Denuncia pública del Frente Amplio

Telefónicas cobran ilegalmente Internet en telefonía móvil 4G

Sutel no autorizó esa tarifa y por ello su cobro es ilegal.

El cobro que las empresas telefónicas hacen de Internet por descarga, a usuarios pospago en telefonía móvil LTE (4G), es ilegal, denunciaron diputados del Frente Amplio (FA).

Dicha tarifa no ha sido autorizada y por tanto es ilegal. Así se desprende de la respuesta que envió la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a una carta de varios diputados que cuestionaban diversos aspectos relacionados con la propuesta de cobro de Internet por descarga, dijo el diputado del FA Edgardo Araya.

“Es absolutamente ilegal, la confirmación de eso nos la da la nota que nos remite Sutel al señalar claramente que debe aplicarse el tarifario aprobado y este no establece tarifa de descarga”, para la modalidad pospago en 4G, remarcó el legislador.

En la nota, promovida por Araya y por Jorge Arguedas, del FA, los legisladores preguntaron a la Sutel por el origen del cobro por descarga de Internet LTE/4G y en qué audiencia se había definido ese esquema tarifario.

“No se ha aprobado, ni se ha llevado a cabo una audiencia pública para determinar tarifas específicas de Internet a la tecnología LTE”, respondió la Sutel el pasado 18 de noviembre a 12 diputados y diputadas que hicieron la consulta, incluidos siete del FA.

La entidad explicó que toda tarifa fijada por esa superintendencia debe apegarse al principio de neutralidad tecnológica, lo cual implica que las fijaciones tarifarias no son para definirle un tope a una tecnología específica.

Los servicios se pueden brindar por cualquier tecnología disponible y se les aplica la misma tarifa tope, puntualizó la nota firmada por Gilberth Camacho, presidente de la Sutel.

En criterio de Araya, la entidad reguladora debería revisar de oficio esta situación y quitar el cobro por descarga en 4G hasta que se determine la tarifa, “de lo contrario nos veremos obligados a obligarlos en la vía judicial a través del tribunal contencioso administrativo.”

Además, consideró que si la autoridad reguladora establece que es ilegal el cobro, las empresas deberían devolver el dinero que han ganado de más con el cobro por descarga.

El FA propondrá a las fracciones legislativas y grupos de la sociedad civil opuestos al cobro de Internet por descarga, discutir acciones legales para garantizar que los operadores no cobren lo que no está regulado.

ANTECEDENTES

La consulta se dio luego que la Sala Constitucional suspendió la audiencia pública que la Sutel había convocado para el pasado 28 de octubre, a fin de discutir una nueva propuesta para cobrar a quienes tienen servicios pospago una tarifa de ¢0,0074 (impuesto de ventas incluido) por cada kilobit descargado, en vez de la tarifa por velocidad y con acceso ilimitado que rige actualmente.

Los magistrados acogieron para su trámite varios recursos de amparo presentados por las empresas telefónicas y ciudadanos particulares en desacuerdo con la medida por diversas razones. Entre ellas, por considerar que de acuerdo con la ley general de telecomunicaciones, la Sutel debería declarar el mercado en competencia y no intervenir más en la fijación de tarifas.

A diferencia de dos intentos anteriores, que también fueron frenados por la Sala IV, ahora la propuesta de Sutel propone que los usuarios de pospago puedan escoger el plan de Internet por descarga o por velocidad.

En octubre del 2014, la Sala Constitucional suspendió la audiencia que se había convocado para discutir el cobro por descarga y condicionó una nueva convocatoria a que el ente regulador ofreciera información actualizada de todos los operadores y que la propuesta fuera difundida para conocimiento de los usuarios.

En esa ocasión, los magistrados consideraron como insuficiente la convocatoria hecha con base en un estudio de mercado del 2012 y con el aporte de un solo operador. El año pasado el tribunal suspendió de nuevo la audiencia convocada por Sutel.

En la Asamblea Legislativa varios diputados han criticado la intención del organismo regulador al considerar que la introducción del cobro por descarga aumentaría significativamente el costo para el usuario, con lo que se desestimularía el uso de la red y se desvirtúa la promesa hecha por el presidente Luis Guillermo Solís, de impulsar en su gobierno el uso de Internet por tecnologías móviles.

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