La decisión del Gobierno de Laura Chinchilla de destinar $200 millones (¢100.000 millones) de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que las municipalidades inviertan en la red vial, hace temer a sectores que el dinero pueda ser usado como plataforma de la próxima campaña electoral oficialista.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que informes en poder de la organización indican que la coordinación política de los delegados en las comunidades (que antes dependían de la Presidencia de la República), ahora está en el Ministerio de Descentralización.

“Tenemos mucha preocupación en el sentido de que semejante cantidad de dinero pudiera ser utilizada para catapultar una candidatura presidencial determinada, considerando que esos fondos son para la red vial cantonal que van a ser manejados desde los municipios, con incidencia directa del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), pues desaparecen lo que antes  se llamaban los consejos viales cantonales”.

En alusión a las pretensiones presidenciales del exministro de la Presidencia Rodrigo Arias para las elecciones del 2014, Vargas comentó que es obvia la gran incidencia que el hermano del exmandatario Óscar Arias tiene “en un segmento importantísimo de los alcaldes de este país, tal y como quedó demostrado en la campaña que llevó a muchos de ellos a las alcaldías; eso es público y notorio”.

El diputado José María Villalta dijo que no le extrañaría que intenten usar esos fondos para campañas políticas,  aunque no tendría que ser así, porque es una plata a la que tienen derecho las municipalidades, según se había acordado en el gobierno anterior con la aprobación del convenio marco con el BID, que concedió un crédito de $850 millones, incluidos los fondos para la red vial cantonal.

No obstante, señaló que cuando llegó a la Asamblea Legislativa el primer proyecto específico de ejecución de ese plan acordado con el BID -con fondos que se destinaron al CONAVI para la carretera a San Carlos y otras obras-, se le metieron reformas al convenio que les quitaron poder a las municipalidades sobre la decisión de cómo se van a administrar los recursos.

Con ello se fortaleció el control centralizado de los fondos, lo que es un sinsentido. “Por ahí podría estar el portillo para darle más injerencia política al gobierno central para intervenir en el  manejo de los dineros”, comentó Villalta, legislador del Frente Amplio.

Cabe recordar que el año pasado, al inicio del actual gobierno, se anunció la eliminación de cerca de un centenar de delegados presidenciales, figura que había sido creada durante la anterior administración de Óscar Arias en los años 80, y que actuaban como operadores político-electorales del oficialismo en las comunidades.

En esa ocasión, la Presidencia decidió que la mitad del presupuesto destinado a los delegados (cerca de ¢600 millones) se trasladaría al IFAM, donde luego se dijo que contrataría a “delegados especiales” que asesoraran a las municipalidades en temas específicos, como recaudación de impuestos y planes reguladores.

El diputado Fabio Molina, presidente de la comisión legislativa sobre asuntos municipales y expresidente del IFAM, calificó de “conjeturas que se caen por su propio peso”, los comentarios de algunas personas sobre la posible utilización de los fondos en una campaña de Arias (ver recuadro “Los municipios serán instituciones ejemplares”).

La comisión de asuntos municipales que preside Molina inició la discusión de un proyecto que el Gobierno envió la semana pasada para ser aprobado en el Congreso, a fin de transferir a los municipios la competencia sobre las rutas cantonales.

Esa iniciativa incluye un contrato de préstamo con el BID por $60 millones y una contrapartida nacional de $15 millones, para financiar la primera etapa del llamado programa de red vial cantonal (PRVC). Esta y una segunda etapa del plan, por un monto de $140 millones, están previstas para ejecutarse este año y el próximo.

Con el proyecto, el Gobierno de Laura Chinchilla busca cumplir con una reforma constitucional aprobada en el 2001, y con la Ley general de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades aprobada en el 2010, al final de la administración de Óscar Arias. La ley obliga a pasar competencias a los gobiernos locales y el 1.5% del presupuesto anual en forma acumulativa, hasta completar el 10% del presupuesto nacional.

No obstante, esta ley fue impugnada por una acción de inconstitucional presentada por Jorge Woodbridge, ministro de competitividad en el pasado gobierno. El pasado 24 de febrero la Sala Constitucional admitió la acción para su trámite.

Entre otros puntos, el accionante alegó que en las leyes de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a los entes municipales no puede transferirse la prestación ni la gestión de servicios con carácter nacionales o regionales.

También, que la competencia constitucionalmente garantizada a las municipalidades, es la administración de los intereses y servicios locales, y no la administración de intereses y servicios de ámbito nacional o regional.

Sin tener garantizados los recursos para hacerlo, el Gobierno de Laura Chinchilla se comprometió el mes pasado a transferir en siete años el 10% del presupuesto nacional que ordena la ley.

Para cubrir el aporte de los dos primeros años, acudió al crédito con el BID; el dinero para los años siguientes dependerá de una mejoría en la recaudación de impuestos, para lo cual el Gobierno tiene las esperanzas puestas en una reforma fiscal que está impulsando en el Congreso, donde el plan ha topado con cuestionamientos de los diversos sectores.

MECANISMO

Consultado el Ministro de Descentralización y a la vez presidente ejecutivo del IFAM, Juan Marín, acerca del mecanismo que se empleará para manejar los fondos del PRVC, dijo que está previsto que sea la Unidad de Gestión Vial Municipal que ya existe en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y que esta pase por dos años al IFAM mientras se define el mecanismo definitivo.

Preguntado sobre la crítica que se hace de que se pretende crear un Patronato Nacional de Obras que concentraría decisiones en vez de dejárselas a las municipalidades y duplicaría funciones del IFAM, respondió que “en algún momento se planteó que la unidad fuera parte del IFAM;  pero, posteriormente surgió la idea de crear un Patronato Nacional de Obras”; esto es algo que deberá ver la comisión legislativa de asuntos municipales, “donde me parece que mucha de la propuesta que hay es que sea absorbido por el IFAM.”

En cuanto a la asesoría que reciben los municipios para elevar sus capacidades, dijo que actualmente se está consensuando con los alcaldes y viceministros un plan de acciones coordinadas de fortalecimiento municipal, cuyos ejes estratégicos tienen que ver con capacitación, infraestructura, medio ambiente, ordenamiento territorial y gobierno digital entre otros.

Ya se está desarrollando un plan de capacitación con 120 funcionarios del IFAM que se han distribuido en seis regiones del país, para trabajar con los alcaldes, concejales de distrito y con las comisiones de planes reguladores, afirmó.

Municipios serán instituciones ejemplares

Defensor a ultranza del proceso para dotar de recursos y competencias a los municipios, el diputado Fabio Molina enfatizó que “descentralizar es democratizar”, al contradecir los argumentos de los “centralistas” que consideran que las municipalidades no están en capacidad de asumir nuevas funciones.

Según Molina, “por falta de información la gente dice que las municipalidades no sirven. Eso lo sacan de que las municipalidades no ejecutan presupuestos, pero si uno ve los informes de la Contraloría General de la República, se da cuenta que los más altos índices de falta de ejecución de presupuesto los tienen en el sector público -en primer lugar- las instituciones autónomas, luego los ministerios, y en tercer lugar las municipalidades. Entonces, si aceptamos que ese es el orden de ineficiencia de las instituciones, nos damos cuenta que las municipalidades son más eficientes”, comentó.

Añadió que,  sin embargo, sería injusto no señalar que el problema de falta de ejecución de presupuesto y que provoca los superávit se debe a una pésima ley de contratación administrativa. Por ello, presentará una ley que  va a permitirle al sector público hacer en seis meses todo el proceso de contratación.

¿Por qué las entidades del sector público no ejecutan los presupuestos? Porque el empresario privado tiene la facultad de apelar una y otras vez y esa es la causa de la inejecución de presupuestos, consideró Molina.

Por otro lado, aseguró que las municipalidades han evolucionado mucho profesionalizando su recurso humano y esto es constatable. Este año el mejor gobierno digital (plataforma para acceder a información y realizar trámites por Internet) va a ser el de las municipalidades, con una administración integrada, sumado a que la mejor capacitación en el sector público la están recibiendo las comunidades desde el Instituto de Capacitación Municipal de la Universidad Estatal a Distancia, aseveró.

“Así es que yo me atrevo a afirmar que en muy pocos años las municipalidades van a ser las instituciones ejemplares del sector público. Descentralizar es distribuir el poder geográficamente, para que llegue a todas las zonas del país y se active la participación ciudadana. Entonces, vamos a hacer una Costa Rica más democrática con la descentralización, y conforme funcionen efectivamente las municipalidades, la gente irá perdiendo sus temores”, agregó.

La ley de transferencia que se empieza a ver en la comisión legislativa de asuntos municipales,  se complementa con el expediente 18.003, que es el proyecto de préstamo con el BID por $200 millones a favor de las rutas cantonales de las municipalidades. El proyecto define cuánto es el dinero que le corresponde a cada uno de los cantones del país. Los proyectos en cada cantón se están diseñando para ser licitados, y agotados estos créditos le corresponde al Poder Ejecutivo incluir en el presupuesto el 1.5% de la primera ley, que es una suma cercana a ¢45.000 millones y que el Ministerio de Hacienda está en capacidad de asumir, consideró.

Al legislador, reconocido como un fiel “arista”, se le preguntó si este plan de financiamiento va a servir como plataforma territorial de la campaña de Rodrigo Arias para el 2014, a lo que respondió que hay muchas conjeturas en relación con Rodrigo Arias y en este tema.

“Lo cierto es que lo que estamos haciendo aquí es cumplir con el artículo 170 de la Constitución Política aprobado en el año 2001. Algo que se dio en el 2001 no podía prever la coyuntura política del 2014. Los diputados que aprobaron la ley anterior de transferencia de competencias en el 2010, de todos los partidos políticos,  tampoco estaban pensando en el 2014 y las circunstancias políticas no van a beneficiar ni perjudicar a uno u otro. Todo lo contrario, hoy el Poder Ejecutivo está 100% en manos de Liberación Nacional y las municipalidades apenas el 70%. Más bien a los liberacionistas nos sirve más que siga el centralismo, porque ahí tenemos pleno control. Con la descentralización se van a favorecer también los partidos que han elegido alcaldes: la Unidad Social Cristiana, Movimiento libertario, el PAC, el PASE y otros partidos minoritarios. Es más: Liberación Nacional no es mayoría ni siquiera en el 50% de los concejos municipales del país, así que esa conjetura cae por su propio peso”.