Tres funcionarios fueron “investigados” por denunciar que el criterio técnico de esa institución no se incluyó en el informe sobre el agua en Sardinal.
Gran preocupación ha generado la disposición de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) de que la información emanada de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica debe ser conocida por la gerencia de la institución antes que por partes interesadas afuera de la institución, lo cual fue calificado como “desmantelamiento técnico” de la institución por fuentes consultadas por UNIVERSIDAD.
Se trata del criterio técnico de los especialistas de SENARA sobre la presencia y comportamiento de aguas subterráneas en las diversas regiones del país. Esa es información de vital importancia para la perforación de pozos de agua y la eventual construcción, por ejemplo, de proyectos turísticos de envergadura en zonas costeras. La institución por ley tiene personalidad jurídica propia e independencia administrativa.
Nicolás Boeglin, profesor de Derecho de la UCR, explicó que a partir de esa directriz “y la suspensión del acceso público a la base de datos decretada en julio, los usuarios, entidades, investigadores, municipios y demás ya no tenemos acceso a la información técnica directamente suministrada por los técnicos de SENARA”.
Las consecuencias de tales disposiciones ya han sido denunciadas públicamente. En la edición del 12 de agosto de UNIVERSIDAD, Julio Müller, del Grupo Miramar Al Grano, manifestó que esta organización, al igual que el Concejo Municipal de Montes de Oro, Puntarenas, preocupados por la sostenibilidad de un proyecto urbanístico en la zona, denominado Golden Hills, solicitaron al SENARA un estudio hidrogeológico del sitio.
Müller añade que a su grupo se le indicó que no había recursos para hacer el estudio; sin embargo, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica les respondió mediante un informe elaborado por el director, Carlos Romero, y el geólogo Rafael Matamoros, que “el área donde se ubicaría el proyecto podría corresponder a una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación intrínseca de los acuíferos”. El documento se basó en información del archivo nacional de pozos y manantiales de SENARA.
El activista denunció que a pesar de este pronunciamiento, la Municipalidad de Montes Oro recibió otra respuesta por parte de Bernal Soto, Gerente General, en la cual él jerarca afirmaba todo lo contrario: “al no tener a vista información hidrogeológica de carácter científico respaldada por un profesional competente en la materia e incorporado a Colegio de Geólogos de Costa Rica, no le es posible al SENARA emitir de momento criterios técnicos respecto de la posible afectación de las aguas subterráneas en el lugar de los hechos”.
Para Boeglin, este caso “ilustra claramente los riesgos de pasar por una instancia como la Gerencia de SENARA cuando se trata de estudios técnicos que frenan grandes proyectos de altísimo impacto”.
También se buscó la opinión del gerente general de SENARA, Bernardo Soto, sobre las decisiones tomadas, las consecuencias que han conocido los funcionarios y la contradicción en el caso de Miramar, pero se informó que se encontraba de gira fuera de San José el pasado 6 y 7 de agosto. Ante ello se le enviaron las consultas por correo electrónico y al consultársele el pasado lunes 10 si respondería las consultas hechas por UNIVERSIDAD, afirmó que aunque leyó el correo “por encima”, trataría de responderlas. A la hora del cierre de edición no lo había hecho.
SARDINAL, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO
La disposición tiene sus orígenes en anteriores casos, como el del acueducto de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, en el que se “evidenció una diferencia de apreciación entre los estudios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y, por otra parte, los estudios técnicos de lo que antes se llamaba Dirección de Aguas Subterráneas de SENARA, que ahora se llama Dirección de Investigación y Gestión Hídrica”.
Ese cierre de la Dirección de Aguas Subterráneas generó amplia polémica (ver UNIVERSIDAD del 25 de febrero).
Cabe recordar que el caso de Sardinal consiste en la resistencia de la comunidad a la construcción de un acueducto privado, bajo la figura de un fideicomiso, que abastecería con agua de un manto acuífero local grandes proyectos turísticos. Tal posición de los vecinos obedece a la seria preocupación de que las futuras generaciones tengan acceso al recurso hídrico.
En abril pasado, una comisión interinstitucional nombrada por el Gobierno para estudiar el caso, que agrupó a funcionarios de MINAET, SENARA y AyA, presentó un informe final que determinó que el manto acuífero local basta para proveer de agua tanto a la comunidad como a los proyectos privados.
Esa comisión pagó un estudio hidrogeológico privado al ingeniero Günther Schosinsky, en el cual basó sus conclusiones.
Pero, por el contrario, ese estudio privado fue valorado por funcionarios del SENARA, quienes hallaron “una serie de faltantes como el modelo conceptual hidrogeológico y la disponibilidad del recurso agua subterránea”.
En vista de ello, la Dirección de Aguas Subterráneas del SENARA propuso realizar otro estudio, el cual arrojó “datos muy diferentes a lo recomendado por Schosinsky”, pues éste había obtenido un resultado de disponibilidad de agua del manto acuífero de 912 litros por segundo, mientras que el estudio de SENARA apunta que se trata de 177 litros por segundo.
Estos datos fueron entregados a la comisión interinstitucional antes de la reunión en la comunidad de Sardinal el 9 de noviembre del 2008, donde se mencionaron solo los datos del Estudio de Schosinsky, no obstante el análisis del SENARA fue omitido a la comunidad.
Esa cita fue un encuentro de altos funcionarios del Gobierno, como el exjerarca del MINAET, Roberto Dobles, con la comunidad para presentar el llamado informe preliminar de esa comisión gubernamental.
Las implicaciones de ese acto podrían ir más allá, pues los estudios técnicos del SENARA son de carácter vinculante según lo establecido en la ley que lo creó.
¿PERSECUCIÓN?
Tras esos hechos, los funcionarios Carlos Romero, actual Director de Investigación y Gestión Hídrica, Clara Luz Agudelo y Rafael Matamoros, emitieron una carta con fecha del 11 de noviembre dirigida al Roberto Dobles, por entonces jerarca de MINAET, a Bernal Soto, Gerente General de SENARA, y José Miguel Zeledón, Jefe del Departamento de Aguas del MINAET, en la cual afirmaron que “el texto final presentado (en Sardinal, 9 de noviembre 2008) no lo conocemos ni participamos en la redacción de dichos documentos”.
En esa misma carta expresaron su preocupación ante “la eventual responsabilidad penal, civil y administrativa que puede derivar de los resultados de la presentación de la actividad antes citada, sea en forma personal como funcionarios designados para llevar a cabo el trabajo o bien como institución, toda vez que pudiera no resultar coincidente el criterio técnico institucional con los resultados de un informe que desconocemos”.
Esa carta fue conocida en una sesión de la junta directiva de SENARA, realizada el 19 de noviembre del 2008, con la presencia, entre otros, de Dobles, Ricardo Sancho, presidente ejecutivo de AyA, y Jorge Woodbridge, quien funge como Ministro de Competitividad, pero el acta lo consigna como de “Industria y Comercio”.
En ese acto se acordó instruir “a la Gerencia General, entendida como Gerencia y Subgerencia, para que realicen las investigaciones del caso que correspondan y establezcan la responsabilidad de los citados funcionarios al haber llevado a la esfera externa de SENARA de una solicitud que compete resolverla a lo interno de SENARA, saltándose la jerarquía de la Gerencia y Junta Directiva”.
Ello condujo a lo que Boeglin calificó como “un claro intento en diciembre de despedir a los tres funcionarios de ese Departamento de Aguas Subterráneas, lo cual no fructificó por una acción que estas personas interpusieron ante la Defensoría de los Habitantes”.
Se intentó obtener el criterio de Carlos Romero; sin embargo, el funcionario expresó que, por las condiciones propias del puesto que desempeña, tiene impedimento para dar declaraciones.
Luego de esos hechos, en febrero del 2009 se cambió de nombre de Dirección de Aguas Subterráneas a Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. En junio se emitió la polémica directriz que obliga a los técnicos a canalizar toda la información a través de la gerencia.
En opinión de Boeglin: “los impedimentos que la misma Junta Directiva ha acordado imponer son algo que ya varias personas, organizaciones no gubernamentales e instituciones hemos denunciado”, pues esas acciones constituyen “un velado proceso de desmantelamiento del equipo técnico de SENARA, sus atribuciones y personeros”.
