La polémica se encendió alrededor del proyecto de ley para la “modernización y fortalecimiento” de las empresas públicas municipales,  que tramita la Comisión Permanente Especial sobre Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa con el expediente Nº 17.466.

La iniciativa sería el “Caballo de Troya” de que se está valiendo el Gobierno y el Partido Liberación Nacional (PLN) para lograr la apertura y privatización del mercado eléctrico, que debilitaría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), luego de que los proyectos de apertura eléctrica no han podido avanzar en la Asamblea Legislativa, afirman las organizaciones laborales del ICE y otros sectores.

A su vez, entidades como el Banco Central, la Contraloría General de la República (CGR) y la presidencia ejecutiva del ICE, entre otras, han objetado o advertido problemas de la iniciativa de ley, que amplía el campo de acción de las empresas municipales (EM) en la prestación de los servicios de electricidad, telecomunicaciones, agua y otros.

Como beneficiarias del proyecto aparecen la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima (ESPH), y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC).

Pese a todos los criterios negativos que han recibido, los diputados del PLN, Movimiento Libertario y del Partido Unidad Social Cristiana continúan tratando de aprobar el proyecto, obedeciendo a presiones políticas, así como a intereses particulares sobre dichas empresas, las cuales se pretenden seguir manejando como un botín político y no como empresas manejadas profesionalmente con criterios técnicos, afirmó el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE en un comunicado.

Según se expone en el proyecto, el objetivo de la ley propuesta es fortalecer y modernizar las empresas  públicas propiedad de las municipalidades, creadas para solucionar  problemas de los servicios públicos y los relacionados o conexos.

En particular busca fortalecer a la ESPH y la JASEC, así como complementar la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional. Esto con el fin de dotar a las EM de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias para que continúen  con la prestación y comercialización de productos y servicios de electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos, alcantarillado sanitario y otros.

Erick Rojas, gerente general del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación (CONELECTRICAS),  dijo que no están en contra del proyecto, porque saben que las municipalidades están haciendo un gran esfuerzo por mejorar su ley, pero hay elementos de la propuesta que preocupan. Puede ser una iniciativa más para tratar de abrir el sector eléctrico y cambiar el modelo que ha sido exitoso por muchos años, y que, como es sabido, algunos intereses quieren cambiar.

“Sentimos que esta es una iniciativa más para hacer pequeñas  aperturas a nivel municipal, como lo han hecho en otros países, donde han utilizado esa estrategia. Eso nos preocupa porque creemos que al final al que se viene a afectar es al usuario”, expresó Rojas.

Entre los aspectos negativos del proyecto señaló que se les permite a las EM dar servicios en otros sectores que no son los que abarca el cantón, y hay que recordar que las empresas municipales son entidades relacionadas con las municipalidades.

Otra preocupación es que no está claro cómo es que se pretende crear empresas mixtas entre EM con otras que son privadas, que son muy distintas porque son lucrativas.

Las EM tienen beneficios públicos, como exoneraciones de impuestos, mientras que las privadas no los tienen, y entonces son beneficios que podrían ser trasladados a esas empresas poniendo en riesgo a otras empresas, comentó, entre otros aspectos.

MODELO

Las organizaciones laborales del ICE aglutinadas en el Frente Interno de los Trabajadores (FIT), por su parte, han manifestado su oposición a un proyecto que –afirman-  promueve la apertura, cambia modelo que el país ha logrado desarrollar con gran esfuerzo en 60 años, y debilita al ICE y a las cooperativas de desarrollo eléctrico rural.

El proyecto promueve una privatización disfrazada a través de la creación de empresas mixtas con empresas privadas, y extiende las competencias de las EM a todo el territorio nacional con actividades  nuevas y excesivas, lo cual producirá conflictos con otros entes públicos y las cooperativas de electrificación.

Además desvirtúa el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la planificación eléctrica centralizada en el ICE, cuando se pueden desarrollar proyectos que no nacen del Plan de Expansión, y no necesariamente responden a las necesidades identificadas para satisfacer la demanda nacional, ni a una explotación racional y optimizada de los recursos naturales nacionales, añaden entre otros cuestionamientos.

La presidenta de la Comisión legislativa, Siany Villalobos (Partido Liberación Nacional), consideró, por el contrario, que la iniciativa es positiva, pues lo que busca es permitirles a las empresas municipales poder desarrollarse en las nuevas condiciones de apertura a la competencia (ver recuadro “Para que puedan competir”).

Desde la oposición, la diputada Yolanda Acuña (Partido Acción Ciudadana) señaló que la semana trasanterior se presentó un texto sustitutivo del proyecto, en el cual no se incorporan los señalamientos de instancias como la CGR.

Por ejemplo, la CGR señaló que el proyecto incorpora cambios en materia de contratación administrativa, así como nuevas  formas de asociación y de gestión pública o privada en la prestación de servicios y de productos de telecomunicaciones, electricidad, recurso hídrico y otros. Las medidas propuestas implican cambios en los modelos de regulación de una serie de servicios,  y algunos se desregulan. Asimismo, a las empresas se les exime de algunos controles en materia fiscal y financiera, y se les exonera del pago de tributos.

A la vez, no se hace distinción de la naturaleza jurídica de ESPH, ni de la JASEC, siendo que la primera es una sociedad anónima, de propiedad pública, y la segunda una empresa pública no estatal, pero en este proyecto se les trata de manera igualitaria, mencionó en otros aspectos la diputada.

La  ESPH fue creada en marzo de 1976 y la JASEC en julio de 1964, en este caso al calor de protestas populares por el mal servicio eléctrico.

Las EM se crearon para ayudar a la municipalidad en la prestación de  servicios a nivel local, no para los negocios; pero ahora se pretende trasladar su actividad a otros ámbitos, con lo que se propician futuros choques con entidades de competencia nacional, como el ICE y el AyA, apuntó un funcionario gubernamental crítico del proyecto.

Para que puedan competir

La diputada Siany Villalobos aseguró que el proyecto es positivo, y  lo único que se está buscando es que las EM no queden en desventaja cuando en el país se habla de una competencia totalmente abierta.

“Aquí no estamos hablando de romper esquemas ni mucho menos, porque parece que no se han leído el Código Municipal, que en el artículo 3 es muy claro, que eso lo pueden hacer por medio de asociaciones con empresas mixtas. No sé por qué están tan congestionados (los opositores), me parece que es que no conocen el Código Municipal”, dijo.

¿No se crean conflictos de competencia entre la municipalidad y otros organismos de alcance nacional?

-Ese es el error más grande y por eso refiero al artículo 3 del Código Municipal. Cada cantón tiene una jurisdicción integrada en la Constitución Política. Pero las empresas que son municipales pueden ser cantonales, regionales y nacionales, está en el artículo, eso no es ninguna novedad desde 1998.

¿A través de alianzas con empresas privadas?

-Por supuesto.  Y no quiere decir que automáticamente se van a extender a nivel nacional si no tienen los debidos procesos, licencias, la debida “asociatividad”. Es lo que andamos buscando, y por supuesto las empresas mixtas en las municipalidades, para que no sigamos en aquellos años en que teníamos que buscar transnacionales o empresas de afuera para que vinieran a unirse. Ahora más bien son las municipalidades para que puedan unirse.

¿Y las empresas privadas asociadas a la municipalidad no van a tener ciertas ventajas sobre las otras?

-No se por qué se refieren a ese tema, me gustaría que me digan si el ICE no está incorporado cuando hablamos de (el proyecto hidroeléctrico) Toro Amarillo y todo eso, donde están asociados con otras instituciones. Esto no es más que ponerlas (a las EM) en igualdad de condiciones, porque no podemos dejar a las EM que se nos mueran cuando estamos ante la apertura de la competencia.