método para implementar el pago electrónico en buses.
“Nosotros nos pusimos de acuerdo con el esquema técnico, todavía hay un tema de comisiones porque las que presentaron son un poco altas; además estamos viendo los términos de referencia para aterrizar un documento para sacar a concurso el pago electrónico”, explicó el viceministro.
Conveniencia
Cada día, cerca de 1,5 millones de personas pagan sus tarifas de transporte público, según un informe preparado de manera conjunta entre el MOPT, el Banco Central y la Aresep. Esta cantidad de usuarios es un insumo clave, pues cada ruta define sus tarifas tomando los costos totales y dividiéndolos entre la cantidad de usuarios.
Por eso, desde hace varias administraciones existe la propuesta de automatizar el pago, con algún tipo de dispositivo electrónico, y el tema se ha tocado en los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo (vea recuadro: Protagonista de muchos planes).
¿Pero cómo hacerlo? Muchos países tienen lo que llaman un “sistema cerrado”, donde existe una tarjeta especial y el usuario carga saldo para usarlo en el transporte público. Otras ciudades y países utilizan las tarjetas de crédito y débito normales, con receptores adaptados para autobuses; esta segunda es la opción que proponen los bancos y la que avala el MOPT.
“Si yo pago con esa tarjeta con 30-40 mil comercios en Costa Rica, ¿por qué no pagar con esa tarjeta también en los buses y en los taxis?”, explicó Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del BCCR.
A diferencia de las tarjetas actuales, que son de banda magnética, estas tendrían un chip de proximidad que los usuarios podrían acercar al receptor en el autobús para pagar. A partir de enero del 2016, todas las nuevas tarjetas bancarias deberán incluir esta tecnología y el BCCR espera que para el 2019 la transición de todo el mercado nacional de tarjetahabientes esté completa.
La propuesta tiene el aval de los transportistas, las autoridades del MOPT, los bancos y la Autoridad Reguladora, pero todavía faltan de sortear otros obstáculos más allá de la comisión bancaria de cada transferencia, como la disponibilidad de cuentas bancarias.
Actualmente, cerca de un 65% de la población del país mayor de 18 años tiene una cuenta bancaria. Aquellas personas con menos recursos y sin tarjetas son precisamente las que usan más los buses, por lo que el BCCR recién aprobó unas nuevas políticas para agilizar la apertura de cuentas, con el único requisito de presentar la cédula de identidad.
Además, el MOPT plantea acompañar las tarjetas regulares con otras tarjetas anónimas que complementen el “ecosistema” bancario.
El Banco Central estima que para el año 2019, un 95% de los costarricenses mayores de 12 años (4,0 millones) contarán con una tarjeta de pago por proximidad válida para ser utilizada en el sistema de pago electrónico del transporte público.
UNIVERSIDAD consultó a Fanny Alvarado, oficial del prensa de la Asociación Bancaria Costarricense, pero al cierre de esta edición no contestó el cuestionario que se le envió.
Los costos
Todos los actores involucrados están claros en algo: pagar con efectivo es caro en términos operativos –para los transportistas–, poco transparente –para los reguladores– y costoso e inconveniente –para los usuarios.
Según las estimaciones de una comisión conformada en 2013 por Aresep, el BCCR y el MOPT, el costo de manejar el pago de tiquetes en efectivo representa cerca del 15% de los costos operativos de los operadores del transporte público en Costa Rica.
“El pago electrónico es beneficioso para todo mundo, primero para los reguladores, pero también para los transportistas porque puede evitar defraudación interna y además el efectivo requiere contabilizar, transportarlo, custodiarlo. Eso es caro”, apuntó Melegatti.
Como el sistema tarifario costarricense está basado en los costos, “los pasajes de bus que hoy pagan los usuarios ya incluyen de alguna manera el costo más alto que significa pagar en efectivo”, según explicó el intendente de Transportes, Enrique Muñoz.
“Por el contrario, si los pagos se hicieran de forma electrónica, con costos menores, los usuarios deberían en algún momento percibir esas mejoras en la eficiencia por medio de rebajas en las tarifas, descuentos o bonificaciones de algún tipo”, señaló Muñoz.
Así como las futuras funcionalidades de las tarjetas ya están planificadas, la instalación de las terminales en los autobuses está considerada en las concesiones que los autobuseros firmaron en 2014, según explicó el viceministro Urbina.
“Será tecnología que se va a pedir a los autobuseros que instalen, así como ahora les pedimos las rampas para la ley 7.600”, explicó el jerarca.
Protagonista de muchos planes
La urgencia de cambiar la manera en que los costarricenses pagamos por el transporte público es evidente desde hace varias administraciones, y en la anterior empezó a plasmarse en documentos.
Solamente en los cuatro años de la administración Chinchilla Miranda, esta necesidad se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, el Plan Estratégico de la Aresep 2012-2016 y el Plan Nacional de Transportes 2011-2035.
Por su parte, el gobierno de Luis Guillermo Solís lo consideró también en el Plan Nacional de Desarrollo y de manera muy explícita en el Plan Nacional de Energía 2015-2030, pues una mejor experiencia en el transporte público motivaría a los ciudadanos a no utilizar vehículos y bajaría el consumo de combustibles fósiles.
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